El referendo impulsado por Cameron en el Reino Unido deja lecciones interesantes para las naciones del mundo y sus líderes. Lo primero es que ni la Constitución, ni la ley ni el pueblo habían exigido que la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE) fuera resuelta en las urnas. El Primer Ministro no tenía obligación de convocar un referendo. En esa monarquía parlamentaria la soberanía reposa en el Parlamento y no en el pueblo. Convocarlo fue un acto irresponsable y sin sentido. Más que un asunto de interés nacional, se trató de una cuestión partidista: Cameron pretendió zanjar un debate al interior de su partido. Convencido de que los ciudadanos apoyarían mayoritariamente la permanencia en la UE destapó la caja de Pandora, hizo una apuesta peligrosa y se quemó. Quedó en evidencia su falta de cálculo político; luego dimitió, y aunque anunció que hará lo que esté a su alcance para estabilizar al Reino Unido, lo ha dejado sumido en una de las situaciones más complejas que ha tenido que lidiar desde que tuviera que decidir cómo enfrentar a Hitler y al nacionalsocialismo.
El resultado del referendo no ha surtido efectos jurídicos para la UE, pues ni el Gobierno ni el Parlamento han invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa que regula el procedimiento de retiro.
Paradójicamente, aquellos que apostaron por la salida tampoco pensaron que pudieran ganar y no diseñaron un plan post-‘brexit’.
A pesar de la falta de poder vinculante de la decisión del pueblo, lo sucedido sí ha producido impactos negativos. La pérdida de confianza en la economía británica, manifestada en la menor calificación hacia la inversión dada por Standard and Poor’s, las amenazas a la estabilidad financiera y el trato displicente recibido por sus representantes en las distintas instancias de la UE son algunos de los efectos perversos de la incertidumbre que ha dejado el referendo. Europa clama una definición y una acción oficial del Gobierno británico para proceder con el rigor que ordena la normativa europea; en el Reino Unido, Gales e Irlanda, que no estuvieron de acuerdo con el ‘brexit’, preparan nuevos referendos, pero esta vez para dejar de formar parte del Reino Unido y poder ser considerados Estados independientes, miembros del UE; Inglaterra es testigo de multitudinarias marchas de ciudadanos que piden desconocer el resultado del referendo, y desde la perspectiva del liderazgo del proceso que debe surtirse, no es claro quién sucederá a Cameron y al parecer solo se sabrá en septiembre. Será difícil encontrar quien esté dispuesto a pasar a la historia como el Primer Ministro que separó irremediablemente al Reino Unido de Europa.
El caso del Reino Unido es ejemplo de que apelar al pueblo para decidir asuntos trascendentales no puede hacerse de manera irresponsable. Menos si no se hace por mandato constitucional o legal. La voz popular será siempre bienvenida; es necesaria y deseable en regímenes democráticos y participativos, pero el pueblo no puede usarse como parapeto para zanjar disputas partidistas disfrazadas de asuntos de interés nacional, a sabiendas de que cualquiera sea el resultado, la nación quedará en un limbo peligroso.
Cuando los líderes tienen el convencimiento, la legitimidad y cuentan con la facultad constitucional para hacerlo, deben proceder con firmeza a implementar eso que consideran positivo. Entregar la decisión al pueblo equivale a lavarse las manos o, lo que es peor, a no asumir la responsabilidad de sus actos. Permitir que los ciudadanos decidan cuando no están llamados para hacerlo, muestra la debilidad del gobernante y no, como algunos dirán, la solidez de una democracia.
Cluadia Dangond
@cdangond
