El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró, en primera instancia, la nulidad de la elección de Jairo Antonio Molina de Arco como alcalde del municipio de Plato para el periodo 2016 - 2019 y ordenó a la Organización Electoral que proceda a dictar los actos y a tomar las medidas necesarias para repetir las elecciones en este municipio.
La decisión fue tomada luego de que la demandante Laura Vanessa Zambrano Mendinueta argumentó en que el 24 de octubre de 2015, en horas de la tarde, algunos habitantes de Plato protagonizaron disturbios en las instalaciones de la Registraduría Municipal, por su inconformismo por presuntas irregularidades, lo que requirió la presencia del Esmad y la Fuerza Pública, quienes custodiaron la sede.
La situación duró hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, antes del inicio de la jornada electoral, también hubo disturbios en varios puestos de votación, con destrucción del material electoral y daños que impidieron iniciar los comicios a la hora prevista.
A las 12:30 p.m., fue garantizado el orden público y las autoridades locales autorizaron la iniciación de las votaciones, luego de la realización de un consejo de seguridad.
“Las autoridades locales no tuvieron en cuenta las cuatro horas en las que los ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto, además del material electoral robado y destruido; lo que conllevó a que de 110 mesas (84 en el casco urbano y 26 en el área rural) solo 61 funcionaran, de las cuales 35 se encontraban en el área urbana”, dijo la demandante.
Agregó que de 38.623 personas aptas para votar (7.160 en el área rural y 31.463 en el área urbana) solo lo hicieron 4.788 en el área rural y 4.916 en la zona urbana, de lo que se infiere que a 26.547 ciudadanos del área rural que equivalen aproximadamente al 84,38 por ciento, se les vulneró su derecho al voto.
El Tribunal pudo comprobar, con base en el informe remitido por parte de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Magdalena, que los actos de violencia sobre las autoridades electorales impidieron el funcionamiento de 39 mesas, que corresponden a 14.040 ciudadanos aptos para votar, es decir, al 36,35 por ciento de los 38.623 inscritos en el censo electoral a los que se les afectó el derecho al voto. Cifra que aumenta en la medida en que se tenga en cuenta la abstención atípica de quienes estaban habilitados para votar en las demás mesas y no tuvieron el tiempo previsto en la ley para poder hacerlo.
Estas razones, a juicio del Tribunal, son suficientes para declarar la nulidad de la elección demandada y ordenar repetir comicios.
SANTA MARTA