Decía Benjamín Franklin que la muerte y los impuestos son las dos únicas cosas ciertas en la vida. La expresión, aunque célebre, parece quedarse corta a la luz de las tesis de Keynes, según las cuales hay un elemento –distinto a la muerte y a los impuestos– igualmente difícil de evitar: los ciclos económicos. Y es este factor el que hoy explica por qué el decaimiento de la renta petrolera podría entenderse como el fin de un ciclo que, a fuerza de necesidades, ha obligado al país a hablar el lenguaje de una ‘nueva economía’.
Es cierto: los tiempos en que las finanzas domésticas se sustentaban con los dividendos del petróleo quedaron atrás. Pero también es verdad que el Gobierno le está apuntando –más allá de las críticas o los aplausos– al fortalecimiento de la industria, el turismo y el agro, precisamente, para contrarrestar los efectos del desplome petrolero.
Lo anterior, en pocas palabras, es lo que el ministro Cárdenas ha acuñado con el término de la ‘nueva economía’. En principio, el asunto bien podría asimilarse como una transición que a ojos de cualquier inversionista, sobre todo de origen extranjero, resultaría atractiva. Ahora, hacer de esta política un éxito no parece sencillo cuando la inestabilidad jurídica se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del país. Fundamentalmente, por los desbordados requerimientos fiscales y por la falta de claridad en relación con los trámites que deben adelantar los privados a la hora de ejecutar sus proyectos. Es, ni más ni menos, el equivalente a embarcarse en un juego cuyas reglas no están definidas.
¿No es esto acaso una talanquera lo suficientemente grande como para frenar la llegada de capital local y del exterior? Claro que lo es. De ello puede dar fe el sector de la infraestructura, en donde más de un proyecto se ha visto afectado por los vaivenes jurídicos. Solo hace falta darle una mirada, por mencionar un caso reciente, a lo ocurrido con el puerto de Aguadulce en Buenaventura. Una obra de más de 500 millones de dólares de inversión extranjera y 150 millones de dólares de origen local, cuyas licencias urbanísticas fueron revocadas sin sustento legal por el Alcalde de esa ciudad. Hoy, la continuidad de la iniciativa está en un limbo.
Pero hay más. En la doble calzada Córdoba-Sucre, a cargo de la concesión Autopistas de la Sabana, años después de iniciada su ejecución y al mejor estilo de Macondo, emergió una comunidad sin arraigo ancestral. El asunto no solo desencadenó importantes retrasos en el frente de obra, sino que obligó, mediante un fallo del Tribunal de Sucre, a hacer consultas previas a destiempo. Por la misma situación, los sectores 2 y 3 de la Ruta del Sol también han tenido que librar múltiples batallas en el campo de los tribunales. Y ni hablar de los líos que surgen cuando de gestionar licencias ambientales se trata.
En fin, el listado podría seguir. Por lo pronto, lo que sí queda claro es que, hoy por hoy, al tiempo que el país le apuesta a un nuevo modelo económico, la inestabilidad jurídica sigue enviando un mensaje nefasto a los inversionistas locales y extranjeros. Así las cosas, mientras la incertidumbre legal no pare de rondar los grandes negocios, difícil será robustecer el aparato productivo, como pretende hacerlo el Gobierno.
Ojalá, en línea con los postulados de Franklin y Keynes, no haya que sumarles ahora a la muerte, a los impuestos y a los ciclos económicos el tema de la inseguridad jurídica como una de aquellas cosas inevitables en la vida.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER*
* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
