¿Si gana el no en el plebiscito, el proceso de paz se acaba?

¿Si gana el no en el plebiscito, el proceso de paz se acaba?

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dice que el proceso terminaría sin resultados.

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10 de julio 2016 , 11:18 p.m.

Doctor de la Calle, yo quería empezar esta entrevista expresándole mi gratitud por un trabajo dificíl, ingrato pero indispensable. Se le ve absolutamente agotado. Sin embargo, algunos ciudadanos tenemos unas preguntas sobre el camino escogido. Por ejemplo, la Constitución del 91 está convertida en una colcha de retazos: a sus 25 años le han hecho 41 reformas, remiendos, y faltan los de la paz. ¿Cuántos artículos hay que cambiar para que la Constitución del 91 pueda ser una constitución de paz?

Yo recibo con absoluta humildad las críticas suyas y de muchos otros. Yo sé que tengo que responder a los ciudadanos por lo que he hecho en La Habana y estoy dispuesto a hacerlo, y a respetar a las personas que tienen una visión distinta. Pero yo realmente no soy capaz de imaginarme qué es lo que hay en la Constitución que impida la paz. Todo lo contrario. Y eso se les ha dicho reiteradamente a las Farc. Serán necesarias algún tipo de reformas, sin duda.

¿Cómo cuáles?

En primer lugar está la incorporación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es como una especie de adición transitoria al articulado de la Constitución y los temas que se relacionan con algunos puntos de fondo de tierras de la jurisdicción agraria, pero realmente, por el contrario, lo que me parece a mí es que la Constitución del 91 está aún más viva que nunca en los temas que son esenciales para la consecución de la paz. (Lea también: 'Los jefes de las Farc sí harán política': Humberto de la Calle)

La justicia transicional es una sustitución de la Constitución, una tercera jurisdicción que no cobijará sino a determinadas personas que escoja. Hasta puede cambiar providencias o resoluciones de la justicia ordinaria que no gusten en ese tribunal…

No me parece. Lo que hay es la adición a la Constitución de manera netamente transitoria. Casi todos los acuerdos han terminado así. Con tribunales especiales, como ocurrió en Ruanda, en Yugoslavia, en Sierra Leona...

No somos comparables con Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona. Aquí hay instituciones.

La diferencia es que esta jurisdicción fue acordada por ambas partes en la mesa de La Habana, y ese es un punto que realmente es inédito. Aun con las críticas que hay, y que yo comprendo, sobre el llamado tema de la impunidad, el hecho es que ambas partes encontraron una solución al problema de justicia, que implica sanciones efectivas para los más graves crímenes. Por el contrario, esto es un camino que se abre hacia la paz y que no modifica ni altera la estructura básica de la Constitución.

Se lo pregunto porque usted ayudó a redactar esa Constitución y lo tenemos reputado como uno de sus padres. Y aquí estamos creando una justicia transicional soberana. Y el Estado renuncia al ejercicio de sus atribuciones judiciales y disciplinarias porque no podrá nunca, para ningún efecto, revisar las decisiones de la justicia especializada para la paz, ni las conductas que hayan sido competencia de la jurisdicción que se crea.

La manera de terminar el conflicto es justamente no dejar abierta la puerta para que las personas supuestamente responsables se sorprendan el día de mañana, transcurridos unos años, sea un guerrillero o un militar o un particular, con que le abren una nueva causa. Lo que se trata es de poner fin al conflicto con una cosa juzgada universal. Me parece que eso en ningún modo altera la capacidad del Estado de sancionar, y, al contrario, la reafirma.

Pero, otorgadas las amnistías, la JEP asumirá sus atribuciones judiciales con facultad para anular o modificar las sentencias judiciales y resoluciones disciplinarias o administrativas y fiscales que en cualquier época se hayan dictado, sobre hechos que sean de competencia de la JEP. Eso tiene muy preocupada a la justicia...

Sí, yo estuve reunido con la Corte Suprema de Justicia y, en efecto, ese punto preocupa, pero me parece que hay que entenderlo a cabalidad. Las causales para la revisión son solo dos: la inexistencia del hecho y el error judicial, el error en la tipificación del hecho. La JEP se concibió apelando a unas fuentes de Derecho Penal Internacional Humanitario.

Esa es justamente la razón fundamental por la cual se crea la posibilidad de revisión de las sentencias. Ahora bien, lo que sí es importante es que la tipificación de las causales de revisión tiene que ser hecha con extraordinario cuidado, y me permite esto responder una pregunta que se quedó en el tintero: claro, el tribunal puede dar sus reglamentos para su funcionamiento, pero las normas sustanciales, y entiendo por normas sustanciales incluso las procedimentales que tienen que ver con los derechos de las personas, provienen del pacto de la JEP, que tiene que ser, primero, aprobado por el Congreso, incorporado a la legislación nacional y refrendado por los colombianos. Lo que hay es, al contrario, una abundancia de garantías.

Damos por hecho que Piedad Córdoba recupera sus habilidades políticas, desde luego...

Pues, yo no tengo ninguna manera de predecir el futuro ni de referirme a actos particulares.

¿Una persona condenada puede acudir a la JEP para decir: vengo a contar lo que no conté antes y a que me anulen o rebajen el castigo?

No. La JEP es un elemento de justicia transicional que tiene un tribunal ad-hoc. La JEP asume la totalidad de las causas derivadas del conflicto y las resuelve, brindando seguridad jurídica a todos los actores; acondiciona la tipificación internacional a las normas nacionales, y se abre la posibilidad, mediante causales estrictas, de revisar posibles errores judiciales. La JEP puede reacondicionar la tipificación de los delitos con carácter internacional para llevarlos a la tipificación nacional. Pero lo que no podemos perder de vista es el propósito central de esto: lo que se busca es, primero, paz. Segundo, paz sin impunidad. Tercero, paz que les brinde seguridad jurídica a todos para terminar el conflicto. Aprovecho para decir que, para mí, la justicia transicional no es menos justicia ni es un sapo que haya que tragarse, es una decisión que permite superar graves violaciones de los derechos humanos para que impere a plenitud el Estado de derecho. (Vea aquí: 'No habrá ningún despeje': Humberto de la Calle)

Parece que se acabó el delito de narcotráfico en Colombia si se declara conexo con el político…

La JEP aplicará la ley de amnistía, que tendrá los criterios incluyentes y excluyentes que han sido pactados ya en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los criterios incluyentes, es cierto, incluyen todo aquello que busca favorecer la rebelión, la empresa armada rebelde, y allí está el ocultamiento, la financiación, etcétera. Pero también dice de manera muy clara que el delito común no es amnistiable. El narcotráfico es un delito común. Lo único que podría pasar, y lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia, es que algunos elementos o eslabones del delito común, si estuvieron exclusivamente dirigidos en pro de la rebelión, pueden tener un tratamiento distinto. Pero, aprovecho para señalar algo que se ha dicho de manera reiterada y que es falso: en la JEP no se ha dicho que el narcotráfico es delito político, no es cierto. Dice que hay unos criterios incluyentes y otros excluyentes y que eso lo resuelve una ley del Congreso. ¿Puede haber mayor garantía que esa?

¿Usted me garantiza que para allá no vamos?

Lo que han hecho las Farc es entregar al Congreso la facultad de dictar una ley de amnistía, sobre la base de que responde por delitos no amnistiables, cosa que jamás ocurrió en el pasado. Repito, hablar de amnistía no modifica la idea de que los delitos más graves serán sancionados por la justicia transicional.

Estamos celebrando el cumpleaños de la Constitución del 91. Por ejemplo, ¿usted qué opina de la exaltación del acuerdo final de paz como parámetro de evaluación de la constitucionalidad de la Constitución?, perdón por la redundancia. ¿No es una burla al derecho y un fraude al concepto mismo de control de la Constitución?

Bueno, primero, nunca se puede olvidar que lo que estamos viendo ante la jurisdicción especial es una adición totalmente transitoria y transicional para terminar un conflicto. Esa adición no modifica la estructura de la Constitución.

El jefe negociador asegura que ha habido naturales discusiones con los demás delegados del Gobierno, pero el avance ha sido siempre positivo. / Foto: EFE.

No es poco ni anecdótico lo que hay que cambiar para que quepan las Farc…

Claro, porque un acuerdo conduce a puntos de encuentro, algunos de los cuales tienen que ser vertidos en la norma. El problema es cómo se llevan a la norma, y para allá iba. Porque ahí sí que ha habido un reciente sofisma realmente asombroso. La posición inicial de las Farc era que un acuerdo especial ingresaba automáticamente al bloque de constitucionalidad. A eso fue a lo que nos opusimos. (Lea: En los 25 años de la Constitución)

Perdón, el doctor Jaime Castro tiene la prueba de que las Farc llevaron el acuerdo desde el 9 de noviembre del 2012 a la Cruz Roja, y ahora aparece textualmente dictado desde La Habana al Congreso.

La incorporación al régimen jurídico y su conversión en parámetro de constitucionalidad depende de que lo apruebe el Congreso, lo revise la Corte Constitucional y lo vote el pueblo. ¿Puede haber mayor nivel de garantías?

Pero, doctor de la Calle, lo vota el pueblo con un umbral tramposo, bajito, que no es el umbral que usted fijó en el Constitución del 91 para que hubiera un grupo de colombianos representativo de la voluntad popular.

Antes de responder esto, déjeme refererime a la columna del doctor Jaime Castro. No tiene ninguna gracia, perdón, haber descubierto que las Farc mandaron esto desde el 2012. Por favor. Yo tengo aquí la colección de las oportunidades, innumerables, en que las Farc públicamente han dicho que ellos consideran o aspiran a que se incorpore como acuerdo especial. Se presenta como si fuera una actividad detectivesca.

¿Y no lo es? Porque no nos lo cuentan, no lo descubrimos…

Todo lo contrario. Es más, a raíz de eso, el Gobierno pidió una opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en ese momento mantenía la tesis de acuerdos especiales de carácter muy limitado. Lo que no se puede perder de vista es que en el parágrafo 500 de la versión del CICR sobre acuerdos especiales, producida en marzo de este año, claramente se dice que el propósito de un acuerdo especial puede incluir acuerdos de paz. Luego, esa es una versión extraordinariamente respetable. Porque pese a que existe esa ampliación del radar de los acuerdos especiales, el Gobierno insistió y logró –y esa no era la posición de las Farc– que esto fuera primero votado en el Congreso, revisado por la Corte y luego refrendado. Luego, al contrario, me parece que la visión del doctor Castro, y lo digo con el inmenso respeto que le tengo, es absolutamente equivocada.

¿A usted no le da miedo instaurar la precaria democracia plebiscitaria del 13 por ciento como instrumento de los gobiernos futuros, o cree que ese instrumento realmente se mantendrá dentro del límite una vez y no más?

Sobre el tema del umbral, hay una discusión que es bastante abstracta y aritmética. Pero el 25 por ciento de participación es equivalente al 13 por ciento de voto positivo, eso lo ha dicho el doctor Uprimny, pero me parece que son pequeños detalles. Lo que me parece que es fundamental es que la gente va poder votar y tomar su decisión. Le voy a hacer una predicción: esta discusión sobre el umbral va a perder todo interés porque mi predicción es que va a haber una enorme cantidad de votos. Si nos equivocamos, pues entonces perdimos el año, y si gana el no, pues hemos perdido, entre comillas, “cuatro años de nuestra vida”. Pero lo esencial es que estamos frente a un acuerdo en el que ambas partes dijeron ‘esto tiene que ser refrendado’. No hubiera sido necesario hacerlo así. Y ahí exalto yo al presidente Santos. Eso, al contrario, es una enorme garantía.

Pero, doctor de la Calle, se discute incluso que la pregunta no puede ser sobre la paz porque es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento. Entonces se va a discutir es el acuerdo de La Habana. ¿Qué pasa si el Gobierno pierde?

Correcto. Pero, sobre lo primero, yo francamente no quiero ser agresivo, pero ese es uno de los argumentos más extraños que yo oí. ¿Quién va a ser aquel que pregunte simplemente a los colombianos: quiere la paz o no? Eso es como el amor de la madre. Lo que hay que preguntar es si el método y las características de lo discutido en La Habana debe ser aprobado por los colombianos o no.

¿Si hay un no, se acaba el proceso o se modifica?

En mi opinión, hay dos elementos centrales: la realidad es que el Presidente de la República ha dicho: si el pueblo dice no, se terminó el proceso y no produjo resultados… (Además: 'Reconciliación no es borrón y cuenta nueva': Ingrid Betancourt)

¿Pero usted está de acuerdo con eso, después de cuatro años de haber sacrificado tanta vida útil en eso?

El único funcionario competente para abrir o continuar un proceso de paz es el Presidente de la República.

¿En lugar de acabar con el proceso, por qué no le corregimos algunas cosas? Le voy a hacer la primera crítica: que las Farc hayan sido parte igual al Estado colombiano, con diez mil tipos y cinco mil milicianos que han sido tratados como otro Estado. ¿Eso no fue un error desde el primer momento?

En mi opinión, no, por lo siguiente: las reglas de la mesa, como debe ser para que haya diálogo, implicaban oportunidades iguales para todos. No había un presidente de la mesa. De alguna manera yo ejercía y he ejercido un poco en esa dirección, pero sobre la base de mantener las garantías para que las Farc puedan hablar, controvertir. Se trata de una mesa en que hay igualdad de oportunidades procedimentales. Pero nunca se sacrificó la supremacía y el trono moral del Estado colombiano, y eso quedó clarísimo en lo acordado.

Ellos juegan con la institucionalidad y las instituciones. A veces les gusta la institucionalidad, por ejemplo cuando dicen que aprueban el plebiscito de la Corte Constitucional, pero se han hecho fundar una justicia alternativa solo para ellos, que no es para el resto de colombianos, de los de ruana, como decíamos antes.

No. No. Primero, la justicia transicional es para todos los responsables porque es el fin del conflicto.

Sí, pero y los que no somos responsables…

No tenemos que ir a la justicia transicional, como tampoco tenemos que ir seguramente a un juzgado de Paloquemao. Los inocentes no tienen nada que ver con esto. Pero lo que no se puede perder de vista es que esta es una solución para conseguir el fin del conflicto, para que nuestros nietos puedan mirar la cara de la paz. Y claro, en una mesa hay posiciones encontradas. La mesa no era un instrumento para rendir a la guerrilla, sino para discutir un acuerdo, por lo tanto hay una igualdad funcional, pero jamás una igualdad conceptual. Y yo sí quiero retar a cualquiera a que lea los acuerdos que ya están publicados y me diga una sola parábola o frase donde hayamos ofendido el Estado de derecho...

Pues sí, la Jurisdicción Especial para la Paz es una ofensa. La Corte Suprema le manifestó al Presidente que está ofendida.

Quiero insistir en que la jurisdicción especial, que es netamente transitoria, no es una supresión de la Constitución, es una adición temporal.

No es transitoria. No es transitoria porque va a quedar con un motor para prenderse cada vez que haya algo que mortifique a alguien en relación con el tratado de paz.

No, perdone. Es expresamente para el grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, referido directamente a las Farc. No, no es así. Es una justicia netamente temporal ad-hoc que liquide el conflicto, y que no perturba las competencias ordinarias de la justicia tradicional. (Lea aquí: Las frases más contundentes del discurso de Humberto de la Calle)

Cuando Belisario Betancur, fueron a votación las Farc sin pedir que les decretaran curules gratis. Eligieron 17 congresistas, entre ellos a ‘Iván Márquez’. ¿Por qué había que concederles todas estas prebendas a estos señores en este proceso?

¿Pero, cuáles prebendas? No sé porque hasta ahora no se ha acordado ninguna forma de participación concreta de las Farc en el Congreso.

Pero, les han cuadrado una justicia especial, perdón. ¿Qué más prebenda que esa? Cuando el río suena… ¿El sistema aplicado a los miembros de la Fuerza Pública y los particulares será el mismo que para las Farc?

Ese régimen, ideado por el doctor Yesid Reyes, y el propio Presidente de la República lo anunció, dice claramente que es simétrico y equitativo. Naturalmente que hay determinadas diferencias, pero, en esencia, la solución sustancial es igual para todos los responsables. Y produce la misma certidumbre jurídica para todos. Esa es la razón por la cual hay cosa juzgada universal.

Duplicaron las Farc el área de cultivos y simultáneamente el dólar se subió. Muy atractivo para quedarse en el negocio. ¿Cuál es el acuerdo preciso que hay con las Farc para que no se reciclen en el narcotráfico?

El acuerdo preciso dice varias cosas. El punto cuarto de la agenda sobre narcotráfico establece claramente que las Farc romperán sus vínculos con la actividad del narcotráfico, lo dice de manera expresa e indudable. Y en segundo lugar agrega que tendrán que cooperar con el Estado para la superación de ese conflicto. De hecho, ayer comenzó un plan piloto de sustitución de cultivos, donde las Farc tomarán la decisión y anunciarán en concreto que apoyan los acuerdos que logre el Gobierno con la comunidad. En segundo lugar, el pacto firmado incluye la reparación material de las Farc o de cualquier otro responsable por las violaciones que haya cometido.

¿Habrá reparación a las víctimas?

Una de las funciones de la justicia transicional en cada sentencia es establecer, sobre cada uno de los condenados, cómo va a reparar materialmente a las víctimas, lo cual también tiene un sentido extraordinariamente amplio, inspirado. Hemos dicho que el centro son las víctimas. Nunca antes en Colombia habían aparecido las víctimas en un acuerdo. ¿Qué paso en el 91, cuál víctima fue resarcida? ¿Qué pasó en el 57, en la Guerra de los Mil Días? Luego, realmente a mí me parece que este es un acuerdo sólido, cumple los estándares internacionales y no se limita solo a soluciones extrajudiciales como en Sudáfrica. Son soluciones netamente judiciales que garantizan que no haya impunidad y que nos permiten abrir la posibilidad de una paz firme.

Doctor de la Calle, ¿a usted le sorprenden las informaciones de que el enviado especial de los Estados Unidos, el señor Aronson, tiene intereses económicos en Colombia? ¿Ese sería un impedimento para que siga ejerciendo ese papel?

Pues, me parece primero que el señor Aronson es un enviado del presidente Obama y que es el Gobierno de los Estados Unidos el que revisó sus antecedentes y su comportamiento, por cierto, en otros procesos donde también prestó una ayuda eficaz. En segundo lugar, mi testimonio personal es que Bernie Aronson ha sido extraordinariamente positivo y útil, y que ha contribuido de manera eficiente, y en mi opinión transparente, al logro de los acuerdos.

Enrique Santos, en una entrevista que me dio, dijo que el exfiscal Montealegre había sido muy contraproducente porque se aceleró a ofrecer unas cosas muy blanditas y que eso le complicó a usted la negociación.

No voy a entrar en esa discusión, ahora reactivada por el famoso cuento de que el plebiscito es para una candidatura mía. El fiscal Montealegre en muchas ocasiones propuso soluciones que a nosotros nos parecieron acertadas y en otras no, pero nosotros cumplimos estrictamente las instrucciones del Presidente de la República y mantuvimos siempre el norte claro de aquellos elementos que no podían ser concedidos.
¿Sus relaciones con el doctor Jaramillo son buenas o son malas?

El Presidente optó por un grupo de negociadores y no un solo negociador. Y además optó por una solución que implicaba integrar puntos de vista distintos. Es una solución novedosa y que ha dado sus frutos. Tenemos intensas discusiones dentro del grupo, de nuestro lado, internamente, discusión permanente. Hay distintas opiniones, del general Mora, del general Naranjo, de Gonzalo Restrepo, de Frank Pearl, en fin... Hay un proceso interno muy vivo, y al final, si no hay consenso, pues el Presidente imparte sus órdenes. Y eso ha significado que haya discusiones, momentos de tensión, pero sustancialmente siempre he estado de acuerdo con Sergio Jaramillo en particular, a quien le hago un reconocimiento por el trabajo sacrificado y la claridad estratégica sobre la manera de conducir el proceso. Yo agradezco a todos los miembros del equipo, con todos hemos tenido discrepancias y discusiones, pero siempre hemos llevado una posición unívoca, sin fisuras, a la mesa de conversaciones.

¿Y con la canciller María Ángela Holguín?

La Canciller ha sido extraordinariamente útil; el Presidente reforzó el equipo en un momento oportuno, ayudó mucho en el fin del conflicto, pero esto me permite decir lo siguiente: el Presidente da la línea, toma las decisiones; el jefe de la delegación soy yo. Coordino esfuerzos, o en la mesa o a través de mecanismos paralelos que son usuales en este tipo de mesas de conversación. Siempre con la participación mía y siempre con la información a través de mí para los miembros del grupo.

¿Pero fue cierto que le mandaron a la canciller Holguín un día que usted no estaba enterado y se la encontró allá negociando las zonas de concentración?

No, no, no. No. En un momento, ella fue a discutir, siguiendo órdenes del Presidente, y yo estuve permanentemente informado. Si estuviéramos cara a cara, le mostraría las decenas de chats que nos intercambiamos ella y yo mientras se llevaban a cabo las discusiones allá.

Pero ella sí llegó en un momento dado sin usted a la mesa de La Habana…

Eso también ha ocurrido en otras ocasiones. Hay días en que puedo no estar yo, y la delegación sigue trabajando. La posición sobre que no habría veredas de concentración en Cundinamarca fue unánime. Las Farc querían asentarse en Cabrera, y no lo permitimos.

¿Y por qué había que mandar a la Canciller para que asegurara eso?

No, en absoluto. Le estoy repitiendo, María Isabel, siempre estuvimos coordinados.

Bueno, finalmente, doctor de La Calle, dos pregunticas. ¿Por qué rodear el proceso de La Habana como de tres grandes fiestas que yo llamo ‘realities’, alrededor de una cosa que no se ha firmado?

Pues, me parece que no son realities porque, pues al contrario, son verdaderas realidades. Vamos uno por uno. El 23 de septiembre del año pasado ‘Timochenko’ y el presidente Santos firmaron diez puntos de acuerdo que eran las bases y el sustento para la justicia transicional.

Un documento incompleto…

Ocurrió lo siguiente, el documento que estaba en proceso, de carácter más largo, cuya discusión no había terminado, y la prueba de que no había terminado es que hubo que adicionarle puntos, ese documento las Farc en algún momento interpretaron que era un acuerdo cerrado, y no lo era. Y yo puse, con toda tranquilidad, ‘documento en desarrollo’.

Cosa que le agradecemos...

No, los diez puntos que se expresaron públicamente están totalmente vigentes. Lo que se hizo fue desarrollar esos puntos en un documento más largo que en ese momento no estaba aún concluido. Luego viene el documento, ahora el acuerdo del 23 de febrero, que me parece que es un acuerdo fundamental porque aquí lo que se establece son, primero, reglas para el cese del fuego, de las actividades militares y de las hostilidades, lo cual incluye el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Segundo, establece un cronograma transparente para la dejación de las armas. 180 días después de la firma del acuerdo final no habrá armas en manos de las Farc. Las Farc aceptan entregar sus armas a Naciones Unidas; todo esto ocurre bajo la supervisión, monitoreo y verificación de Naciones Unidas. Es un acuerdo, todo el mundo lo ha celebrado, la comunidad internacional. A veces, a uno le sorprende que en esta capacidad nuestra de autoflagelarnos, ahora no se advierte la importancia de lo que ocurrió el 23 de febrero…

Claro, para la comunidad internacional esto queda muy lejos y no lo viven a diario. Los que vivimos aquí somos nosotros...

No, pero que una guerrilla después de 50 años diga ‘dejo totalmente las armas, me convierto en partido político, esto ocurrirá en 180 días, me concentro en unas zonas’, y que digan que eso es poca cosa, realmente sí me sorprende.

Pero, doctor de la Calle, ya hay frentes, como el primero, que han manifestado que no se van a unir al cese del fuego porque están muy entusiasmados con el narcotráfico.

Claro, esa es una situación extraordinariamente preocupante. Es también una alarma para nosotros. Dijéramos, no sería la primera vez que en un acuerdo haya algún tipo de facciones rebeldes. Eso no es tan exótico como parece, lo cual no lo justifica ni lo hace algo secundario. Es extraordinariamente serio, grave. La impresión que nosotros hemos tenido durante estos cuatro años, sobre todo impresión objetiva, por ejemplo por el cumplimiento de los ceses de fuego, es que la dirigencia de las Farc tiene mando y control. Yo confío en que esto lo logren controlar porque realmente sí es una preocupación muy seria para los colombianos.

¿Su pasado de nadaísta le ha ayudado a lidiar esta situación?

Pues en cierta forma sí, porque soy un pesimista irredento, y me siento muy orgulloso de ser, dijéramos, el capitán de las huestes pesimistas. Porque eso es lo que lo cura a uno de las frustraciones y también le permite mirar un poco de lejos todo esto.

El más optimista parece usted...

No, yo creo que en este momento, en esta entrevista, estoy siendo realista. Nunca he hecho predicciones. Nunca dije que estuviera seguro de que hubiera un acuerdo. Tampoco lo digo hoy. Tampoco caigo en la actitud desafiante de decir que vamos a ganar por millones y millones de votos el plebiscito. No, ahí hay una discusión democrática que nosotros respetamos. Pero dijéramos que mi formación me ha permitido usar una paciencia que en mi vida personal no tengo, mantener la distancia y la tranquilidad. Además, por fortuna, olvidar todo tipo de odios. Yo no estoy en confrontación con nadie. Yo no tengo interés de entrar en pugnas.

No lo puedo despedir sin preguntarle por la campaña presidencial…

¡Sabía que no podía faltar! (Risas) No estoy de candidato presidencial. Los dos momentos más importantes de mi vida son la Constituyente y este. Y estoy concentrado en esto, no tengo cabeza para opciones futuras. Yo no estoy pensando en una especie de desarrollos futuros condicionados a tres o cuatro carambolas de carácter político. Esa no es mi preocupación, terminantemente no lo es, no le estoy pidiendo el voto a nadie, ni organizando comités ni haciendo campañas para nada. Yo estoy concentrado en terminar esto. Y también tengo claro que el proceso no debe usarse para fines políticos personales, y no lo haré. En el momento del plebiscito me limitaré a rendir mi informe a la sociedad colombiana y a ejercer la pedagogía que, por cierto, se me ha reclamado varias veces. Y eso es todo lo que haré.

Pero, María Isabel, esa pregunta es imposible de responder por lo siguiente: una vez, su colega Yamid Amat me preguntó cuando yo era precandidato liberal, que si aceptaría la Vicepresidencia de Ernesto Samper, y eso me lo dijo tres días antes, y claro, por debajo estaba la imposibilidad real de responder. En este caso, si yo le digo que no busco ser presidente, usted no me va creer. Y si le digo que sí, se arma un tierrero. Por eso no digo nada más sobre este punto.

Pero no me lo niega…

No, pero yo no estoy pensando en eso. Es como negar la existencia de un planeta que la humanidad no ha visto.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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