Al tiempo que la Federación Nacional de Departamentos (FND) ratificó su respaldo al proceso de paz, también manifestó una serie de preocupaciones y recomendaciones al Gobierno Nacional relacionadas con el papel que puedan desempeñar las autoridades regionales en la implementación del posconflicto.
A través de una declaración pública, el organismo que reúne a los 32 gobernadores del país, dejó claro su “pleno apoyo” a los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, que se desarrollan desde hace más de tres años en La Habana.
Sin embargo, la Federación aseguró que todavía “no se refleja” lo que ha expresado el presidente Juan Manuel Santos en relación con que –según sus discursos– la paz se debe construir desde las regiones y con un protagonismo de los gobernadores y alcaldes locales. De hecho, fue el mensaje que les reiteró en su más reciente cumbre, realizada la semana pasada en Bogotá.
Según los gobernadores, aún no hay “políticas, instancias, programas y mecanismos concretos” que –en su opinión– posibiliten una incidencia de las autoridades territoriales en la implementación del posconflicto y el desarrollo de los acuerdos que se logren en La Habana.
Por esa razón, la Federación Nacional de Departamentos le propuso al Gobierno crear un “sistema de implementación del posconflicto con enfoque territorial”.
Ese mecanismo, según quedó plasmado en la comunicación pública de la Federación– tendría en cuenta aspectos como el fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales a nivel “político, administrativo y fiscal”, para darles prioridad a los planteamientos que surjan desde las regiones.
Otro de los temas planteados es “la asignación de mayores recursos a las entidades territoriales para financiar las responsabilidades derivadas de los acuerdos de paz”, pues las autoridades departamentales aseguran que no se han concretado ayudas claras para hacer del posconflicto algo estable y duradero.
Una de las tesis para argumentar las peticiones, según los 32 gobernadores que suscribieron la declaración, es que el enfoque territorial que requiere lo que se acuerde en La Habana –entre el Gobierno y las Farc–, debe ser trabajado por el Estado desde ya y articuladamente con los departamentos.
Comenzar a desarrollar ese tema, añadió la FND, ayudaría en el “fortalecimiento de la participación ciudadana, el control social, la visibilidad de la información y la rendición pública de cuentas como antídotos para enfrentar el mal de la corrupción”.
Según el organismo, el Estado tendría que ampliar “las opciones de contratar con organizaciones étnicas, campesinas y comunitarias en general, obras y actividades de los programas y proyectos para implementarse en sus territorios”.
Los gobernadores aseguran que si bien “la terminación del conflicto no es la paz en sí misma”, es necesario elaborar planes departamentales para avanzar en un “clima de convivencia y reconciliación”.
Estas sugerencias le fueron remitidas a la Casa de Nariño por intermedio del alto consejero para al Posconflicto, Rafael Pardo, y la intención es que se abra un espacio directo de interlocución entre el Estado y los gobernadores para desarrollar el posconflicto.
Claro está, según quedó consignado en la declaración pública, que los 32 mandatarios departamentales están jugados por apoyar la salida política a una guerra de más de 50 años y, para ratificarlo, se comprometieron a impulsar la pedagogía necesaria para refrendar la paz.
“Trabajaremos articuladamente con el Gobierno Nacional para mejorar los procesos de información y pedagogía, encaminados a lograr una amplia participación ciudadana en la refrendación de los acuerdos de paz, que significará, nada más ni nada menos, el fin de un conflicto”, concluye la Federación.
EL TIEMPO
