Desde hace casi una década, Carlos* y su familia viven de la coca. Él la cultiva, sus hermanos la fumigan, la raspan y jornalean, mientras que su esposa le cocina a los trabajadores que cuidan de esas matas ilícitas.
Al igual que ellos, el 95 por ciento de los 6.200 habitantes de la zona rural de Briceño viven de cultivos ilícitos, según cifras de la Alcaldía de este municipio del norte antioqueño.
Al menos 400 de esos campesinos se reunieron este domingo en la vereda Pueblo Nuevo, en Briceño, con representantes del Gobierno y de las Farc para socializar el plan para la sustitución voluntaria de hoja de coca, acordado en La Habana.
Ese plan se iniciará dentro de 60 días con unas 400 familias, de 10 veredas de Briceño, que cultivan unas 700 hectáreas de coca.
Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, explicó que este domingo comenzó la hoja de ruta para pactar los compromisos entre el Gobierno y los campesinos, para luego proceder a ejecutar el plan de sustitución voluntaria de cultivos.
“Los campesinos se comprometerán con la sustitución, la no resiembra y a no estar involucrados con labores asociadas a cultivos ilícitos ni comercialización ilegal, mientras que el Gobierno hace lo propio con la ejecución de un plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta, participativa y concertada del plan de sustitución y desarrollo alternativo”, explicó Pardo.
Según lo acordado en La Habana, aquellos que erradiquen o sustituyan estas siembras serán beneficiarios de la renuncia de la acción penal y extinción de la pena en su contra.
Sin embargo, a los campesinos les preocupa porque no saben qué pasará con ellos. Para Carlos, cosechas como el cacao, el café, la yuca y el plátano son para el autoconsumo, y cree que no da para más, puesto que la economía del municipio gira en torno a la coca.
Para el Alto Consejero “la sustitución es una nueva alternativa en la lucha contra la coca. La paz es insostenible con cultivos ilícitos, pero es fundamental tener alternativas para las 75.000 familias que cultivan esa hoja en 95.000 hectáreas de Colombia”.
Carlos y otros campesinos ven muy difícil ese cambio, pues las familias viven de la coca desde hace casi dos décadas. “La pobreza hizo que la gente sembrara coca; aquí todo el mundo vive de eso, de lo contrario, nos morimos de hambre”, dijo Beatriz Jaramillo, campesina de la vereda Roblal.
Ella afirmó que para que puedan sustituir la coca, el Gobierno debe pensar no solo en proyectos productivos, sino también en mejorar las vías de acceso porque “no hay por dónde transitar los alimentos”.
José Danilo Agudelo, alcalde de Briceño, quien coincidió con las preocupaciones de los campesinos, contó que la vía de acceso al municipio es una carretera destapada de 27 kilómetros.
“Necesitamos organizar esa vía, al igual que las terciarias para transportar las cosechas de los nuevos cultivos”, precisó Agudelo.
Entre tanto, la coordinadora del Sistema de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Belén Sanz, pidió al Gobierno Nacional mejorar la infraestructura de las 10 veredas de Briceño y agregó que la paz no solo se hace en La Habana.
Hay coca en 28 veredas
Si bien el plan comenzará en 10 veredas, en el municipio hay 28 zonas rurales con siembra de coca, en las que viven más de 1.300 familias, de acuerdo con el alcalde de Briceño.
Las veredas en las que se iniciará el proceso son Pueblo Nuevo, El Orejón, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Roblal y Palmichal.
Carlos, que vive en Pueblo Nuevo, contó: “Mientras un productor vende un kilo de coca por 2’300.000 pesos, un kilo de papa, de fríjol o cacao se vende por menos de 8.000 pesos”. Además, dijo que mientras la coca da cosechas cada dos meses y medio, el café cada año.
Para ‘Pastor Alape’, de la delegación de paz de las Farc, el drama de las familias cocaleras hay que resolverlo aplicando políticas socioeconómicas que permitan superar el fenómeno con la participación directa del campesinado.
“Las Farc pondremos el mayor voltaje de nuestras energías para hacer de esta sustitución un éxito. Venimos a construir un programa en conjunto con el Gobierno para sacar adelante la vida de los campesinos”, concluyó ‘Alape’.
Aunque Carlos cree en la paz, para él será difícil imaginar vivir de otros cultivos diferentes a la coca. Aun así mostró su disposición a dar el paso.
*Nombre cambiado.
Laboratorio de paz
El Gobierno y las Farc le darán prioridad a la formalización de la tierra de los campesinos de Briceño. Eso representa que se pone en marcha el primer acuerdo en la agenda sobre tierras y desarrollo rural integral.
Por todo eso y por el histórico desminado humanitario conjunto entre militares y guerrilleros, que se adelanta en la vereda El Orejón, el municipio de Briceño es el laboratorio de paz en el país.
Tras un año de trabajos de desminado, en esa vereda, que tiene unos 90 habitantes, se han desactivado 33 minas, según el último balance entregado por el Gobierno y las Farc.
En El Orejón, donde han limpiado la tierra de explosivos en 14.000 metros cuadrados, la guerrilla y los desminadores del Ejército identificaron cinco zonas peligrosas y actualmente se encuentran en la segunda fase de trabajos, que incluye la exploración de otros terrenos con sospecha de minas.
En el proceso de desminado se han desactivado minas en zonas que nadie pisaba desde hace una década, como fue el caso del sector Alto del Capitán, el más minado de esa vereda, donde desactivaron 13 artefactos.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Enviada Especial de EL TIEMPO
Briceño
