Este relato ya no es un caso aislado en Bogotá. El 12 de abril del 2016, Citynoticias (de El Tiempo Casa Editorial) denunció el hecho de un niño golpeado por negarse a pagar una extorsión.

El menor terminó con contusiones, hematomas en el abdomen y una herida abierta en la cabeza. Sus padres dijeron que el agresor fue otro estudiante.

La hermana mayor del pequeño y enfermera de profesión, percibió que el niño aparecía con morados en los brazos. Al preguntarle qué le había generado tales morados, este respondía que eran por caídas mientras jugaba en el colegio Fanny Mikey (barrio Villa Diamante de Ciudad Bolívar).

Como los moretones seguían apareciendo, la familia interrogó al pequeño, hasta que reveló que un compañero de la institución educativa le exigía hasta 10.000 pesos para poder entrar al baño o participar en los juegos. También contó que le exigía pagarle las onces al presunto intimidador y a otros niños, y lo amenazaba con golpearlo si se negaba o si le contaba a sus padres.

El estudiante confesó que se cansó de la situación y decidió no pagar más, por esta razón, el presunto agresor lo habría golpeado e intentado arrojarlo por las escaleras. Según Ricardo Ruidiaz, director de la Fundación Amigos Unidos, tres de cada diez estudiantes han sido víctimas de la llamada microextorsión.

“Aunque la gran mayoría de pandillas de Bogotá está en el negocio de la droga, una de las actividades que sostiene este mercado ilícito es la microextorsión escolar. Muchos escolares, por el alto consumo, se ven endeudados y luego amenazados por estos grupos”.

Para el experto, lo más grave es que muchos estudiantes somatizan la situación y terminan con problemas de salud. “Los padres se enteran de la microextorsión cuando empiezan a notar perdida de dinero y objetos en la casa”, explicó Ruidiaz.

De hecho, según la Secretaría de Educación (SED), durante el año 2015 se registraron 540 casos de hostigamiento escolar, de los cuales 74 ocurrieron en la localidad de Kennedy.

Del caso de Nicolás, la SED no tiene conocimiento, porque carece del número de radicado con el que la familia habría puesto en conocimiento el caso.

EL TIEMPO