Historias clínicas con la firma falsificada del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Montes y registros de pacientes inexistentes del laboratorio clínico Bernardo Espinosa de Montería fueron los documentos con los que, según la Contraloría, las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana se embolsillaron 50.000 millones de pesos de la salud en Córdoba.
En una nota publicada por EL TIEMPO hace una semana se reveló cómo en ese departamento el número de pacientes con hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre se coagule y cuyo tratamiento es de alto costo, se duplicaron entre el 2013 y el 2014 y se presentaron millonarios cobros a la gobernación.
Los testimonios del médico que supuestamente trataba a los pacientes y del director del laboratorio clínico que hacía las pruebas, fueron esclarecedores para el ente de control. El primero señaló que en las historias clínicas que le mostraron su firma fue falsificada y aún más las dosis del tratamiento recetadas no corresponden con las indicadas para esas enfermedades.
“Las dosis de tratamientos hemofílicos que se habrían formulado, no cumplen con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia”, sustentó.
La Contraloría pidió también al laboratorio que aparecía en las historias clínicas como el que había hecho las pruebas de diagnóstico de la enfermedad certificar si el nombre de 40 pacientes aparecía en sus registros. El representante legal del laboratorio indicó que esas pruebas nunca se tomaron allí.
Sergio Robledo Riaga, presidente y director científico de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, explicó que el 95 por ciento del costo de la hemofilia corresponde al tratamiento.
Entre 2013 y 2015, la Secretaría de Salud de Córdoba pagó $ 45.000 millones a las dos IPS involucradas en el escándalo, por suministro del medicamento Inmunate Factor Willebrand 500 UI a unas 128 personas, presuntamente diagnosticadas con hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand.
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