Debería ser evidente que es mejor vivir en un país en paz que en uno afectado por la guerra. Esto, desde cualquier punto de vista: ético, jurídico, político, laboral, social, económico.
En el campo económico, varios investigadores han estimado el potencial dividendo de la paz en Colombia: dado que el conflicto interno conlleva unos importantes costos que, se da por descontado, cesarán en un alto porcentaje con la dejación de las armas, la consecuencia será una aceleración del crecimiento económico del país, que se estima del orden de uno o dos puntos porcentuales anuales adicionales del PIB.
Acerca del hecho de que la economía de un país en condiciones de paz crezca más que en condiciones de hostilidad, no debería haber discusión. Sin embargo, surgen preocupaciones cuando nos preguntamos si este mayor crecimiento económico será suficiente para no caer en un nuevo conflicto.
El profesor Collier, experto de la Universidad de Oxford en economías del posconflicto, sostiene que la receta para una efectiva reducción del riesgo de un nuevo conflicto radica en la combinación de dos principales factores, el crecimiento económico y la presencia de observadores de paz externos, ambos sostenidos a la largo de una década. Asimismo, asevera que la ruta más importante a través de la cual el crecimiento económico puede afectar el riesgo de nuevos conflictos es el mercado de trabajo, y en especial el empleo. Lo cual coincide con lo enunciado en el informe de la OIT para su 105 Conferencia, del 2016, en el que se sostiene que “la generación de empleo es crucial para la construcción de la paz”.
Entonces, la pregunta que desde lo económico debemos formularnos no es tanto si el país crecerá más a raíz de la firma del tratado de paz con las Farc, sino si este crecimiento esperado será suficiente para integrar permanentemente al mercado de trabajo formal a los colombianos afectados por la guerra.
Naturalmente, cuando nos referimos a los afectados por la guerra debemos incluir no solamente a los excombatientes y milicianos de los grupos guerrilleros, sino también a los pobladores de los municipios que han sufrido problemas de orden público y a los desplazados, así como a sus familias. Según el Ministro del Posconflicto, hay “siete millones de personas que viven en zonas donde están los cultivos ilícitos, la minería ilegal, las bandas armadas... y que hay que integrarlos a la producción” (EL TIEMPO, domingo 3 de julio).
Reintegrar todas estas personas a las actividades productivas formales en sus comunidades requerirá generar un elevado número de nuevos empleos a nivel local. Desafortunadamente, estas zonas del país se caracterizan por su marginalidad y oferta de empleos precarios. Allí, la presencia de los cultivos de coca y de la minería ilegal ha trastocado el funcionamiento del mercado laboral. ¿Cómo se adaptarán los jornaleros que ahora pueden llegar a ganar hasta 100.000 pesos diarios a remuneraciones de salario mínimo?
Inicialmente, el Gobierno Nacional tiene previsto implementar un programa masivo de empleos de emergencia. Esta es una estrategia acertada y de indispensable aplicación apenas cesen las hostilidades.
Sin embargo, más temprano que tarde, de proyectos que ofrecen empleos temporales de corta duración hay que transitar hacia programas que promuevan empleos estables, formales y de largo plazo.
En el campo económico, este es el gran reto que enfrenta el proceso de paz: generar un número suficiente de empleos estables y decentes en áreas apartadas geográfica y económicamente, donde actualmente prevalecen la informalidad y la ilegalidad. Los países que han fracasado en este intento han visto crecer la criminalidad común, la inmigración o han caído en un nuevo conflicto.
STEFANO FARNÉ
* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia