De cara al posconflicto, existen dos retos que si no reciben atención inmediata, se van a convertir en obstáculos para cumplir con los objetivos del proceso de paz, que, si mal no los entendemos, consisten en alcanzar mayor prosperidad con mayor equidad en una sociedad que ha superado el conflicto.
Uno de ellos es el que ha descrito con mucha autoridad Ana María Ibáñez, la decana saliente de Economía en la Universidad de los Andes, en un artículo que debería ser lectura obligada de todos los que tienen responsabilidad de gobierno, están interesados en crecimiento económico o el futuro desarrollo del sector rural (‘Después de la fiesta: a trabajar en el campo’, Portafolio, 30 de junio del 2016).
Lo que dice Ana María es que los compromisos del acuerdo de paz en lo referente al campo son ambiciosos y que el país no puede darse el lujo de no cumplir con ellos. Se debe encontrar la forma de mejorar el acceso a la tierra de la población rural, al mismo tiempo que se fortalecen los derechos de propiedad de la tierra.
Estos dos objetivos no son incompatibles, y colocarlos en un mismo nivel de importancia en el acuerdo debería brindarles suficiente confort a quienes creen correr el riesgo de perder su propiedad, sobre todo a los que se preparan para “defender su territorio como sea”.
En tercer lugar, va a ser necesario “emprender programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y reducir la pobreza rural”. El cumplimiento de este objetivo no solo reduciría dicha pobreza y la del país, sino que promovería el crecimiento del sector agropecuario y de la economía. Esto último es muy importante porque contribuye a responder al otro reto impostergable, que es pasar a un nivel mayor de crecimiento sostenible de la economía.
Al parecer, una de las oportunidades concretas, que tiene la mayor probabilidad de éxito, es aprovechar las ventajas comparativas que tiene Colombia, uno de los pocos países del mundo que cuentan con tierra no desarrollada para la agricultura y agua en abundancia (ver artículo de Ricardo Ávila en EL TIEMPO del 24 de junio pasado sobre el Foro Económico en Medellín).
Cumplir con los compromisos del acuerdo ‘Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral’ es al mismo tiempo el capítulo uno de un programa exitoso de crecimiento de la economía y una forma muy económica de pagar la deuda social que se tiene con el campo y sus habitantes.
¿Qué impide que se progrese para cumplir estos objetivos, a todas luces alcanzables e indiscutiblemente deseables? Ana María Ibáñez se despoja de su manto académico para pronunciarse sobre esto con mucha claridad: “Se requieren instituciones agrícolas sólidas, no capturadas por intereses políticos, y con una visión de Estado. (...) El Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas no pueden continuar siendo un fortín político y clientelista”.
Hay que transformarlo en un baluarte técnico y protegerlo de los políticos como se ha hecho con Hacienda o con Planeación, por ejemplo, y crecientemente en Salud. Esta es una decisión que tiene que tomar el Gobierno en cuestión de semanas, o meses a lo sumo, y que va a hacer evidente su “preferencia revelada”.
El problema de la falta de instituciones sólidas no es exclusivo del sector agropecuario. Es una de las razones por las cuales el desarrollo industrial está rezagado. El ministerio responsable adolece también de anemia técnica. Aunque no es el más clientelista, está sujeto a muchas presiones gremiales y políticas, y tiene demasiados frentes que atender. Entre sus entidades adscritas se destaca Bancóldex, que ha tratado de subsanar parcialmente esta falla, pero no cuenta todavía con el apoyo y la arquitectura institucional para hacerlo en forma sostenible y con mayor alcance.
RUDOLF HOMMES
