En la vida del país son incontables las normas que buscan evitar abusos, respetar derechos o proteger a los más vulnerables, pero que en más de una ocasión se convierten en instrumento de conductas inapropiadas.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el mecanismo de la consulta previa, que nace de la adhesión de Colombia al Convenio 169 de la OIT, la cual hace referencia a los pueblos indígenas y tribales y que aquí, por extensión, comprende las minorías étnicas definidas por la Constitución.
El propósito de la medida es que dichas comunidades participen en los procesos de decisión de obras que las pueden afectar, como explotación de recursos naturales o construcción de infraestructura. De lo que se trata es de corregir los errores del pasado, cuando, en aras del progreso, se ignoraron tradiciones sociales, culturales o religiosas de grupos que podían tener vínculos centenarios o milenarios con un territorio específico.
Hasta ahí, es difícil cuestionar un esquema que busca evitar atropellos y ha sido puesto en práctica en 5.336 ocasiones en lo que va del siglo. El problema surge cuando este se convierte en un instrumento para chantajear y pervertir el espíritu de la ley.
Hace pocas semanas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó una voz de alerta, luego de visitar las obras de una concesión vial que se extiende por los departamentos de Córdoba y Sucre. De acuerdo con el funcionario, la construcción de la doble calzada Sincelejo-Toluviejo, y de otro tramo entre esa capital y Sampués, está en veremos por las acciones de 2 comunidades que no habitaban en inmediaciones de la zona cuando comenzaron los trabajos, como lo comprueban las fotos aéreas disponibles.
Aun así, y por la vía de la tutela, ambos grupos lograron ser reconocidos, razón por la cual fue necesario abrir otro proceso de consulta que no ha dado resultado. El motivo es la solicitud de dinero, comenzando por la contratación de asesores jurídicos por 2.000 millones de pesos. Mientras se resuelve el impasse o se acude a los tribunales, seguirá pendiente la conclusión de una carretera que mejorará la movilidad y disminuirá costos de transporte en la región.
En otros casos la amenaza de lo que viene es de tal magnitud que es preferible cortar por lo sano. Así le sucedió a la firma Epsa, que desistió de construir una línea de transmisión de electricidad entre Buenaventura y Calima, que habría mejorado la calidad del servicio en el puerto del Pacífico. La causa fue la rápida aparición de un millar de edificaciones en un área boscosa sobre la cual pasarían los cables.
Quienes saben de estos asuntos hablan de líderes que son capaces de movilizar a su gente con la promesa de indemnizaciones. También aparecen abogados inescrupulosos que cobran porcentajes a cambio de lo que se logre, que no es poco. Organizar reuniones, transportar gente y hacer pagos directos es algo que puede llegar a valer miles de millones de pesos.
Ante los excesos documentados, podría pensarse que la justicia les pondrá un tatequieto a aquellos que deforman el propósito del esquema. Lamentablemente, las altas cortes han hecho caso omiso de los argumentos de quienes sostienen que hay reclamaciones sin fundamento.
Parte de la culpa de lo que pasa recae en el Ejecutivo, que sigue sin presentar un proyecto de ley estatutaria sobre el mecanismo de la consulta previa. La razón, por absurda que parezca, es que el texto también debe ser consultado, por lo que el Ministerio del Interior solicitó al de Hacienda 16.000 millones de pesos, difíciles de apropiar en medio de la estrechez.
Mientras el tire y afloje en la Administración sigue, el problema empeora. Más grave todavía es que la falta de definición alborotó el avispero, con lo cual la práctica usual es utilizar las vías de hecho para exigir compensaciones en dinero. Así lo vive en carne propia la industria petrolera, que el año pasado experimentó 473 bloqueos, impulsados no solo por minorías étnicas sino por juntas de acción comunal y los propios gobernantes locales, entre otros.
Por tal motivo, hay que tomar el toro por los cuernos, acotar la figura de la consulta y evitar que se extienda a otros grupos de la población como los campesinos, lo que abriría una caja de Pandora. Justo cuando el país se ha embarcado en el programa de infraestructura más ambicioso de su historia y el sector extractivo necesita condiciones para operar, el mensaje que reciben muchos empresarios es que hacer cosas en múltiples puntos de Colombia es poco menos que imposible.
De seguir así, las pérdidas en empleos, producción y oportunidades serán inmensas. Para que la etapa del posconflicto que se avecina sea exitosa, es requisito que las inversiones lleguen a todas las regiones. Pero eso no sucederá si se irrespetan las reglas del juego o si la práctica de sacarle plata al sector privado persiste, mientras las instituciones se hacen las de la vista gorda.
EDITORIAL