Gobierno intervendrá mercado del oro para frenar minería ilegal

Gobierno intervendrá mercado del oro para frenar minería ilegal

Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, habla de proyecto para erradicar este mal.

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09 de julio 2016 , 10:57 p.m.

El Gobierno va a intervenir el mercado del oro. Así lo anuncia en la siguiente entrevista el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Revela que dentro del propósito del Gobierno de acabar con la minería ilegal presentará al Congreso un proyecto de ley con herramientas para liquidar esas empresas.

Como parte del plan, se estudian dos caminos para regular el mercado del oro en el país: o volver a la bolsa de comercialización de oro o restablecer el monopolio a través del Banco de la República.

Por otra parte, el ministro Murillo hace un primer ofrecimiento de trabajo para los actuales guerrilleros de las Farc, cuando se conviertan en excombatientes: guardianes, vigías o guardabosques de paz.

Sobre el aumento de los cultivos de coca, dice que no se regresará a la aspersión con glifosato y que el aumento de siembras se origina en el elevado precio internacional que ha alcanzado. En resumen, el alto funcionario concluye que la paz terminará con la minería ilegal y contrarrestará la siembra de coca.

“La explotación minera que se desarrolla de manera ilegal sin los debidos controles y de manera antitécnica genera unos impactos ambientales muy negativos frente a los cuales hemos venido tomando acciones. Sin embargo, este es un asunto que requiere de estrategias aún más robustas. Es evidente que hay una asociación entre minería ilegal y conflicto armado. De allí que, el fin del conflicto y la paz generará unos significativos beneficios sobre el ambiente”, sostiene el Ministro.

¿A cuánto asciende ya la deforestación por minería ilegal?

Cerca de 1,5 millones de hectáreas han sido deforestadas por la minería ilegal, y aproximadamente 3 millones de hectáreas han sido degradadas por actividades ilegales asociadas al conflicto armado. Esta degradación se presenta en áreas donde se tienen la gran mayoría de los ecosistemas más estratégicos, como es el caso del piedemonte llanero, laAmazonia, el Chocó biogeográfico, etc.

¿Qué tan grave es el daño que hace la minería ilegal?

Los impactos negativos de la minería ilegal representan uno de los peores atentados contra la naturaleza y el ambiente: deforestación, pérdida de la biodiversidad, tala de bosques, contaminación de suelos, erosión, cambio de cauces de ríos, vertimiento indiscriminado de mercurio y cianuro a ríos y fuentes hídricas, cicatrices en ecosistemas estratégicos.

¿Qué medidas tomará el Ministerio contra el mercurio y el cianuro?

Colombia suscribió el tratado de Minamata, que regula el uso de mercurio. Este tratado tiene como objetivo principal proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio.
La meta es la eliminación del uso de mercurio en la minería a partir del 2018. Y vamos a prohibir totalmente el uso de mercurio en todo tipo de actividad industrial a partir del 2023.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico denunció que en la cuenca del río San Juan 50 de 70 personas examinadas estaban contaminadas con mercurio…

El uso indiscriminado de mercurio en la actividad minera ilegal ha tenido un impacto muy negativo sobre la salud de las personas en zonas donde se desarrolla esta actividad. Se ha detectado que algunas personas en el Chocó registran hasta 120 veces más concentración de mercurio en su cuerpo que el límite establecido.

¿Y en cuanto a la maquinaria que se usa para la minería ilegal?

El Gobierno Nacional ha venido desarrollando de manera permanente operativos de destrucción de esta maquinaria. Sin embargo, se requieren algunos ajustes regulatorios para que se tenga aún mayor efectividad. Por tal motivo, se va a presentar en la próxima legislatura un proyecto de ley sobre minería criminal en el que se van a precisar y mejorar los procesos de incautación o eliminación de estos equipos.
Adicionalmente a eso, estamos acompañando al Ministerio de Minas en un par de proyectos piloto para formalización minera. Ese proceso también tiene el acompañamiento de Naciones Unidas y el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid), a través del programa denominado Oro Legal, que tiene su área de trabajo en Antioquia y Chocó. Estos proyectos pilotos de formalización incluyen la recuperación de áreas que han sido degradadas.

¿En qué consiste puntualmente todo este plan de reforestación?

El país suscribió un acuerdo con Noruega, Alemania y el Reino Unido por 300 millones de dólares para el pago por resultados en disminución de la deforestación. Entre esas acciones se incluye el programa Visión Amazonia, donde hemos establecido la meta de cero deforestación en la Amazonia en el 2020. Así mismo, disminuir la deforestaciónen el país a 90.000 hectáreas anuales.

¿En dónde se aplicará?

En todo el país, iniciando en la Amazonia. Este programa será central en la implementación de la iniciativa del presidente Santos de establecer los bosques de paz e incentivar la vinculación de excombatientes de las Farc a las actividades económicas y de generación de empleo, por medio de proyectos de conservación de bosques y ecosistemas estratégicos.

¿Es la minería ilegal la única amenaza sobre el medio ambiente en el país?

No. La masiva tala de árboles también la provoca, el cambio de usos del suelo, la ampliación de la frontera agropecuaria, el derrame de petróleo por atentados a la infraestructura petrolera, los cultivos ilícitos. Todas estas son actividades asociadas al conflicto armado. De allí los beneficios que traerá el fin de conflicto.
Sin el conflicto armado, por ejemplo, muchos de los hombres que hoy protegen los cultivos ilícitos van a ayudar a conservar los bosques y a promover la sustitución de cultivos y la restauración de ecosistemas degradados. Estos ecosistemas pasarán de territorios de guerra a territorios de reconciliación.

A propósito, según un informe oficial que acaba de publicar la ONU, los cultivos de coca en el país han crecido en un 39 por ciento. ¿Es el fin de la fumigación aérea lo que ha provocado ese crecimiento?

El incremento en los cultivos de coca no está relacionado exclusivamente con la manera como se realice la fumigación; también impactan la demanda y otros factores que son muy preocupantes, como, por ejemplo, las políticas antidrogas de otros países, los altos precios de las drogas y factores relacionados con un mercado internacional cada vez más complejo.
El Gobierno está comprometido desde el Ministerio en combatir este flagelo de forma coordinada e interinstitucional, y de esta manera defender el medio ambiente y preservar la riqueza natural.

¿Usted es partidario de restablecer fumigación aérea con glifosato?

Claro que no.

¿El Ministerio ha comprobado el daño que produce el glifosato en seres humanos y en cultivos distintos a la coca?

El uso del glifosato en el país tiene las autorizaciones correspondientes, por cuanto el producto posee dictamen técnico-toxicológico por el Ministerio de Salud y dictamen técnico ambiental de la Anla y el Registro Nacional.
El área técnica del Ministerio de Ambiente considera que una eventual actividad de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión terrestre requiere previamente de la obtención de la modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto a través de resolución. Actualmente, dicho plan de riesgo está en manos de la Anla, y esperamos su nuevo dictamen.
Sin duda, el método de la fumigación terrestre permite tomar medidas efectivas de protección para evitar la exposición del herbicida, que afecta el ecosistema. Además, es viable bajo la condición de que se dé estricto cumplimiento de los protocolos de salud.

¿Qué normas incluye el proyecto de ley que usted anuncia que el Gobierno va a presentar al Congreso sobre minería ilegal?

Es un proyecto del Gobierno Nacional liderado por los ministerios de Defensa, Minas y Ambiente. Simplifica sustancialmente el procedimiento para poder incautar o destruir maquinaria ilegal. También da mayor claridad sobre la incautación de la producción de oro que se da en estos programas contra la minería ilegal. Un gran porcentaje de la producción aurífera de Antioquia y Chocó proviene de estas actividades ilegales.
Este proyecto brinda algunas herramientas para regular mucho más y de manera más efectiva el mercado de la comercialización del oro.

¿Qué herramientas?

Estamos planteando varias. Una puede ser volver a la bolsa de comercialización de oro y restablecer el monopolio de la comercialización del oro. Usted recordará que, antes, el Banco de la República era el que podía comercializar el oro.

¿Cuál es el objetivo fundamental que buscará el proyecto?

La regulación y el control al mercado del oro.

¿Cuánto oro produce el país?

Alrededor de 80 toneladas.

¿Toda es producción ilegal?

La gran mayoría. Ese es uno de los desafíos: formalizar esta actividad en los casos donde hay conexión con redes criminales. Mire: en esencia, el proyecto sobre minería ilegal que presentaremos al Congreso tiene un gran objetivo: acabar con ese tipo de actividad en el país. Combatirla hasta eliminarla.

Hablemos ahora de la siembra de coca…

Mire: por cada hectárea de coca que se siembra, cerca de tres hectáreas de bosque son taladas.
Eso tiene un impacto enorme sobre el medio ambiente: el 58 por ciento de la deforestación total del país ocurrió en municipios afectados por el conflicto; la tasa de deforestación es tres veces mayor en municipios que han tenido conflicto armado; el 87 por ciento de los cultivos ilícitos están en municipios afectados por el conflicto. Y en el 40 por ciento de estos municipios se ha detectado extracción ilícita de minerales.
¿Sabe cuánto le cuesta al país el impacto ambiental de la guerra? Según Planeación, cerca de 7 billones de pesos al año.

¿Usted cree que todas esas cifras desaparecerán con los acuerdos de paz?

Los dividendos ambientales que traerá la paz al país son enormes. En el tema ambiental, vamos a pasar del conflicto a la colaboración, y ese es el eje central de la propuesta que el presidente Santos nos ha dado instrucción de estructurar: involucrar a excombatientes de las Farc en la tarea de conservar los ecosistemas estratégicos y poder lograr que los excombatientes que así lo quieran se sumen a una actividad económica apropiada, como la protección de los bosques y la estabilización de la frontera agrícola.
Lo que deseamos es poder tener a quienes fueron guerrilleros como guardianas, vigías o guardabosques de paz. Es un propósito noble y es algo práctico porque genera ingresos reales.

¿Ingresos que de dónde surgen?

Vamos a plantear una ley de pago por servicios ambientales. Esta actividad es muy apropiada porque conecta a los excombatientes con su entorno.

¿En qué consiste el proyecto de pago por servicios ambientales?

Es un programa de incentivos económicos a los propietarios para que cuiden los ecosistemas. A través de este se les brindan incentivos a los dueños de los territorios para que preserven los bosques y las fuentes hídricas. Los campesinos y las empresas se convierten en guardianes del ambiente que protegen sus territorios. Quienes protejan los ecosistemas reciben beneficios e incentivos económicos.

¿Y el tema de los parques naturales?

La instrucción precisa que hemos recibido del señor Presidente de la República es la de eliminar todo tipo de actividades de extracción ilícita de recursos naturales en los parques naturales nacionales, sobre todo cultivos ilícitos y minería ilegal.

¿Cómo las van a eliminar?

A través de muchas de las medidas que comenté anteriormente.

¿Pero, concretamente sobre los parques naturales, qué se va a hacer?

Estas acciones hacen parte de la estrategia de eliminación de cultivos ilícitos y desarrollo rural integral que lidera la Presidencia de la República, a través de la Alta Consejería encargada del tema.

YAMID AMAT
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