La orden de liquidar el Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, emitida el jueves por la Superintendencia Nacional de Salud, causó estupor en el Chocó.
No es para menos: este centro asistencial, de segundo nivel de atención, es el punto de referencia del sistema de salud para 500.000 chocoanos, 115.000 de los cuales viven en la capital del departamento.
Aun cuando esta semana el propio obispo de la Diócesis de Quibdó, Juan Carlos Barreto; la Defensoría del Pueblo y hasta la Corte Constitucional volvieron a denunciar las precarias condiciones bajo las cuales se prestan los servicios de salud en el departamento, nadie esperaba que su centro asistencial más importante –intervenido por la Supersalud desde el 6 de marzo del 2007 con miras a resolver sus problemas administrativos– dejara de existir.
Esta decisión, según la Supersalud, fue precipitada por un auto de la Corte, en el cual le ordenó ponerle fin a la intervención: “Esta era la única opción viable” explicó Norman Julio Muñoz, superintendente Nacional de Salud.
Peor que Ruanda
Más que paradójica la decisión es preocupante, porque afecta a un departamento cuyos indicadores de salud se cuentan entre los peores del país.
Incluso si se comparan con los de naciones de regiones deprimidas del mundo, los del departamento salen mal parados. Por ejemplo: la tasa de mortalidad materna en el Chocó (357,97 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos) no solo es la más alta de Colombia, también supera a la de Ruanda (290) y Camboya (161) y casi iguala a la de Etiopía (353).
Un panorama similar muestra la tasa de muertes de niños menores de cinco años, que en ese departamento se ubica en 23,63 por cada mil nacidos vivos, casi seis puntos por encima del promedio de América Latina (18) y superior a la de países como Irán, Jamaica o Kazajistán, que registran menos de 20 casos.
“Es inconcebible –señala Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública– en un país en el que se supone que la cobertura del sistema de salud es universal y donde la salud es un derecho fundamental. Semejantes indicadores, que no son nada nuevos, ameritarían una intervención urgente e integral de todo el Estado”.
Si el lamentable estado del sistema de salud del departamento –que según el obispo Juan Carlos Barreto ni siquiera garantiza el acceso a servicios básicos a la mayoría de los chocoanos– no es desconocido para nadie, ¿qué explica que en esta región nada parezca funcionar?
Donaldo Córdoba, especialista en gerencia en salud y exdirector de Caprecom en el Chocó, asegura que más de un factor conspira contra este departamento.
“La mayoría de los chocoanos –explica– vive en zonas dispersas, a las que se accede, en buena medida, por vía aérea o luego de largas y costosas travesías por río. Ese factor, al que se suma la carencia de infraestructura básica, como acueducto y saneamiento, colegios, vías y desarrollo industrial, pone al departamento en una desventaja enorme”.
Según Córdoba, el modelo de salud de Colombia no se ajusta a las particulares condiciones del departamento, “por eso no funciona, ni aquí ni en otras regiones apartadas del país, y aun así el Estado insiste en implantarlo. El peor camino es estigmatizar al Chocó y decir que si nada sirve es porque en este departamento todo se roban”.
Pese a lo dicho, no es un secreto tampoco que bajo ese estado de cosas también es difícil administrar y controlar. Para la muestra está que la Supersalud, que intervino el hospital por un año, debió solicitar nueve prórrogas, por lo complicado que resultó poner a andar el plan de mejoramiento.
Difícil actuar
En el informe ‘Crisis humanitaria en Chocó’ (2014), la Defensoría del Pueblo enumera otros factores que, de manera directa e indirecta, agravan la precaria situación de la salud en ese departamento.
Menciona, por ejemplo, que la población está compuesta en su mayoría por comunidades étnicas y campesinas en alto riesgo de desplazamiento o confinamiento, por la amenaza de grupos armados ilegales y bandas criminales.
Su presencia genera una sensación de zozobra y amedrentamiento permanentes en ciudadanos y autoridades de todo orden (incluidas las del sistema de salud), que ven limitada su capacidad de acción.
Una muestra de eso es que la imposibilidad de movilizar, de manera segura, brigadas de personal entrenado, mantiene bajos los niveles de vacunación y de control de los vectores que transmiten males como la malaria; en ese departamento, esta enfermedad presenta un desborde mayor que el reportado en la mayoría del territorio.
El mismo ente de control señala que las pocas EPS que siguen operando (la mayoría en el régimen subsidiado, dados los altos niveles de pobreza), no cuentan con redes hospitalarias suficientes para atender a los afiliados, ni siquiera en los niveles básicos.
En otras palabras, aun cuando en el papel la gente está asegurada, las EPS no tienen dónde atenderla. El Chocó es, de hecho, uno de los departamentos con el menor porcentaje de goce efectivo de los servicios de salud en todo el país.La corrupción, además, lo permea todo, incluso los dineros de la salud pública.
La Fiscalía General de la Nación, valga decirlo, tiene abiertas investigaciones por contratos amañados para el suministro de medicamentos, pagos irregulares por servicios no prestados, contratación de ambulancias aéreas que se usaron para transportar particulares, pagos exagerados a especialistas y desvío y robo de recursos.
‘Se probó de todo para salvar el hospital’
El superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, explica su decisión se liquidar el San Francisco de Asís.
¿Para qué sirvieron nueve años de intervención del hospital?
Se intervino porque tenía indicadores deficitarios en lo asistencial, financiero y administrativo, y ponía en riesgo la atención a la población. Sé que fue una intervención muy extensa; por eso, cuando asumí la Supersalud (hace algo más de año y medio), empecé a buscar una solución de fondo para el San Francisco de Asís, algo definitivo, y no solo con este hospital; llegué decidido a ponerles punto final a las intervenciones prolongadas.
Estructuramos un plan para su recuperación. Se probó de todo para mantener el servicio, desde la búsqueda de operadores externos para la operación, que fue infructuosa porque nadie se le midió, hasta la gestión de recursos. A la fecha se han pagado cerca de $ 12.000 millones de pasivos y se inició la mejora de la infraestructura. Hay avances claros al respecto. Requeríamos un tiempo más para completar el plan y equilibrarlo en lo financiero.
¿Qué garantiza la liquidación del hospital?
Dos cosas: pagar la totalidad de los pasivos del hospital, que están por el orden de los $ 37.000 millones, y la continuidad en la prestación de los servicios. Gracias al convenio con el Hospital Público Ismael Roldán, acá no se van a interrumpir los servicios.
La Corte dice que allá no se hizo nada…
Fue una intervención larga, pero se logró lo más importante: mantener abiertos los servicios de un hospital que es referencia en el departamento para la población más pobre. Se avanzó para lograr las condiciones de habilitación del hospital, se pagó la mayoría de las deudas salariales y se pasó de facturar $ 824 millones, en el 2007, a $ 3.042 millones, en promedio.
Usted es el dueño de la vigilancia… ¿Qué va a pasar ahora?
Primero, aclaro que se liquida la personería jurídica del San Francisco de Asís, pero va a seguir prestando los servicios. En unos meses, el departamento deberá determinar si sigue con el modelo o inicia un proceso para entregarle la operación a un tercero. Vigilaremos ese proceso.
REDACCIÓN SALUD
