Hace apenas cuatro años, en el 2012, los colombianos celebraban haber logrado la mayor reducción en los narcocultivos desde que esas áreas se miden en el país: eran, según Naciones Unidas, 47.790 hectáreas de hoja de coca.
Pero desde entonces empezó una curva ascendente que llevó a que el 2015 se convirtiera, con 96.084 hectáreas, en el año con más narcosiembras de los últimos ocho años. El país volvió a los niveles del 2007 y, más grave aún, el potencial de producción de cocaína se disparó a 646 toneladas. Ahí está una de las claves del impresionante récord de incautaciones del año pasado, cuando las autoridades decomisaron y destruyeron 252 toneladas del alcaloide. Es un hito amargo, porque de todas maneras los narcos se quedaron con 394 toneladas de cocaína que exportaron o vendieron en las calles del país, con ganancias billonarias.
El mapa de la coca, que fue entregado oficialmente esta semana pero cuyas malas notas ya habían sido reveladas por este diario en marzo, señala que en tres departamentos se concentra el 60 por ciento de los cultivos.
Nariño, con 29.755 hectáreas; Putumayo, con 20.068, y Norte de Santander, con 11.527 hectáreas, repiten como los más afectados. En esos departamentos y en los otros que tienen cultivos importantes (Guaviare, con 5.423 hectáreas, y Meta, con 5.002), las Farc son el grupo armado ilegal con mayor presencia, pero también hay fuerte actividad de las bandas criminales y, en menor medida, del Eln. Tan solo en Tumaco, puerto nariñense sobre el Pacífico, hay 16.960 hectáreas; esto lo convierte en el municipio más golpeado por la coca y sus plagas asociadas, especialmente el homicidio (con 130 casos en 2015, la tasa es 65 por cada cien mil habitantes: 2,5 veces la nacional).
¿Se está perdiendo la batalla contra la coca? La simple lectura de las cifras da para encender todas las alarmas.
Además de la disparada en siembras y producción, hay más familias sembrando la hoja (se pasó de 67.000 a 74.500 familias, que equivalen a más de 300.000 personas), y cada vez es más evidente el uso de áreas protegidas para la siembra, como parques naturales y zonas de resguardo indígena.
Sin embargo, advierte el mismo Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, la lectura no puede hacerse por simples tendencias de las cifras. Paralela a la decisión más radical en la lucha antinarcóticos, la de acabar con las fumigaciones aéreas, el Gobierno se está jugando la carta de la paz con las Farc.
Ese grupo ha sido históricamente el mayor protector de los narcocultivos. Si se cumple el acuerdo por el cual esa guerrilla se aleja del narcotráfico y el Estado le mete realmente la ficha a las políticas de desarrollo en las zonas más afectadas, el mar de coca que se ve en algunas regiones no necesariamente será el retrato del futuro.
1. El fin de la aspersión aérea golpea
De un pico de 172.000 hectáreas de coca fumigadas con glifosato en el 2006, el año pasado se cerró con apenas 28.000. Por decisión del Gobierno, después de 30 años de usar las aspersiones aéreas y atendiendo alertas de posibles efectos cancerígenos y una orden de la Corte Constitucional, no llovió más glifosato sobre la coca desde el primero de octubre.
El lío es que hasta ahora no se ha hallado un sustituto efectivo de esa estrategia. Con un equipo aéreo se podían fumigar 800 hectáreas al día. En el mismo lapso los erradicadores en tierra afectan apenas 8 hectáreas, frenados sobre todo por la amenaza de las minas antipersonas.
Ese panorama debe cambiar si el proceso de paz con las Farc llega a buen puerto: esa guerrilla se comprometió al desminado y a colaborar con la erradicación manual en sus zonas de influencia, que coinciden todas con las mayores áreas de coca.
2. Subió el precio de la hoja
El informe de Simci encontró que los narcos les están pagando más a los campesinos por la hoja de coca, que es la esencia del negocio. Es, de hecho, la única parte de la cadena en la que ha habido aumento de precios. Desde el 2014, el kilo de hoja viene hacia arriba: de 2.150 pesos en promedio, ha llegado a negociarse por encima de los 3.000 pesos. Los campesinos sacan 4 cosechas al año, y de una hectárea sacan 1.146 kilos de hoja. Esa es una de las explicaciones de por qué hoy hay más de 7.000 familias más en el negocio de la siembra, y atraerlos hacia el desarrollo alternativo será uno de los retos inmediatos.
En todo caso, se trata de una ganancia mínima frente a la que sacan los narcos, que hoy están comprando el kilo de cocaína en el lugar de producción a 4,7 millones pero lo pueden vender, en Estados Unidos, a precios que van de 50 a 90 millones.
3. Fuerza Pública, amarrada
La ONU dice que una de las causas de la expansión de los narcosembrados es la “reducción en el riesgo asociado con la actividad ilícita”.
La ecuación es sencilla: sin la fumigación aérea, la punta de lanza del Estado eran los equipos de erradicadores en tierra. Pero los bloqueos de las comunidades tienen literalmente amarrados a esos equipos. En lo que va de este año se cuentan más de 219 bloqueos. Eso pasó en el Catatumbo (donde hoy hay casi 10.000 hectáreas) y pasa en Tumaco. “Demoramos más en armar las carpas que en aparecer los campesinos que quieren impedir que trabajemos”, le dijo a EL TIEMPO un erradicador.
Los narcos concentran cultivos en zonas de frontera (además de Norte de Santander, en Putumayo, que tiene 20.000 hectáreas), donde desde hace años se dejó de fumigar para evitar líos con los gobiernos de Venezuela y Ecuador.
4. Muchas comunidades le siguen apostando a lo ilegal
El crecimiento de los sembrados ilegales en regiones como el Catatumbo coincide, paradójicamente, con un acuerdo del 2013 que le puso fin al paro campesino y por el cual el Estado dejaba de fumigar y de erradicar manualmente a cambio de que las comunidades se acogieran a los planes de sustitución voluntaria. Esos compromisos no se cumplieron y por eso la zona es hoy uno de los mayores focos de coca de todo el país.
En algunas regiones, dicen las autoridades, se detectó que la guerrilla había promovido la siembra para que, llegado el momento, las comunidades pudieran presionar al Estado y lograr mayores beneficios a cambio de dejar la ilegalidad.
También hay una evidente contradicción entre el discurso de algunas comunidades indígenas y negras, que históricamente se han opuesto por razones ideológicas y de raza a las acciones del Estado contra el narcotráfico, y el incremento de los cultivos en sus tierras.
En los resguardos indígenas, según el informe Simci, la coca pasó de 7.799 hectáreas en el 2014 a 11.837 en 2015. Es una de las razones por las que Cauca es hoy el cuarto departamento con más coca: 8.860 hectáreas. Y en las tierras de afros, se pasó de 10.626 hectáreas a 16.030.
La coca también invade los parques: subió un 13 por ciento en 2015, hasta las 6.214 hectáreas.
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