En 14 sectores de la capital santandereana, a la luz del día y frente a la mirada de transeúntes y autoridades, más de 3.000 mototaxistas ofrecen en Bucaramanga sus servicios ilegales en un oficio que se convirtió en paisaje urbano de una de las principales ciudades del país.
La actividad ya es tan pública y tan habitual que el jueves pasado más de 200 ‘mototrabajadores’, como se hacen llamar los que realizan esta práctica ilegal, se reunieron en una zona céntrica para protestar por los operativos en los que las autoridades han sancionado este año a cerca de 900 motociclistas que fueron sorprendidos transportando pasajeros.
Frente a la mirada impávida de visitantes, que se sorprendieron al ver que sin ningún pudor los mototaxistas protestaban, los conductores rodaron lentamente por varias calles y con distintas frases en numerosos carteles le exigieron al alcalde, Rodolfo Hernández, cumplir la promesa que les hizo en campaña, cuando en una reunión les aseguró que no ordenaría acciones legales en contra.
“El alcalde nos incumplió y él mismo nos indicó el miércoles pasado que no podía cumplirnos porque un juzgado le había ordenado adelantar operativos contra nosotros. La comunidad nos apoya porque trabajamos en numerosos lugares adonde no llega el transporte público”, contó Jhon Melo, líder de una asociación que agremia a más de 300 mototaxistas.
Hernández, que se había mantenido en su posición de buscar una salida social al fenómeno sin atacarlos, cambió esta semana su discurso al precisar que “no puedo violentar una norma nacional ni desacatar una orden de un juez que me dice que tengo que cumplir la ley y recoger los mototaxistas. La verdad, esas son consecuencias del mal diseño de Metrolínea”.
Así respondió el alcalde a un fallo en el que el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga les ordenó el 30 de mayo pasado a los alcaldes del área metropolitana adoptar medidas prontas y eficaces para frenar el mototaxismo, que, junto a los carros ‘piratas’ y taxis que ilegalmente trabajan como colectivos, le quita al transporte público más de 1.500 millones de pesos al mes, según el Observatorio Metropolitano.
La orden judicial fue una respuesta a la denuncia instaurada por Carmelo Guerrero Hernández y José Luis Barrera, líderes de los taxistas, quienes consideran que las autoridades no realizan el trabajo suficiente para acabar con el fenómeno que diariamente moviliza a cerca de 32.000 pasajeros.
Millonarias pérdidas
Mientras los mototaxistas ruedan por toda la ciudad ofreciendo carreras mínimas a 3.000 pesos –en los taxis cuesta 5.000– y reciben 6.000 pesos por un desplazamiento entre Floridablanca y Bucaramanga, que en transporte legal cuesta 11.000 pesos, los transportadores legales se quedan sin recursos para trabajar.
Freddy Cubides, directivo de Metro Cinco Plus, uno de los dos operadores del sistema integrado de transporte masivo (Metrolínea), dijo que, ante el auge desproporcionado del mototaxismo, es testigo de cómo varios taxistas han migrado a la actividad ilegal por las ganancias que esta práctica deja en Bucaramanga.
Frente al fenómeno, en lo único que coinciden todas las partes es que, desde hace siete años, cuando arrancó Metrolínea, la aparición del sistema disparó el mototaxismo porque los buses articulados y alimentadores no han llegado a zonas como el norte de Bucaramanga y Girón.
Para Fernando Martínez, consultor especializado en transporte, la solución a la crisis estaría en la implementación de medidas como la prohibición del segundo casco o el parrillero, o el censo del núcleo familiar del motociclista que, con restricciones, solo podría movilizar a conocidos.
Pero Miller Salas, director de Tránsito de Bucaramanga, considera que esas restricciones no se podrían, por ahora, ejecutar en la ciudad, pues, según él, la mayoría de los 350.000 motociclistas registrados en el área metropolitana no son mototaxistas.
De acuerdo con la tesis del funcionario, las normas que con éxito se han instaurado en otras ciudades del país se han implementado ante los numerosos casos de fleteo, robos e inseguridad, que en la ciudad no se registran.
Ante las numerosas críticas por la supuesta actitud permisiva de las autoridades, Salas insistió en que sí se está trabajando contra el transporte informal, pero admitió no contar con el personal suficiente.
El mayor retirado de la Policía Juan Carlos Pinto, asesor en transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, reiteró que las autoridades cumplen operativos constantes, pero también admitió que “el tema ya es un fenómeno social”.
Aunque este año delegados de las alcaldías, direcciones de Tránsito, Metrolínea, Policía, Área Metropolitana y transportadores se han reunido en cinco oportunidades, no se han adoptado aún acciones conjuntas contra el mototaxismo.
EL TIEMPO contactó a Ángela Farh, gerente de Metrolínea, para que diera su versión sobre el problema, pero la funcionaria no concertó una cita para responder a las críticas en las que, en parte, responsabilizan al sistema por el auge del transporte informal porque sus buses no cubren todas las rutas de la ciudad.
FÉLIX LEONARDO QUINTERO
