Dueño de avioneta incautada no tenía ni para pagar servicio de salud

Dueño de avioneta incautada no tenía ni para pagar servicio de salud

La aeronave, al parecer, hacía parte de una flotilla utilizada para transportar cocaína.

08 de julio 2016 , 10:45 p.m.

Un juez de Medellín ordenó la extinción de dominio de una avioneta sobre la que había sospecha de que haría parte de una flotilla usada para transportar cargamentos de cocaína con destino a México.

Según la investigación de la Fiscalía, la nave de matrícula HK 4281 avaluada en 420 millones de pesos aparecía a nombre de Carlos Alberto Meza, quien “no demostró el origen del dinero con el que la compró”.

En el expediente dice que Meza aparece como propietario de una fábrica de artículos deportivos en Medellín, con lo que intentó justificar sus ingresos; sin embargo, esa empresa está ubicada en una casa de familia y no se encontraron evidencias de que en realidad funcionara.

Se trata de una empresa ficticia fraguada para negocios ilícitos”, dijo en el juicio el representante del Ministerio de Justicia.

En el proceso se tuvo en cuenta otra investigación relacionada con la nave HK 4650 involucrada en tráfico de droga.

Esa avioneta fue detectada en enero del año pasado cuando viajaba a Tolú (Sucre) a donde nunca llegó. Los pilotos de la nave apagaron los radares y luego se volvió a saber de ella cuando llegó a Guatemala y luego a Chiapas (México), en donde descargaron unos paquetes para luego incinerar el aparato.

Las autoridades lograron establecer que la nave quemada fue movida inicialmente por el piloto Hernán Aguslar y el técnico José B. Tenjo, este último también estaba encargado de la nave perteneciente a Meza.

Sumada a esa evidencia el juez consideró sospechoso que la nave tiene registro de 147 vuelos en el país cuando era de uso privado y no comercial, lo cual “genera mayores dudas de su utilización en actividades ilegales”.

Meza González señaló que la nave fue usada para prestar servicios de chárter y transporte de pescado, pero no presentó documentos para justificar los vuelos realizados.

El funcionario judicial sostuvo que el dueño de la aeronave “ni siquiera tenía recursos para cotizar en el sistema de seguridad social en salud” y menos para comprar la avioneta, por lo que ordenó la extinción definitiva del bien y su entrega a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

JUSTICIA

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