A raíz de una noticia publicada en EL TIEMPO y una crónica posterior de la periodista Salud Hernández-Mora para este mismo diario, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna afirmó que fue mal citado cuando le atribuyeron que una investigación en la que se decía que el mercurio proveniente de la actividad ilícita había sido la causa de la muerte de 37 niños en Chocó.
En su texto del pasado 6 de julio, titulado ‘Lo que me siento es muerto’, la periodista Hernández-Mora contaba el drama que vive buena parte de la población de Río Quito, en Chocó, por la contaminación en su cuerpo debido a esa sustancia utilizada en la extracción ilegal de minerales que se cuela en el pescado, el aire y el agua.
Según un estudio de la Universidad de Cartagena citado, el 80 por ciento de los habitantes analizados presentaron partículas de esas sustancias en su sangre, orina y cabello.
Además, así como en otros medios nacionales, se atribuyó a ese centro una investigación que señalaba al mercurio como causante de la muerte de los menores en ese departamento.
Sin embargo, esa ONG que trabaja hace seis años con las comunidades negras de la región para exigir la acción del Estado contra esa actividad irregular sostiene que la demanda admitida por la Corte Constitucional que interpuso para la protección de la población ante este fenómeno no está sustentada en ese último argumento, afincado en el mercurio como la sustancia mortal.
“La tutela interpuesta aborda la multiplicidad de factores que contaminan al Atrato. Desde la minería informal, pasando por la tala indiscriminada de bosques, hasta la falta de sistemas de acueducto y alcantarillado que proporcionen agua potable y de calidad a las comunidades ribereñas”, explicó Tierra Digna.
De esta forma, la ONG señaló que su recurso menciona como cierta la muerte de niños de las comunidades del Atrato por ingesta de agua contaminada, pero la relacionan a la ausencia de redes de acueducto y saneamiento básico.
Y aclararon que el problema del mercurio lo abordaron en esta acción legal –que la periodista destacó como la que prendió las alarmas ante la crisis social en esa zona–, específicamente relacionado al consumo de peces, a la inhalación de vapor de mercurio y semillas con altas concentraciones o exposiciones directas.
La organización agrega que sus denuncias se basan en la vulneración de derechos en general y no presenta estadística que vincule directamente consumo de agua con muerte de niños.
EL TIEMPO