Con una combinación de alivio, incertidumbre y expectativa, Juan Carlos Bustamante recibió este viernes a representantes del Metro, para que adelantaran los diagnósticos que permitirán determinar los procesos de reparación que deben hacerse en su casa, ubicada en el barrio San Luis (oriente) y afectada por las obras del tranvía de Ayacucho.
El grupo del Metro, conformado por un arquitecto y una guía social, llegó en compañía de un ingeniero de la Corporación de Desarrollo, Educación y Vivienda (Codevi), una ONG con 36 años de experiencia, que el pasado 7 de julio inició las evaluaciones en algunas de las 75 viviendas que presentan fisuras y grietas susceptibles de reparación.
Inicialmente, la entidad fue contratada para realizar el diagnóstico en 35 de las casas que tienen daños. Su trabajo está presidido por el estudio que contrató el Metro con la Universidad Nacional y que se entregó hace casi dos semanas.
El Metro de Medellín conformó un grupo especial de profesionales para tratar el tema de las viviendas afectadas en el barrio San Luis. |
En él se concluyó que además de los 75 inmuebles que pueden ser reparados y no requieren evacuación definitiva, hay otros 174 que no tienen más salida que ser demolidos, lo que significa un drama para decenas de familias que han sido evacuadas y expresan la incertidumbre por no saber aún cómo y cuándo les va a pagar el Metro.
Es el caso de la madre y la hermana de Bustamante, quienes esperan que les den respuesta del lugar donde les comprarán una nueva casa, pues la suya, esa que les costó 25 años construir, está deshabitada, al igual que casi 50 más, en las que solo puede verse polvo a través de las ventanas, basura y facturas arrumadas en las puertas.
“Cuando iban a hacer el tranvía estábamos muy felices. No me imaginaba que iba a sufrir tanto cuando las casas se estremecían por la dinamita que usaban en las obras y mucho menos que la mía iba a resultar tan dañada, que ya no podríamos vivir más en ella”, relató con lágrimas en los ojos Alba Torres, su madre.
Ese dolor lo comparte Juan, pues aunque no debe abandonar su casa, perderá la cercanía de su madre y su hermana, como le sucedió a su esposa Luz Marina Giraldo, quien tras vivir desde los 4 años en el mismo barrio con su familia, todos han tenido que desalojar, excepto dos primas.
“Yo siento una gran carga de estrés, en ese tiempo me imaginaba la llegada de la Policía tratando de sacarnos de la casa, algo así como en la película La estrategia del caracol”, expresó Bustamante.
Agregó que la comunidad ya no confía en el Metro y que esperan que sea una dependencia de la alcaldía, tal vez el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la que lidere las soluciones de vivienda para los que tuvieron que evacuar.
Por su lado, el Metro busca suscribir un convenio con esta entidad para atender la problemática. Asimismo, hace 15 días instaló una oficina en la zona para aclarar dudas de la gente sobre el futuro de sus casas.
El anhelo de todos es que les compensen los daños de una forma justa, equivalente al tamaño y comodidad de las viviendas que se constituyen en los sueños de toda una vida.
Muchos opinan que los daños eran previsibles
Según el estudio patológico entregado al Metro por la Universidad Nacional en días pasados, los 175 inmuebles que deben ser demolidos tienen daños fuertes a extremos y su reparación es “inviable técnica y económicamente”.
Las familias que han tenido que evacuar sus viviendas viven actualmente en casas alquiladas que está pagando el Metro. |
Al respecto, Jorge Mario Tobón, gerente Social y de Servicio del Metro, explicó que ya existía un estudio técnico previo sobre el estado de las viviendas, que coincide en buena parte con las conclusiones del de la Universidad Nacional.
Con esto no está de acuerdo Juan Carlos Bustamante, quien relató que estos estudios habían arrojado que su casa debía ser deshabitada y demolida, mientras que el nuevo indica que es posible repararla.
Tobón también argumentó que los daños más fuertes no fueron causados solo por “la construcción del tranvía sino también por las condiciones generales del suelo, por las mismas características estructurales de las viviendas, pues algunas quebradas que existieron hace algunos años fueron cubiertas y se construyeron estas casas”.
Esta postura es refutada por Bustamante, quien manifestó que la responsabilidad de los daños es exclusiva del Metro, en tanto que las casas empezaron a verse afectadas con las obras del tranvía, algo que nunca antes había sucedido.
En opinión de la concejal Luz María Múnera, la equivocación más grave fue no haber tomado las medidas necesarias para evitar daños que eran previsibles.
“Existía un estudio del 2010 hecho por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), que decía que ese era un terreno de relleno y que la gente no se tenía que desalojar siempre y cuando no se hiciera algo que moviera el terreno, porque ya tenía estabilidad”, indicó.
Entre tanto, Tobón afirmó que para las familias evacuadas el Metro cubre los costos de arrendamiento temporal y reiteró el compromiso de la entidad de reparar las viviendas que no serán demolidas en un plazo que tomaría aproximadamente seis meses.
Aún no se tienen los costos de ambos procesos, por lo cual se espera que se adelanten con agilidad los avalúos para determinar la destinación de recursos.
En la reunión que tendrán este sábado, los afectados aclararán dudas y harán propuestas para asistir a un debate que se realizará en el Concejo el próximo 24 de julio, con el fin de hacerle seguimiento a la situación.
HEIDI TAMAYO ORTÍZ
Redactora de EL TIEMPO
@HeidiTamayo