Las Farc enviaron este viernes un ultimátum a los hombres del frente primero que anunciaron, a través de un comunicado, que no se someterían a los acuerdos de paz de La Habana y, por lo tanto, no se desmovilizarían.
El estado mayor del bloque Oriental, del que depende ese frente, sostuvo que la decisión persigue fines económicos y advierte que de persistir en la decisión, los rebeldes “no pueden usar su nombre (de las Farc), armas y bienes con ningún propósito”.
Las Farc aseguran que la disidencia “apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”. Esos intereses son los cultivos y rutas de la coca en Guaviare. (Lea también: Jefes de Farc hablarán con frente que busca apartarse de proceso paz)
Según informes de las autoridades, el frente primero ha perdido buena parte de su peso en el narcotráfico de la guerrilla, pero aún mueve unas dos toneladas de cocaína mensuales y obtiene de ese tráfico millonarias ganancias para la organización ilegal.
En el comunicado de este viernes, las Farc se refieren a los disidentes como “antiguos mandos y combatientes” y señalan que las decisiones del estado mayor “son de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes”.
Añaden que el jefe del frente es ‘Gentil Duarte’, quien estuvo en La Habana y actualmente se encuentra en la zona del Guaviare con sus hombres más cercanos, cumpliendo con la pedagogía para el cumplimiento de los acuerdos de paz. (Además: Claves para entender por qué frentes de Farc optarían por no a la paz)
Este viernes, el ministro del Interior encargado, Guillermo Rivera, se sumó a la advertencia que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los miembros de las Farc que no se la jueguen por el proceso de paz.
“Los frentes guerrilleros que no se acojan a los acuerdos tendrán una de dos opciones: o terminar en una cárcel con la aplicación de la justicia ordinaria o terminarán siendo dados de baja por la Fuerza Pública, que los seguirá combatiendo”, dijo Rivera.
A su turno Rafael Pardo, ministro del posconflicto, reiteró que el proceso de paz no implica una reducción del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, por lo que todas las capacidades del Estado estarán dispuestas para ser dirigidas contra “los grupos o personas que no entren en el proceso de desmovilización”.
Este viernes, sin citar sus fuentes, el procurador Alejandro Ordóñez expidió un comunicado en el que asegura que el frente primero no sería el único que se mantendría en la ilegalidad. Ordóñez dice que el frente 7, que hace presencia en los departamentos de Meta y Guaviare y que tiene 300 hombres entre milicianos y guerrilleros tampoco se desmovilizaría. (También: El expediente del frente de Farc que no entraría en el proceso de paz)
En un comunicado, Ordóñez, caracterizado crítico del proceso de paz, reiteró su posición según la cual el acuerdo del 23 de junio supuestamente no obliga a la desmovilización de los milicianos, versión que ha sido rebatida por el Gobierno Nacional.
El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que “por ahora no hay mucha información” sobre la posición del frente séptimo, y añadió que “es algo que se va a investigar”. “En caso de que así sea, se enfrentaran con todo el peso de la Fuerza Pública”, advirtió.
Este viernes también reaccionó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y sostuvo que “el procurador Ordóñez hace propaganda sucia contra la paz, inventa divisiones en las Farc e incita a guerrilleros a rebelarse contra el proceso”.
Analistas del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) han advertido que otros frentes, como el 57, con presencia en el Urabá antioqueño, y el 16, que delinque entre los departamentos de Vichada y Guainía, también podrían estar en riesgo de apartarse de la paz.
La razón sería la misma que mueve a la disidencia del frente primero: están en zonas estratégicas con corredores de movilidad y manejan millonarios recursos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal. (Lea: Farc advierten a frentes que en guerrilla no hay lugar a disidencias)
Dos meses para acabar hoja de coca
El ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró este viernes que en un máximo de dos meses se espera tener un compromiso firmado con las comunidades de Briceño (Antioquia), donde este domingo se iniciará el plan piloto de sustitución de cultivos, para que abandonen la siembra y comercialización de la hoja de coca.
Para este propósito se harán mesas temáticas que buscan definir qué se va a sembrar a cambio de coca y cómo se va a hacer esta sustitución. (También: 'El Procurador no debe ser el vocero de lo que pasa en las Farc')
El Ministro agregó que se espera que el Gobierno ponga en marcha, como parte de ese compromiso, un plan de atención inmediata que busca que estos campesinos empiecen a generar una transformación hacia otra actividad en ese territorio.
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