El 2015 se cerró como el año con más coca en Colombia en los últimos ocho años: según las mediciones del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) que serán reveladas este viernes, en el país hay al menos 96.000 hectáreas de la hoja.
El incremento equivale al 39 por ciento con respecto al 2014, cuando fueron detectadas 69.000 hectáreas. Detrás de la disparada de los narcocultivos, que ya había sido advertida por un informe de este diario en marzo pasado, hay fenómenos como el fin de la fumigación aérea, la intensificación de las plantaciones en las zonas de frontera y el incumplimiento de comunidades que se habían comprometido a sustituir cultivos y no lo hicieron.
El 2015 es el tercer año consecutivo de aumento de los narcosembrados: de 48.189 hectáreas detectadas en el 2013 se pasó a las casi 70.000 en el 2014. Y también viene creciendo el potencial de fabricación de coca: de 442 toneladas del año pasado se pasaría a unas 615. (Lea también: Así despega el plan pactado en Cuba para erradicar en Briceño)
Por departamentos se mantienen como los más afectados: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá y Cauca.
Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, los cinco departamentos mencionados concentran el 81 por ciento de los cultivos de coca.
Como municipio, Tumaco (Nariño) sigue como el de mayor nivel de producción de hoja: en el puerto nariñense hay 16.990 hectáreas de sembrados de hoja de coca, que representan el 17 por ciento del total nacional. Como región, la más afectada es el Catatumbo, en Norte de Santander.
Las cifras son cercanas a las del 2007, cuando el país reportaba 99.000 hectáreas sembradas. De hecho, desde ese año el número de áreas reportadas oficialmente con cultivos ilícitos descendió hasta su mínimo histórico desde que se lleva registro: 48.000 hectáreas en el 2013. (Además: Mindefensa advierte incremento de cultivos ilícitos en el país)
La cifra, que ratifica a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, sobre Perú y Bolivia, no toma de sorpresa al Gobierno Nacional, el mismo Mindefensa había advertido hace tres meses de un “incremento importante en los sembradíos” con respecto al 2014.
Desde esa fecha, se ha venido desarrollando todo un plan de contingencia para intentar revertir la tendencia negativa.
La estrategia pasa por la incorporación de 7.000 hombres de la Fuerza Pública a los equipos de erradicación manual y la utilización del glifosato, pero desde tierra a través de bombas que llevan los miembros de la Fuerza Pública.
Esta última modalidad, autorizada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, ya está lista para empezar a implementarse, pero en todo caso implica serias dificultades operativas. (Lea: Acuerdan plan para sustituir cultivos ilícitos en veredas de Antioquia)
“En un día promedio erradicamos manualmente entre 7 u 8 hectáreas de matas de coca –dijo un policía de Antinarcóticos– (...). Es un proceso muy lento por la seguridad que hay que mantener en el área y por la posible presencia de minas antipersona, además de los bloqueos de los campesinos”. Un solo día de fumigación podía cubrir, en cambio, 800 hectáreas de matas de coca.
Por eso, la gran apuesta del Gobierno es la paz: las Farc se comprometen a ayudar a erradicar en sus zonas de influencia, y de hecho ya hay un plan piloto en el municipio de Briceño (Antioquia).
Más allá del papel de erradicador, la clave está en que la guerrilla se compromete a no atacar a los equipos de erradicadores, que actualmente tienen en las minas antipersona sembradas por las guerrillas uno de sus mayores obstáculos. El Estado, por su parte, se compromete a ampliar los programas de sustitución de cultivos.
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Impacto del fin de la fumigación
El año pasado, la Organización Mundial de la Salud le recomendó al Ministerio de Salud de Colombia frenar la utilización del herbicida, por considerarlo un posible cancerígeno.
Atendiendo dicha recomendación y una orden de la Corte Constitucional, el Gobierno decidió no fumigar más desde el primero de octubre del 2015. Pero, en realidad, esa estrategia estuvo afectada, incluso, por los ataques a las flotillas aéreas, ya que no se asperjó los cuatro primeros meses del 2015, mientras se resolvían los problemas de blindaje de los aviones. Esa es una de las razones por las que la fumigación cayó de 50.554 hectáreas en el 2014 a apenas 28.076 en el 2015.
La utilización de los bloqueos campesinos explica también la disparada de la coca. La guerrilla utilizó esta táctica en varias zonas para frenar la erradicación, además de los ‘conejos’ de las comunidades a los compromisos de erradicar voluntariamente.
Eso está pasando aún hoy en el Catatumbo. Desde septiembre del 2013, en medio del llamado Paro Agrario, el Gobierno accedió a frenar las fumigaciones y la erradicación manual. Así se pasó de 5.604 hectáreas de matas de coca sembradas en ese año a 7.658 en 2014.
Hoy, esa región es una de las críticas en el mapa del narcotráfico. Aunque las Farc están cumpliendo su cese unilateral allí, el Eln y la banda criminal de ‘los Pelusos’ (antigua disidencia del Epl) participan activamente en el negocio. Incluso financian a los campesinos para que siembren.
Luz verde para fumigación manual
El Gobierno reglamentó los procesos de erradicación de cultivos ilícitos a través de la fumigación terrestre con glifosato, que se habían anunciado a comienzos de mayo pasado.
A través de la resolución 0009 del Consejo Nacional de Estupefacientes, se emitieron las directrices que debe seguir la Dirección Antinarcóticos de la Policía para las zonas focalizadas donde se fumigará manualmente. Una prioridad es establecer un plan de manejo ambiental para “prevenir y minimizar los posibles daños que se puedan derivar de dicha actividad”. Todos los procesos serán coordinados por un comité técnico interinstitucional, en el que tendrán asiento varios ministerios, la Policía y la Procuraduría.
Otra de las medidas reglamentadas es que se hará un seguimiento mensual a las fumigaciones manuales con glifosato –en el punto de mando de la Dirección Antinarcóticos– y cada tres meses se analizarán los resultados y objetivos por cumplir del programa –en el comité interinstitucional–, con el que se espera mejorar en los índices de erradicación de plantaciones ilícitas.
JUSTICIA