El Acuerdo de París, firmado recientemente en la ONU por 175 países, constituye un innegable avance histórico en la lucha mundial contra el cambio climático. Significa además un logro fundamental para el sector forestal por el reconocimiento explícito de la función crucial que, para enfrentar el calentamiento global, desempeñan la conservación y el manejo sostenible de los bosques; y por el llamado a adoptar medidas, incluyendo incentivos y pagos basados en resultados, tendientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y a aumentar las reservas forestales de carbono (REDD+).
Justamente bajo el esquema de pago por resultados, reviste la mayor importancia el acuerdo de cooperación suscrito con Alemania, Noruega y el Reino Unido en virtud del cual estos países le reconocerán a Colombia hasta 300 millones de dólares por disminución de la deforestación de aquí al 2020, y como contribución para el diseño y desarrollo de políticas que hagan posible la reducción de las emisiones de GEI debidas a la deforestación.
El éxito que pueda alcanzarse en el cumplimiento de estas ambiciosas metas está necesariamente ligado al que se logre en la firma e implementación de los acuerdos de La Habana. Puesto que ya se sabe que en el posconflicto son altos los riesgos de que se incremente la deforestación, es obvio que se requiere poner en marcha estrategias de prevención. Una de ellas, sin duda, es la de alcanzar una mayor presencia de las instituciones del Estado responsables no solo de controlar, sino además de brindar apoyo y asistencia técnica en el terreno a las poblaciones que viven en y dependen de los bosques.
Pero es aquí donde se necesita hacer un replanteamiento de fondo del enfoque prevaleciente, que privilegia casi exclusivamente las muy necesarias acciones de preservación estricta de los ecosistemas boscosos, dejando generalmente al margen las que se refieren al manejo forestal sostenible (MFS). Por ello, además de fijar metas para declarar más áreas protegidas, también el Gobierno debe adoptar metas de áreas de bosques bajo MFS, como una auténtica opción productiva para el desarrollo rural en el posconflicto.
Mientras que cerca del 85 por ciento de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) cuenta con un plan de manejo, el 70 por ciento de los bosques naturales que no forman parte de este sistema (¡más de 35 millones de hectáreas!) carece de plan de ordenación forestal. El SPNN ya contaba en el 2012 con 743 funcionarios de campo para atender 12,6 millones de hectáreas, con un promedio de 16.961 hectáreas/funcionario; en absurdo contraste, para la ordenación y el MFS de más de 50 millones de hectáreas de bosques naturales y áreas forestales, los funcionarios asignados por las CAR no llegan a 50, con un promedio nacional de más de 1’000.000 de hectáreas/funcionario (!), frente a un estándar deseable de 10.000 hectáreas.
Durante el anuncio del acuerdo con Alemania, Noruega y el Reino Unido hecho en el marco de la COP21, el presidente Santos afirmó que “Colombia está totalmente comprometida a aumentar sus esfuerzos para promover el uso sostenible de los bosques”. Hacer esto realidad implica emprender un verdadero revolcón en la Administración Forestal Pública para corregir situaciones tan impresentables como las que demuestran las cifras anteriores. Recientes y serios estudios internacionales (Cifor, 2016), basados en experiencias de varios países, indican que para generar verdaderos cambios en la gobernanza forestal con miras a reducir la deforestación se necesita más que la promesa de pago por resultados, y en esto la responsabilidad es del Gobierno.
José Miguel Orozco Muñoz