Hay documentos que, aunque parecen material especializado ‘espantalectores’, tienen tantas implicaciones generales que merecen ser conocidos. Uno de ellos es el reporte Belmont, sobre la protección de los humanos en la investigación científica. Es interesante no solo por las normas que dictó, sino por los principios éticos que desarrolló y por la forma inusual como lo hizo: primero llegó a los acuerdos, y de ellos dedujo los principios compartidos, no al contrario como es usual.
Todo empezó con el experimento de Tuskegee, que causó una conmoción en Estados Unidos. Se llevó a cabo en la universidad de ese nombre en Alabama. Durante 40 años, de 1932 a 1972, se observó médicamente a 400 afroamericanos pobres y enfermos de sífilis. Los tratamientos contra la sífilis por esos días eran muy tóxicos, y la investigación pretendía evaluar si sus efectos positivos superaban los negativos. Pero los participantes no fueron informados de su condición y la penicilina les fue ocultada, aunque ya se usaba con éxito desde 1947. Los investigadores se justificaron con el argumento de que trabajaban por “el bien de la humanidad” (aunque negando derechos fundamentales a los individuos). A los 25 años de terminado el experimento, el presidente Clinton les pidió público perdón en nombre de la nación.
Ese escándalo llevó a que en 1972 el Gobierno americano estableciera la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y de Comportamiento. La comisión estaba compuesta por personas con gran diversidad de intereses y de pensamiento. Hubo médicos, biólogos, psicólogos, filósofos, políticos y abogados, ateos y religiosos, del sector público y del privado. La comisión produjo guías y recomendaciones que, con algunas modificaciones menores, son todavía hoy de referencia obligada. En 1975 reglamentó las investigaciones con fetos; en 1976, las que involucran prisioneros; en 1977, las que involucran niños, y ese mismo año expidió normas para la transparencia en la información. En 1978 reglamentó la investigación con enfermos mentales.
El informe Belmont completo fue publicado en 1979, y tiene dos partes. En una recogió la normativa desarrollada y en la otra planteó los principios éticos rectores de toda esa normativa. Definió tres principios como la base mínima que debe adoptar una sociedad moral. El primero es respeto por las personas. Este incorpora una convicción ética básica: las personas deben ser tratadas como agentes autónomos, y aquellos que tienen una autonomía disminuida, por edad u otra circunstancia, deben ser protegidos. Se derivan de este principio dos reglas importantes: las personas deben dar su consentimiento informado para cualquier actividad a la que sean vinculadas, y debe decírseles siempre la verdad.
El segundo principio es el de la beneficencia (que ya está presente en el juramento hipocrático). El reporte lo define como la obligación de no hacer daño y de maximizar los posibles beneficios. El tercer principio es el de la justicia. Su sentido es que la gente debe recibir lo merecido y lo que es equitativo. De él se deriva el gran énfasis que ha hecho la bioética en los derechos individuales.
La comisión expidió normas operativas primero, y de ellas dedujo los principios básicos mínimos y comunes a todos. Su premisa fue que se pudo llegar a acuerdos, a pesar de las diferentes visiones de mundo de los comisionados, porque había fundamentos en los que coincidían, aunque no los hubieran hecho explícitos con anterioridad. No puede uno dejar de preguntarse si pudiéramos hacer algo parecido en Colombia. Parece que nos resulta más fácil llegar a acuerdos prácticos que a una visión compartida sobre lo que debe ser nuestra Nación.
Moisés Wasserman
@mwassermannl