Celebramos estos días los 25 años de haberse promulgado la Constitución de 1991, carta llena de promesas y buenos éxitos. Es una celebración oportuna, pero sobre todo necesaria. Este aniversario especial ocurre en medio de un clima de incertidumbre, con repetidos llamados a nuevas reformas y convocatorias de constituyente.
Ante dicha perspectiva, importa redoblar esfuerzos para defender lo conquistado hace un cuarto de siglo. ¿Cómo hacerlo?
Una respuesta puede encontrarse en la revisión de nuestra historia. Fue lo que sugerí en un congreso organizado por el exmagistrado y exconstituyente Hernando Yepes en la Facultad de Derecho de la Javeriana, en febrero de este año, donde se conmemoró la apertura de las sesiones de la asamblea constitucional que dio lugar a la Carta.
Quisiera repasar aquí algunos de los puntos expuestos en aquel encuentro, bajo una propuesta central: que a la Constitución del 91 se la defiende mejor si se la aprecia dentro de una larga tradición reformista en Colombia. Ello no significa negarle sus aspectos innovadores; es simplemente una invitación a saber valorar sus más profundos cimientos.
Esta propuesta exige mirar el pasado nacional con otros ojos, una lectura de nuestra historia radicalmente distinta de la que domina el debate público. Hay por lo menos tres temas que creo deberían ser reexaminados.
El primero, de enorme significado a pesar de la distancia en el tiempo, corresponde a lo que Isidro Vanegas llamara el “constitucionalismo fundacional”: aquel período temprano de la independencia, cuando las distintas provincias de Nueva Granada adoptaron textos constitucionales en números extraordinarios.
Existe ya una nueva generación historiográfica que permite este primer reexamen –en el que se incluyen los trabajos del mismo Vanegas, de Armando Martínez y Daniel Gutiérrez, entre tantos otros–. Sus textos deberían ser leídos con mayor atención en las facultades de derecho y política.
Y fuera de las universidades, sus lecturas podrían servir para superar el aún predominante desprecio hacia la mal llamada ‘Patria Boba’, hasta que abandonemos del todo esta forma autodespectiva de concebir la nación.
El segundo tema invita a una relectura de nuestra historia política que sirva para corregir la narrativa del bipartidismo eterno, excluyente y fratricida. Hubo constitucionalismo antes del surgimiento de liberales y conservadores. Y antes y después hubo terceros partidos, cuyo protagonismo histórico, como tales, merece mayor reconocimiento.
El tercero es tal vez un corolario del anterior: no es cierto que nuestro constitucionalismo haya sido exclusivamente el resultado de las guerras. Partidos victoriosos impusieron ciertas cartas, como la de 1863 y 1886. Pero hubo otras fruto de acuerdos, como las de 1853, las reformas sustanciales de 1910 y, claro, la de 1991 que celebramos en estos días. Y en las impuestas hubo negociaciones y concesiones implícitas que escapan de cualquier lectura ligera de la historia.
Esta es, en su conjunto, una propuesta para modificar la misma forma como hemos solido abordar nuestro pasado, desde una perspectiva preeminente de guerra. En vez de seguir obsesionados de manera casi exclusiva con vernos retratados en la violencia, deberíamos abrir más espacios para estudiar y valorar nuestros procesos civilizatorios.
Lo dicho es oportuno en estos momentos de celebración de los 25 años de la Constitución de 1991, y relevante para garantizarle larga vida. En 1986 se celebró con pompa el centenario de la Carta de 1886, solo para enterrarla cinco años después. Que sirva de advertencia para que no estemos lamentando pronto medidas de aluvión.
Eduardo Posada Carbó
