Dos emisarios de la fiscal Alejandra Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, llegaron este miércoles a la oficina del liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo.
Esta vez no iban por evidencia en contra de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, confesos estafadores que captaron ilegalmente 320.000 millones de pesos de 1.092 inversionistas. Fueron a recoger documentos para establecer si, tal como lo han venido denunciando los dos empresarios, presos en La Picota, en la liquidación del fondo se han registrado irregularidades que configurarían un millonario peculado.
Jaramillo insiste en que la intervención de Premium por la Superintendencia de Sociedades se demoró cuatro meses, tiempo durante el cual se perdió dinero. Además, que la deuda nunca se dolarizó, lo que también produjo pérdidas por la devaluación de la divisa.
A eso se unen los señalamientos de que Revollo estaría gastando dinero en asesores y feriando los bienes que le ha quitado a Víctor Maldonado –beneficiario del ilícito–, entre estos las acciones del hotel Santa Clara de Cartagena.
Siguiendo esa línea de denuncia, la Fiscalía le pidió a Revollo el listado y avalúo de los bienes y todos los gastos en los que ha incurrido como agente interventor y liquidador de Premium. Además, las rendiciones de cuentas que ha presentado.
Toda la información solicitada está en manos de la Superintendencia de Sociedades.
Tutelas y objeciones
De hecho, para la defensa de algunas víctimas, es claro que se trata de un intento por desviar la atención y justificar el principio de oportunidad que Ortiz y Jaramillo andan buscando para que no los procesen por captación ilegal.
Revollo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que no ha habido tal dilación en la liquidación de Premium, a pesar de los recursos interpuestos en todas las etapas por los intervenidos.
De hecho, recordó que, cuando se embargaron los bienes, recibió más de 20 tutelas (varias de familiares de Ortiz) y decenas de incidentes de exclusión.
Además, dijo que la liquidación del fondo arrancó en febrero del 2015, mientras se reconocían las víctimas y se buscaba una devolución voluntaria de la plata perdida, que fracasó. En cuanto a la venta de los bienes, advirtió que, siguiendo el trámite legal, en marzo del 2015 se presentaron los peritos avaluadores, aprobados por la Superintendencia de Sociedades dos meses después.
Pero, contra esa decisión se presentaron nueve recursos de reposición, lo que hizo que la definición de los peritos solo quedara en firme en julio de ese año.
Y cuando ya estaba listo el 80 por ciento de los avalúos, las mismas personas intervenidas presentaron más de 60 objeciones, lo cual obligó a realizar el mismo número de conciliaciones, con las demoras que eso acarreaba.
Sobre la polémica en torno al precio de algunos bienes, Revollo recordó que el perito avaluador del Santa Clara usó fórmulas internacionales. Además, que ya había sido contratado en el pasado por los accionistas del hotel para realizar el mismo trabajo.
“Como puede ver, no obstante todas las trabas que han pretendido interponer los intervenidos, no ha habido ningún tipo de demora por parte del liquidador o de la Superintendencia”, explicó Revollo.
Y sobre la supuesta venta de bienes por debajo del precio, aseguró que se puede constatar que el único bien vendido hasta la fecha ha sido Archie's de Colombia, por un precio que superó en más del doble la valoración realizada.
Finalmente, se refirió al supuesto derroche en el que habría incurrido.
“El suscrito no tiene disposición de los recursos líquidos. Estos tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Sociedades, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, y todos ellos corresponden al mantenimiento de los bienes incautados, como son los pagos de los impuestos prediales, de rodamiento, cuotas de administración, servicios públicos, vigilancia, nóminas de las personas que trabajan en fincas, servicios de contabilidad, principalmente”, explicó.
Dichos gastos, dijo, también son reportados cada mes ante el comité de seguimiento que él mismo conformó con siete representares de las víctimas.
Otra duda surgida es si Revollo puede o no ser investigado por peculado, conducta en la que solo incurren funcionarios públicos.
La inspección a la oficina del liquidador se produce cinco días antes de que la Fiscalía defina si presenta de nuevo un principio de oportunidad para Ortiz y Jaramillo.
El beneficio quedó suspendido, con el argumento de que el fiscal encargado, Jorge Perdomo, es quien debe darle el visto bueno, y no el saliente Eduardo Montealegre.
Sin embargo, víctimas de la estafa en Premium se oponen a cualquier gabela judicial: aseguran que ni Ortiz ni Jaramillo han devuelto el dinero estafado ni colaborado eficientemente con la justicia como lo aseguran sus abogados.
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