Este miércoles es el día D para que cerca de 8.500 presos del país empiecen a pedir su libertad y se beneficien con la ley de excarcelación promovida por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
La norma, aprobada en el Congreso el año pasado, reformada este año y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 1.º de julio, abre las puertas de la cárcel a los presos que lleven más de un año privados de su libertad y aún no estén condenados por delitos como hurto, homicidio simple, fraudes y otros cargos que no estén en la justicia especializada.
Aunque en principio la cifra de los que saldrían, según datos del Ministerio de Justicia, era de 17.500 internos, con la reforma aprobada en el Congreso se aplazó ese beneficio para vinculados a delitos graves como corrupción, abuso sexual, extorsión, lavado de activos y terrorismo, entre otros.
Para estos, unas 9.500 personas, solo aplicará la excarcelación el 7 de julio de 2017, si es que para esa fecha siguen detenidos y aún no hay una decisión de fondo en sus procesos.
Estadísticas del Inpec con corte a febrero señalan que hay 19.167 internos detenidos preventivamente con más de once meses tras las rejas, de los cuales 10.884 tienen más de dos años privados de la libertad. Incluso hay una población de 4.763 presos que llevan más de tres años detenidos sin condena. En todo caso, antes de la liberación, los abogados de los internos tendrán que pedir una audiencia ante un juez, quien tendrá la última palabra.
La Fiscalía les ordenó a sus funcionarios que prioricen los casos en los que debe mantenerse la detención, de tal manera que se impida que sindicados de casos emblemáticos logren salir de prisión sin tener el derecho.
El ministro de justicia, Jorge Eduardo Londoño, le dijo a EL TIEMPO que la excarcelación no se dará de un día para otro y que las cuentas del Gobierno apuntan a que la salida de los ocho mil internos tomará cerca de un año.
“El año pasado salieron 37.000 personas de las cárceles porque se resolvió su situación jurídica, y eso la gente no lo sintió. Entonces, lo que hay es un temor infundado de que esta salida vaya a causar algún traumatismo”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.
Insistió en que la privación de la libertad solo debe darse en casos excepcionales y afirmó que en Colombia “se volvió norma que haya gente detenida sin que haya sentencia de fondo”.
A partir de este jueves se espera que los jueces reciban una avalancha de solicitudes de libertad. El abogado Nelson Rojas, que representa a 12 procesados por hurto, varios de los cuales llevan 3 años detenidos sin condena, le dijo a este diario que hoy mismo estará pidiendo audiencia para lograr la excarcelación de sus clientes. En cada caso, los jueces podrán limitar la libertad, bien con brazaletes o detención domiciliaria.
Junto con los detenidos por delitos como hurto también podrían estar pidiendo la libertad reconocidos protagonistas de escándalos como el de Interbolsa. Es el caso de Víctor Maldonado, detenido por el descalabro del Fondo Premium.
Iván Cancino, su defensor, sostuvo que su cliente tiene derecho a ese beneficio porque su imputación no encaja en ninguna de las que están excluidas. Cancino también pedirá la excarcelación del abogado José Vicente Baquero, detenido por golpear a su esposa e hijos y amenazar a los fiscales que llevaban ese caso. Su argumento es el mismo que en el caso de Maldonado: la violencia intrafamiliar no quedó excluida.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que están citados el viernes a audiencias de libertad de Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado, vinculados al caso Premiun y detenidos desde febrero del año pasado.
Otro riesgo que advierten fiscales de casos connotados es que algunos jueces terminen aplicando el principio de favorabilidad a quienes pidan la libertad sin cumplir los parámetros establecidos en la norma.
De hecho, este diario publicó en mayo pasado que un detenido por abuso sexual logró la libertad, incluso antes de la entrada en vigencia de la ley, porque un juez consideró que tenía derecho a acogerse a ella.
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