Por la colaboración que prestaron varios miembros de la Policía Nacional para encubrir y alterar la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, el juzgado 38 administrativo oral del circuito de Bogotá emitió una sentencia en la que ordena al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional pagar indemnizaciones por 137’890.800 pesos a los padres del joven.
A Liliana Lizarazo –madre del menor– y a Gustavo Trejos, el padre de crianza, la sentencia los cobija con un monto de 100 salarios mínimos mensuales vigentes (68’945.400 pesos para cada uno).
Becerra fue ultimado el 19 de agosto de 2011 por el patrullero de la Policía Wilmer Alarcón, quien aseguró, en su momento, que lo hizo porque supuestamente el grafitero intentó dispararle al emprender su huida tras haber realizado un atraco en un bus público.
Sin embargo, en el juzgado 38 se concluyó que hubo una alteración de la escena del crimen y que el homicidio del menor no habría ocurrido por una legítima defensa de Alarcón.
Según la providencia, en el homicidio del joven hubo uso desmedido de la fuerza por parte del patrullero Alarcón y alteración de la escena del crimen: “Se encuentra demostrada la falla en el servicio, en atención al manejo irregular por parte de los miembros de la Policía Nacional, tanto de la situación en la cual resultó fatalmente herido el joven, como de la posterior alteración de la escena de los hechos para encubrir el uso indebido de la fuerza, que produjo la muerte de Diego Becerra”.
Una de las pruebas que se tuvieron en cuenta en el proceso, para evidenciar que se intentó hacer un montaje con el homicidio de Becerra, fue el informe que presentó la investigadora del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía), en el que se señaló que cuando llegó al lugar en el que ocurrió el crimen hubo una demora injustificada de la Policía, y que a seis horas del homicidio no habían realizado el informe correspondiente.
“Reseñó (...) que en el lugar de los hechos había presencia de muchos uniformados indicándole que aún no habían terminado el informe de primer respondiente y que no le fue posible recibir la escena para procesarla”, se afirma en la sentencia.
Por otra parte, se tuvo en cuenta el testimonio de dos vigilantes. Uno de ellos aseguró que Diego Felipe no portaba armas cuando lo encontró sin vida. “Manifiesta que solo escuchó un disparo porque tenía los audífonos del celular puestos, no observó quién disparó, pero cuando llegó a la esquina vio a un muchacho botado en el piso sobre la calle 116A (...). Relata que no observó que los muchachos (en referencia a Diego Felipe y a sus amigos) llevaran armas u objetos en las manos”, se afirma en el documento judicial.
Entre tanto, el otro vigilante afirmó que vio a dos policías disparando un arma que sería la misma que le habrían plantado a Diego Felipe. “El segundo (testimonio) para dar cuenta de un hecho posterior, pero concominante, (relata) que dos miembros de la Policía Nacional hacen un disparo con un arma de fuego hacia un humedal cercano de forma diagonal”, se cita.
Finalmente se tuvo en cuenta que el grafitero no tenía en sus manos las sustancias químicas que quedan luego de disparar un arma: “En el frotis recibido como recolectado de las dos manos no se detectaron niveles de concentración de amonio, bario y plomo compatibles con residuo de disparo”.
Bajo estos argumentos, el juzgado 38 administrativo concluyó que hubo una colaboración de varios uniformados para hacer un montaje en la muerte de Diego Felipe Becerra.
“El patrullero Wilmer Alarcón estaba desempeñando su cargo y que la actividad que desarrolló el 19 de agosto de 2011 fue dentro del servicio (...), sumado a la serie de irregularidades posteriores (...) por parte de otros miembros de la Policía Nacional, no queda duda que la entidad demandada debe responder extracontractualmente por la falla del servicio de sus funcionarios”, se concluye en la sentencia.
Los que se negaron
En la demanda que instauraron los padres de Diego Felipe Becerra se buscaba que también fueran indemnizados la abuela de crianza, el medio hermano, tres tíos maternos, seis primos hermanos y tres de sus amigos, que equivalía a un monto de 5.300 millones de pesos.
No obstante, en el juzgado 38 administrativo negaron la pretensión porque “no opera la presunción de aflicción que ha trazado la jurisprudencia del Consejo de Estado y en el proceso no se presentó prueba alguna que acredite de manera directa la existencia del sufrimiento de alguno de ellos”.
Pero aparte de la indemnización, la familia esperaba que la Policía presentara excusas públicas por el crimen y que se protocolizara en la institución la entrega de una medalla con el nombre Diego Felipe Becerra a los oficiales más destacados en derechos humanos, pretensión que también se negó.
“Considera el despacho que no corresponde a la naturaleza de un medio de control de reparación directa”, señaló el juzgado.
La sentencia será apelada por la familia de Becerra.
Los otros procesos
En el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra hay cuatro procesos penales y otro disciplinario que están en curso.
En el ámbito penal se destaca el que se le lleva al patrullero Wilmer Alarcón, el presunto homicida, que se halla en fase de juicio.
Sin embargo, está por prescribir el proceso disciplinario que se lleva en la Procuraduría contra los uniformados implicados en alterar la escena del crimen del grafitero, ya que en el 2016 se completan los cinco años en los que se debe emitir un fallo.
‘La sentencia nos revictimiza’
Para Gustavo Trejos, padrastro del grafitero Diego Felipe Becerra, la sentencia los revictimiza porque si bien en ella se demuestra la culpabilidad de la Policía, aseguran que no hay un real castigo para esa institución porque no se tuvieron en cuenta sus peticiones para que los uniformados presentaran excusas públicas por este crimen, en el que el comandante de la Policía de Bogotá de la época, general Francisco Patiño, aseveró en medios de comunicación que Becerra era un atracador.
“Lo que se buscaba con las excusas y la medalla era sentar un precedente en la institución, que recuerde que no se deben violar los derechos fundamentales de los jóvenes”, indicó Trejos, quien aseguró que apelarán el fallo porque fue una decisión sesgada y a favor de la Policía.
EL TIEMPO