El general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por omisión en la masacre de Mapiripán, está dispuesto a llevar su caso al tribunal especial para la paz creado por el Gobierno y las Farc.
En una carta dirigida al expresidente César Gaviria, el general declina la posibilidad, planteada por el exmandatario, de acogerse a la eventual liberación de todos los militares condenados por omisión en casos relacionados con el conflicto armado.
Para Uscátegui, esa salida es “un imposible moral”, pues sostiene que el incumplimiento del deber de proteger por el que se le condenó nunca ocurrió. “Durante los últimos 17 años he permanecido preso por un delito que no cometí –dice la carta a Gaviria– (...) Nadie puede asegurar que he tenido un juicio justo: hacerlo sería desconocer las falsas víctimas, los falsos testigos y las falsas pruebas que han fundamentado mi proceso”.
Y agrega quebuscar la libertad a través de un eventual beneficio a los condenados por omisión sería “el mayor acto de deshonra”. (Lea también: Uscátegui dice que si hay garantías se someterá a Tribunal para la Paz)
Lo que buscará el general es que, si la justicia especial para la paz empieza a regir en el país (la condición es que el proceso con las Farc llegue a buen puerto), su caso sea examinado por el nuevo tribunal que se conforme.
De acuerdo con lo pactado en La Habana, esos jueces especiales tendrán la capacidad de reabrir cualquier caso ya fallado, sea de la justicia ordinaria, disciplinaria y hasta fiscal, contra guerrilleros, militares y civiles que participaron en el conflicto. Esa posibilidad, además, no implica aceptación de responsabilidad, sino la sola disposición de buscar la nueva jurisdicción.
“Someteré mi caso, en la medida en que existan unas mínimas garantías, al tribunal especial de paz para demostrar mi inocencia. Hasta el último de mis días reivindicaré mi buen nombre y la honorabilidad de las tropas que dirigí”, afirma el general.
La de Uscátegui es la única condena contra un alto oficial del Ejército que ya no tiene chance de revisión en la justicia ordinaria. Esto porque la Corte Suprema de Justicia decidió no casar (revisar) la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá, ya que supuestamente no utilizó los medios a su alcance para frenar la incursión de los paramilitares enviados por Carlos Castaño desde Urabá a golpear enclaves dominados por las Farc en el suroriente del país. (Además: Habla el general Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán)
Esto ocurrió en julio de 1997, y Uscátegui siempre ha sostenido que no tenía jurisdicción en la zona limítrofe de Meta y Guaviare, donde ocurrió la masacre. La justicia, sin embargo, considera que sí tuvo conocimiento de la incursión y que pudo mover el aparato militar para, al menos, minimizar el daño.
Uscátegui es el general con la más dura condena por hechos del conflicto. Otros altos oficiales también sentenciados están analizando la posibilidad de acogerse a la nueva jurisdicción, y algunos de ellos han tenido la oportunidad de hablar con militares que conocen los desarrollos del proceso en La Habana.
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