La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner quedó este miércoles oficialmente notificada del procesamiento en el caso que se le sigue por unas maniobras con el valor del dólar en el Banco Central de la República Argentina (Bcra), causa en la cual también están involucrados su último ministro de Economía, Axel Kicillof, y el expresidente del Bcra, Alejandro Vanoli.
Según el juez instructor de la causa, Claudio Bonadío, los contratos de venta de dólares a futuro se pactaron a un precio que ocasionó millonarias pérdidas para el Estado.
A su vez, Bonadío ordenó enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de la exmandataria, por lo que no los podrá vender o hacer cualquier otra operación comercial con ellos. Paso seguido, la dirigente política presentó contra el mismo juez y la diputada Margarita Stolbizer una querella por lo que considera “un tráfico de información y connivencia entre el juez, la denunciante y su asesora”. (Lea también: Justicia enagena bienes de Cristina Fernández de Kirchner)
Fernández de Kirchner, quien ocupó la presidencia entre el 2007 y el 2015, fue acusada por Stolbizer, del partido GEN, quien pidió a Bonadío que averiguara si ella y su familia realizaron “movimientos sospechosos en las cuentas bancarias y en diferentes cajas de seguridad no declaradas”, en las que habría “unos cinco millones de dólares”, con el fin de “ser sustraídos de los ojos de la justicia”.
Otra acción judicial introducida por Stolbizer también tiene a la expresidenta en la órbita de Bonadío y es la concerniente a la sociedad Los Sauces, creada por Fernández de Kirchner y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, en la que se evalúan compras de propiedades de finca raíz que luego eran alquiladas a empresarios muy cercanos a la familia, como Lázaro Báez y Cristóbal López.
La visita de la expresidenta a la sede de los juzgados del sector bonaerense de Comodoro Py, en medio de un espectacular operativo de seguridad, también le sirvió para testificar ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga el conocido caso Hotesur, otra empresa de los Kirchner acusada de cometer fraudes al declarar ocupación total de habitaciones alquiladas a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (sur). (Además: Gobierno argentino niega impulsar 'persecución' a Cristina Fernández)
Báez, allegado a los Kirchner y detenido el 5 de abril, fue otro de los personajes que también estuvieron este miércoles en Comodoro Py. Ante el juez Sebastián Cassanello, el que es considerado uno de los más grandes beneficiarios de la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de los Kirchner (2003-2015), aseguró por vía escrita que no existen “pruebas concretas” contra él y que la acusación del juez, de lavado de activos, “no deriva de un acto de conocimiento” sino de un “relato” de lo que podría haber sucedido, alimentado por las noticias periodísticas.
Las “noticias periodísticas” a las que se refiere Lázaro Báez son la investigación ‘La ruta del dinero K”, que lo salpica tanto a él como a los Kirchner y otros empresarios en un entramado de corrupción en el cual se hacían llegar a Argentina grandes cantidades de dólares y euros que se guardaban en bóvedas en Buenos Aires y Río Gallegos.
Báez se retiró callado, pero no así Fernández de Kirchner, quien enfiló baterías contra Stolbizer. “No sabe lo que lee, es una burra”, afirmó, dichos ante los cuales la diputada reaccionó vía Twitter. “El único daño que podría sufrir la familia Kirchner por mis denuncias, y del que me hago cargo, es terminar presos. Y eso depende de los jueces”, escribió Stolbizer en su cuenta de la red social. (Lea: El 'show' de 'Cristina K' para desafiar a Mauricio Macri en Argentina)
Entorno corrupto de los K
A pesar de haber desarrollado muchas estrategias en favor de las clases menos beneficiadas, las acusaciones de corrupción rodean por todos lados la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner.
“La corrupción durante el ciclo de los Kirchner ha sido no solo mucha, sino muy extendida. Pero hay una actividad en la que se concentró: la obra pública”, le aseguró a EL TIEMPO Carlos Pagni, subeditor de política del diario argentino La Nación y director del programa Odisea argentina, en el canal TN. Es precisamente la obra pública de lo que más se beneficiaron tanto Lázaro Báez, como el viceministro de ese ramo, José López. Báez está detenido, acusado de lavado de activos, y López también, tras ser sorprendido arrojando 8,9 millones de dólares en sacos en el interior de un convento.
“‘La ruta del dinero K’ no se explica sin José López. El proceso consistía en adjudicar obras públicas con sobreprecios en licitaciones manipuladas. Los beneficiarios debían devolver parte del sobreprecio como soborno al funcionario que adjudicaba la obra”, afirma Pagni.
INTERNACIONAL*
* Con EFE y LA NACIÓN (Argentina) /GDA
