Editorial: Vuelve y juega

Cuando hace un mes los titulares de prensa anunciaron que se venía otro paro de transportadores de carga, más de un lector pensó que se trataba de una noticia vieja. El motivo es que el pliego de peticiones presentado esta vez es similar al de episodios anteriores, cuando el gremio hizo demandas que, de ser aceptadas, afectarían todavía más la competitividad del país.

Por tal razón el Ejecutivo necesita mantenerse firme, pues aquí de lo que se trata es de que el bien común prime sobre el particular, evitando que los consumidores paguen una cuenta que no les corresponde. Hay que tener presente que, según el Banco Mundial, el costo de llevar una tonelada de productos en Colombia es uno de los más altos de América Latina: supera con creces lo que se paga en México, Brasil o Chile.

Sería entonces un gran error volver al sistema de la tabla de fletes, en buena hora desmontado, justo cuando los vientos de la desaceleración influyen en el desempeño de la economía. La pretensión de incrementar hasta en 40 por ciento el valor de llevar una mercancía no tiene justificación. Tampoco se pueden aceptar las exigencias de rebajar los peajes o ceder en lo que concierne a la chatarrización, un esquema que se ha prestado para prácticas corruptas.

Lo anterior no quiere decir que la administración Santos deba quedarse de brazos cruzados. Es evidente que en asuntos como la piratería terrestre, la competencia ilegal o los tiempos muertos en puertos y zonas francas, es mucho lo que se puede hacer. En tal sentido, algunos de los ofrecimientos del Ministerio de Transporte merecen ser respaldados, pues servirían para mejorar la rentabilidad de un negocio en el cual hay exceso de capacidad instalada.

Tales elementos podrían trabajarse en conjunto con el fin de mejorar la calidad de vida de propietarios y conductores de camión, de haber voluntad de cooperación. El problema es que del lado de los transportadores se nota una tendencia a empeñarse en la confrontación y desconocer lo pactado, siempre con la amenaza de recurrir a las vías de hecho y bloquear las carreteras, con la consecuente alteración de la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

Si bien en esta ocasión las cosas no han llegado a extremos, las tácticas de intimidación sirven para que miles de transportadores que solo quieren trabajar prefieran guardar sus carros. Debido a esa situación, el abastecimiento de alimentos se ha visto afectado puntualmente, una anomalía que se notó en el dato de inflación de junio.

No obstante, sería un error ceder al chantaje de hecho que promueven los líderes más radicales del paro. Al Gobierno le corresponde no solo mantener abiertas las puertas del diálogo, sino garantizar la movilidad en el territorio nacional, usando las herramientas de que dispone.

Estrategias como las de las caravanas, que suman más de 800 y en las que han participado unos 11.000 vehículos, sirven para evitar los intentos de taponamiento, detectados una docena de veces. Esa es parte de un plan de acción que debe ser integral para evitar las peores consecuencias de un paro criticable y que podría extenderse en el tiempo si la sensatez no impera entre los líderes de los transportadores.

editorial@eltiempo.com