Bucaramanga. Con la única intención de apoderarse de recursos públicos, ocho funcionarios de la alcaldía de Cantagallo (sur de Bolívar) autorizaron la ejecución de 17 contratos de infraestructura y capacitaciones que nunca se pusieron en marcha, y aparecen relacionados en escuelas y parques que no existen y en formación que no se impartió.
Así definió Miguel José Gómez, director seccional de Fiscalías en el Magdalena Medio, la particular situación que entre los años 2007 y 2009 ocurrió en el caluroso pueblo petrolero, a orillas del río Magdalena.
En los contratos, todos de mínima cuantía para ejecutarlos de manera directa y sin licitación, los investigadores hallaron ‘perlas’ como el embellecimiento de un parque en un barrio que no tiene zonas verdes, mantenimiento y pintura de centros escolares que nunca han existido y talleres para prevenir la violencia intrafamiliar y el consumo de estupefacientes, entre otros temas, justificados con presencia de expertos pero, supuestamente, pagados a estudiantes.
“En el análisis del contexto de las situaciones se estableció que estábamos frente a una verdadera estructura criminal, con un propósito único, claro y definido de apropiarse de dineros públicos. Ellos de antemano sabían cómo obrar y es ilógico pensar que algo tan circunstancial fuera tan común y con tantos patrones similares”, aseguró.
En el ‘carrusel’ descubierto por la Fiscalía se determinó que los funcionarios autorizaban los proyectos cuando eran encargados de la alcaldía en ausencia del mandatario de turno, Havier Humberto González, quien fue vinculado a la investigación y se encuentra detenido por el delito de rebelión.
También llamó la atención el hecho de que varios de los contratos se suscribían y se pagaban en menos de un mes y en tiempo récord para la realización de cualquier obra.
Entre los contratos figura el pago de cerca de 14 millones de pesos para prestar servicios de adecuación de las aulas de informática en sedes escolares de tres veredas, pero, según los dirigentes comunales de uno de los caseríos, en su sector no hay escuela.
Otra inversión similar, por más de 11 millones de pesos, se destinó “para el mantenimiento de las escuelas rurales de
La Isla, No Hay Como Dios y El Cagüí”, pero en el acta de recibo final de las supuestas obras no existe un informe de supervisión que sustente las obras y los directivos del colegio local aseguraron que nunca se efectuaron los arreglos descritos.
Pero uno de los pagos más curiosos lo constituyó el desembolso de 13 millones de pesos “para el mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque público del barrio Las Palomas y el cementerio de Cantagallo”, dinero que voló en un sector donde no hay parque, según lo manifestado por veedores, habitantes y dirigentes comunales del sector. Se investiga si se realizó algún trabajo en el camposanto.
Al parecer, también se esfumaron 13,7 millones de pesos que se usaron para “el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable y el tanque aéreo metálico del casco urbano”, pues la persona a quien destinaron los recursos aseguró no haber firmado ningún documento ni recibido plata.
Como si fuera poco, el contrato aparece duplicado en la adquisición de elementos de cafetería.
Talleres ficticios
En la pesquisa adelantada por la Fiscalía se cuestiona el envío de 14,3 millones de pesos que se aprobaron para varias capacitaciones que con base en la Ley de Infancia y Adolescencia dictarían tres profesionales con experiencia, pero el acta del contrato aparece firmada por un inexperto estudiante de derecho y justificado con la fotografía de una pequeña reunión a las afueras de una modesta casa de madera.
Como una de las ‘perlas’ más llamativas aparece la ejecución de 13,9 millones de pesos usados en “capacitación a comunidades afrodescendientes”, en un contrato que nunca se concretó ni se firmaron las actas de inicio, recibo y liquidación bilateral, y tampoco hay informe de supervisión.
Tras la recopilación de todas estas pruebas, y otras más, la Fiscalía de Administración Pública de la Seccional del Magdalena Medio solicitó ante un juez de control de garantías las detenciones de los ocho exalcaldes encargados, que en la audiencia de legalización de captura se allanaron (aceptaron) a los cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Los implicados, que en algunos casos también figuran como contratistas, son Nelson Meriño Tundeno, Juvenal Alemán Castañeda, Carmelo Manuel Quintero, Orlando de la Cruz Fayad, Rafael Ramírez Mattos, Gilma Aceneth Conde, Elizabeth Argumedo Gutiérrez y Leopoldina Godoy
Los exfuncionarios fueron asegurados y recibieron el beneficio de casa por cárcel en el pueblo situado a 605 kilómetros al sur de Cartagena y en donde sus habitantes no paran de comentar lo sucedido, pues la noticia causó conmoción en el municipio petrolero.
EL TIEMPO