Si Juan Manuel Santos hubiera mantenido la Seguridad Democrática, ¿habrían acogido las Farc un esquema de sometimiento con beneficios como el de las Auc? Nunca lo sabremos. Santos optó por tratarlas como a un Estado, y durante estos años la organización, antes catalogada como terrorista, desarrolló, con ayuda del Gobierno, una metamorfosis hacia la percepción internacional de legitimidad que disfruta hoy. Al tiempo, los frentes armados se fortalecieron con minería ilegal y narcotráfico, protegidos por sus socios del estamento político-militar venezolano.
Hablamos de una organización distinta a la muy golpeada del 2010, que negocia duro con un gobierno afanado en concluir antes de que expire su tiempo. Esa premura facilitó a la guerrilla conseguir más de lo probable; por eso, su mínima expectativa es un tránsito exprés de las armas a la política y no al ostracismo en la cárcel, como nos parece a algunos.
El “trato entre pares” de Santos pudo ser el elemento facilitador para que la guerrilla se sentara a negociar y, aunque parezca una abominación, es realista entender que hoy es inevitable hacer concesiones institucionales a las Farc.
La oposición suele confundir la participación en política de las Farc con la elegibilidad o no de sus miembros y los mecanismos para la participación de los elegibles, tanto en la coyuntura de la transición como hacia adelante. Es comprensible que el Centro Democrático esté contra la elegibilidad personal de culpables de delitos atroces; pero si en efecto las Farc abandonan las armas y se suman al cauce de la democracia, no parece razonable oponerse a la participación en política de esa organización.
Por eso he afirmado que, una vez se firme y refrende el acuerdo final mediante un mecanismo idóneo, tras cumplir cese del fuego y entrega de armas, no veo objeción para que ocupen curules en el Congreso, a nombre de las Farc, personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, en tanto los jefes se someten a la justicia transicional. ¿A quién daña esto?
En cambio, el esquema de justicia transicional esbozado, lejos de ser perfecto –como dijera el rector del Externado–, sí puede incubar una nueva violencia: el sistema, que subsume toda la organización judicial, en la práctica es prevalente aún ante las altas cortes y contiene un Leviatán llamado Unidad de Investigación y Acusación (UIA), órgano que pareciera diseñado para crucificar a quien no se someta. La jurisdicción especial para la paz (JEP) puede llegar a ser el arma perfecta para que los prosélitos del Foro de São Paulo desplieguen una vendeta judicial contra el Centro Democrático y sectores conservadores en varios partidos.
El modelo, copiado de la Inquisición, fue empacado y rotulado como justicia transicional por el asesor de las Farc Enrique Santiago, con ayuda de ilustres juristas colombianos, y es simple: “confiesa e incrimina a otros y sales libre aquí, o te condenamos acá”. Temo que la UIA será el fórceps con el que extraerán a la clase dirigente tradicional del poder, con destino a la cárcel, para sustituirla –como en Venezuela– por una élite socialista cuya expresión violenta dialoga en La Habana.
En vez de enfrascarnos en negar curules a las Farc, que podrían quedar en cabeza de personas ajenas a la comisión de crímenes atroces como Iván Cepeda, Carlos Lozano, Piedad Córdoba o Álvaro Leyva, deberíamos dedicarnos a negociar lo fundamental, como la idoneidad del mecanismo de refrendación e impedir que cobre vida y nos devore semejante engendro judicial.
Si es necesario aterrizar en el escenario del Congreso, con las mismas nueve curules que tenía la UP, hagámoslo y demos un mensaje simbólico y poderoso. ¿Restaurativo? No sé. ¿Cosmético? Quizás, pero sí realista y constructivo.
Para todo esto, Uribe y el Centro Democrático deben tomar parte en la última recta de la negociación. Él tiene cintura política para ello. El resto... ¡quién sabe!
Sergio Araújo Castro
@sergioaraujoc