Ejecutivo y Farc superaron temas 'pendientes' relacionados con participación democrática, estatuto de la oposición y reformas al sistema electoral. Gobierno aclaró que lo pactado es diferente al ingreso en política de la guerrilla.
Movimientos sociales y partidos
Tras el acuerdo de este martes, dos organizaciones sociales (Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos) se integrarán a la discusión de los partidos con personería jurídica alrededor de la construcción del estatuto de la oposición.
Esto significa que dos organizaciones que forman parte de la Cumbre Agraria y que representan a sectores sociales rurales aportarán sus propuestas en la elaboración de este proyecto de ley, el cual debe ser presentado por el Gobierno una vez se haya firmado el acuerdo final. (Lea también: Gobierno y Farc crearán misión para reformar el sistema electoral)
Hasta el momento, el Centro Democrático no ha participado en esas deliberaciones, por lo que el ministro (e) del Interior, Guillermo Rivera, les reiteró la invitación. “Este acuerdo lo que señala claramente es que esta comisión para construir el estatuto de la oposición tiene que ser con el concurso de todas las fuerzas políticas”, dijo.
ONG a cargo de propuestas de participación social
El Consejo Nacional de Participación y las ONG Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Cinep serán las encargadas de recaudar y presentar a la mesa de negociación de La Habana las propuestas para ampliar la participación de las organizaciones cívicas y movimientos sociales.
Se dispondrán espacios de participación de carácter nacional para escuchar la voz de las comunidades interesadas en los cambios que se deben hacer.
En dos semanas, estas ONG entregarán los lineamientos para la discusión, de la que saldrá un proyecto de ley que regulará el tema. (Además: El Presidente explica algunos aspectos del acuerdo con las Farc)
Reingeniería electoral no vendrá de políticos
Los siete integrantes de la “misión” que recomendará cambios en la Organización Electoral (Registraduría y Consejo Nacional Electoral) serán escogidos por el Centro Carter, los departamentos de ciencia política de las universidades Nacional y de Los Andes, y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Adicionalmente habrá un delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Esto quiere decir que las propuestas que se harán en materia de reingeniería electoral no vendrán de los partidos políticos sino de delegados escogidos por centros de pensamiento.
Las modificaciones significan cambios en el funcionamiento de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral y habrá mayor “independencia” de estos organismos.
También se recomendarán cambios en el sistema electoral en general para, según las partes, hacerlo más “transparente”.
Seis meses después de la firma del acuerdo final sobre el conflicto armado, esa “misión” entregará sus recomendaciones al Gobierno, el cual hará “los ajustes normativos e institucionales necesarios”, mediante leyes o decretos.
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