Más allá de las razonables dudas jurídicas que plantea la columnista María Isabel Rueda, es incuestionable que, más temprano que tarde, guerrilleros de las desmovilizadas Farc terminarán, bien por decreto, como en su momento quisieron Gaviria y Uribe, o por voluntad de los electores, en el parlamento, en asambleas y concejos o en alcaldías y gobernaciones.
Ese puede ser el señor ‘don Sapo’ que tendremos que tragarnos si en verdad pensamos en la solución política de un conflicto armado. Nadie se desarma si no es para hacer política. Desde luego, quedan muchos obstáculos por superar, como el del artículo 122 mencionado por la periodista, y una cierta explicable resistencia de sectores ciudadanos. Pero para allá vamos.
Con los necesarios ajustes jurídicos, no me parece grave que ello ocurra. De los ya olvidados acuerdos con la Coordinadora Guerrillera durante el gobierno de Betancur, visionario de la paz, surgió un partido político, la Unión Patriótica, que presentó candidatos a las corporaciones de elección popular, logró curules en el Congreso, en asambleas y concejos y algunas alcaldías.
La gran mayoría de los asesinados, como los parlamentarios Leonardo Posada o Pedro Nel Jiménez, entre muchos, no habían militado en las Farc; que recuerde, solo dos antiguos guerrilleros fueron elegidos a la Cámara: Braulio Herrera e ‘Iván Márquez’.
La UP presentó como candidato presidencial a un carismático y brillante magistrado de izquierda, hoy lamentablemente olvidado, Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987 en macabra alianza entre Rodríguez Gacha y sectores desviados de la Fuerza Pública.
Lo mismo sucedió con Bernardo Jaramillo, juvenil figura del Partido Comunista que desautorizaba la lucha armada. El establecimiento se asustó con esos primeros triunfos electorales de la izquierda. No se puede volver a cometer el mismo error.
El M-19, al que reinsertó Barco, corrió mejor suerte, sin desconocer que también militantes suyos fueron asesinados. Su principal éxito electoral lo tuvo en la elección de la Constituyente, donde, si bien llevó a exmilitantes, incluyó en sus listas a personas ajenas al movimiento: Carlos Ossa, antiguo dirigente gremial; Álvaro Leyva Durán, hijo del dirigente conservador Jorge Leyva; José María Velasco Guerrero, magistrado de origen conservador, quien no solo había sido el último gobernador de Nariño de Rojas Pinilla, sino que extrañamente tumbó como ponente la reforma de López, porque no podía haber cambios constitucionales por fuera del Congreso; el sociólogo Orlando Fals Borda, la abogada María Teresa Garcés Lloreda, proveniente de reconocida familia vallecaucana.
Eligió hasta al entonces popular profesor Maturana, quien nunca se posesionó. Y le ofreció ser constituyente a René Higuita, quien, seguramente con gran olfato político, dijo que no aceptaba porque tenía ya unos compromisos, pero que “para la próxima sí”. Y ya vemos que puede haber una próxima.
A propósito de los 21 años de la Constituyente, se ha dicho que fue la máxima expresión del consenso nacional porque allí estaban las fuerzas políticas del momento.
Dos movimientos, Salvación Nacional, de Gómez, y el M-19, prácticamente no sobrevivieron a la Constituyente. La supérstite UP eligió a la combativa líder Aída Avella y al exministro conservador Alfredo Vásquez Carrizosa. El M-19 hoy no existe como partido político, y sus militantes están en el Polo, la Alianza Verde o con Uribe. Los otros movimientos guerrilleros, como el Epl, el Quintín Lame, el PRT, que tuvieron representación por decreto en la Constituyente, ya no existen. Bernardo Gutiérrez, del Epl, murió como diplomático en Roma, y Marcos Chalita falleció en un accidente de piscina en el Huila.
Con todos estos antecedentes, ¿no estaremos sobredimensionando lo que sería una presencia guerrillera en las corporaciones públicas? ¿O de pronto menospreciando la capacidad pedagógica en el Congreso de Roy Barreras, Armando Benedetti y Bernardo Elías?
Alfonso Gómez Méndez