Hungría ha comenzado este martes a ejecutar la polémica reforma legal que permite expulsar a refugiados o inmigrantes interceptados cerca de la frontera, una medida que ya se ha aplicado a 600 personas.
"Durante la jornada de hoy, los agentes han acompañado hasta la frontera a unas 600 personas, que colaboraron con las autoridades, y no hubo incidentes", informó este martes el capitán general de la Policía húngara, Károly Papp, en relación a la norma que entró en vigor en la medianoche.
Según esta ley, las autoridades "acompañarán" hasta el otro lado de las alambradas en las fronteras meridionales del país a todos los refugiados que sean interceptados dentro de una franja de ocho kilómetros, un procedimiento criticado por la ONU y varias ONG.
Al otro lado de las vallas, en una estrecha franja de terreno todavía en territorio húngaro, los refugiados tendrán que acceder a las zonas de registro, donde podrán presentar sus solicitudes de asilo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticó que este procedimiento hará aún más difícil el proceso de petición de asilo.
Según ACNUR, el Gobierno conservador húngaro está enviando a los refugiados el mensaje de que no hay posibilidad de entrar al país, por lo menos de una forma irregular.
El Gobierno asegura que se trata de un sistema más eficaz para "disminuir el número de inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente", tal y como aseguró hoy György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad de la Gobernación.
Desde otoño de 2015, cuando Hungría selló sus fronteras con Serbia y Croacia, entrar en el país de una forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión.
En lo que va del año, han entrado en el país centroeuropeo más de 17.000 refugiados o inmigrantes.
EFE
