El origen
Si bien la muerte de varios candidatos, Luis Carlos Galán entre ellos, fue la chispa que prendió la mecha del proceso constituyente de 1991, otros factores concurrieron a configurar ese oleaje reformista. La Asamblea fue como una especie de mortero en el que se mezcló la alquimia del nuevo orden.
A la expresión del “basta ya” que recorrió las universidades, se sumaron varios intereses: erradicar la politiquería y el clientelismo, establecer normas más duras para el enriquecimiento ilícito, transformar el aparato judicial, descuajar el bipartidismo, caminar hacia la democracia participativa, abrir espacio a movimientos sociales, atenuar el presidencialismo, vigorizar el control constitucional, visibilizar las etnias y los afros, racionalizar el manejo de la economía y profundizar la planificación, abjurar del uso inmoderado de los estados de excepción y dictar una carta nueva de derechos.
La sombrilla suprema, la que permitió a la Corte darle su aval a un mecanismo extraconstitucional, fue el anhelo de la paz, convertida por cierto en derecho y en deber durante las deliberaciones. La Constitución como “tratado de paz”, evocando a Norberto Bobbio, fue el pasaporte que permitió sobrepasar el último retén: el retén de la Corte.
Pero ¿se logró la paz con la nueva Constitución?
La paz lograda
La mala memoria es una constante. Ahora se quiere minimizar lo logrado. La paz con el M-19 y otros tres grupos fue un suceso importante. En lo militar y en lo político. Se ensayaron nuevos caminos bajo la guía de Virgilio Barco y César Gaviria. Quedó escrita una “jurisprudencia” para los procesos de paz por venir, cuyos efectos no pueden pretermitirse. Dirigentes de esos grupos ingresaron lealmente al ejercicio civil de la política y hoy prestan importante servicio a través de ideas frescas tamizadas por la sensatez.
La paz esquiva
No obstante, otros grupos guerrilleros, agrupados en la época bajo el lema de la Coordinadora Nacional Guerrillera, desecharon la oportunidad. No creo que por razones ideológicas porque la Asamblea abría un camino en ese momento todavía virgen. Imperaron dos tipos de razones: una militar, basada en la creencia de ‘Manuel Marulanda’ sobre una posible victoria militar contra las fuerzas del Estado. Y la otra, situada en el campo del simple cálculo político. El Gobierno ofreció 5 escaños a la guerrilla sin necesidad de someterse al escrutinio electoral, mientras esta aspiraba a 25.
De ese modo, la guerra continuó. Y no solo eso. Entró en un laberinto de degradación que ha generado hoy una oposición al proceso de La Habana hasta ahora iné-dita. Diálogos anteriores gozaron de un consenso bastante universal, mientras que hoy hay no solo una oposición difusa e instintiva, sino una fuerza crítica organizada. Una respuesta a los errores de la guerrilla: secuestros inhumanos, extorsión a tutiplén, narcotráfico.
La Constitución actual como vehículo de paz
No hay que atascarse en el pasado. El deseo de cambio está a flor de piel. La Constitución no es intocable. Pero tampoco es cierta la idea de que la Carta actual sea un obstáculo para el logro de la paz.
Hay fallas indudables. El ejercicio político sigue bajo el manto opaco de la manipulación y el descrédito, pero no necesariamente por ausencia de normas. Hay materias que admiten nuevas regulaciones, sin duda. La financiación de la política todavía tiene espacio para la innovación normativa. Pero no hay que equivocarse. La verdadera lucha contra el clientelismo es el desarrollo. Es una sociedad con diversidad de líneas de producción independiente, por fuera del Estado, y con más educación, la única que puede formar una genuina opinión política independiente. La justicia ha fracasado. La democracia directa se ha quedado en el tintero, pero después del brexit es mejor pensarlo dos veces. La necesidad de un cuerpo elegido, representativo, que medite, sopese y llegue a acuerdos, sigue siendo una pieza insustituible así su desaprobación sea de tamaño bíblico.
Pero la médula de la Constitución sigue siendo un instrumento válido para el logro de la paz.
En efecto, ¿qué reparo hay a la carta de derechos? Por el contrario, quienes la critican pertenecen más bien a la órbita del oscurantismo. ¿Y el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación es una carga negativa? ¿Impide la paz que el abuso de los estados de excepción sea cosa del pasado? ¿Obstaculiza los acuerdos un escenario de menos presidencialismo, una mayor repartición del poder, la elección de alcaldes y gobernadores, la junta independiente del Banco de la República para afianzar la moneda sana? ¿El control constitucional independiente y audaz entorpece la búsqueda de la paz? ¿La tutela es un palo en la rueda? ¿O el cuidado del medioambiente?
Claro que no. Categóricamente no. La estructura esencial de la Constitución sigue intacta como instrumento para favorecer la implantación de una paz firme y duradera.
En cuanto al modelo económico, es cierto que la inequidad en nuestro suelo es superlativa. Es una tarea urgente remediar esta deficiencia. A eso pueden contribuir por cierto acciones de intervención estatal. Un marco progresivo de la regulación tributaria ha demostrado ser un instrumento eficiente para lograrlo. Marco que no necesariamente exige cambios constitucionales. Pero aun con situaciones de iniquidad aberrante, el mejor entorno económico para superar la pobreza sigue siendo el modelo de libertad económica, con intervención estatal donde sea necesaria. El socialismo ha demostrado, de manera empírica y hasta dramática, que es un camino equivocado.
Por su lado, si se miran los acuerdos de La Habana, se encuentra que la necesidad de reformas constitucionales es más bien de carácter puntual, sin perjuicio eso sí de la incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz que requiera sin duda una adición profunda al ordenamiento actual.
La Constitución tiene plena validez como escenario para el “tratado de paz” originalmente proclamado.
Para una paz en democracia. No lo es si se busca una paz socialista. Pero una paz socialista no es una paz genuina.
Humberto de la Calle
Jefe negociador de paz y exministro