Todo hace pensar que en cuestión de días el episodio no será nada más que un mal recuerdo. Al menos esa es la esperanza de quienes siguieron de cerca el sonado caso del puerto de Aguadulce, en Buenaventura, que, tras 500 millones de dólares invertidos, nueve años de construcción y a escasos dos meses de ser inaugurado, vio sus instalaciones selladas por una controvertida decisión del Alcalde del municipio.
Si bien la emergencia fue superada, lo ocurrido plantea una serie de interrogantes que no son de fácil respuesta. El más importante de todos es la capacidad de los actores locales para entorpecer el desarrollo de aquello que se conoce como las megaobras, de cuyo avance sin tropiezos depende la competitividad del país.
La duda es válida a la luz de los recursos que están en juego, sobre todo en el campo de la infraestructura. Iniciativas viales, portuarias, férreas o energéticas han debido superar o se enfrentan a obstáculos que se traducen en cronogramas más largos, con sus consecuentes sobrecostos.
Y aunque no hay duda de que los encargados de tales emprendimientos tienen normas que cumplir e instancias que deben respetar, la incertidumbre está a la orden del día. Cuestiones como las consultas o el manejo de las comunidades se combinan con determinaciones de los altos tribunales que hacen todo más complejo, aparte de lo que hacen o dicen autoridades regionales, departamentales y municipales.
En virtud de esta situación, más de un representante del sector privado expresa su preocupación con fundamentos. Ante todo, cualquier inversionista exige certidumbres mínimas cuya ausencia puede hacer difícil la consecución de capitales a tasas razonables si no se logra una mayor seguridad jurídica y administrativa.
En consecuencia, hay que escuchar el campanazo de alerta para que el tren del progreso no se descarrile. Ello exige una mayor capacidad de reacción del Ejecutivo y ojalá un marco legal que limite las interpretaciones, con el fin de que salidas en falso como la de Aguadulce no se repitan más.
EDITORIAL
