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Intensa campaña del Gobierno con alcaldes por proceso con las Farc

Guillermo Rivera, ministro del Interior, contó que se están coordinando las zonas de concentración.

Doctor Rivera, lo encuentro para esta entrevista como ministro del Interior encargado. Ahora, como dicen que el ministro Cristo se va a lanzar a la Presidencia, de pronto lo dejan de titular…
Gracias por los deseos, pero yo sigo en mi condición de Viceministro cumpliendo mis tareas con todo rigor, y por ahora simplemente estoy encargado mientras el ministro Cristo descansa unos días y recarga baterías.
Y está encargado de un chicharrón, porque en estos días hay varias controversias alrededor del proceso de paz. Empecemos por lo primero. Las llamadas veredas y campamentos de las Farc, que van a ser 23 y 8, respectivamente. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, que nadie ha podido explicarla?
Las ‘veredas’ son zonas que conocemos como veredas en las áreas rurales, que tienen una delimitación geográfica y que son la división de los municipios en las áreas rurales. Y los campamentos, pues son las zonas en donde van a estar ubicados los miembros de las Farc dentro de esas veredas.
No entiendo…
Las veredas pueden tener más de un campamento, en sitios muy precisos. La diferencia radica en el número de hombres que estarán en uno y otro lugar. En las zonas veredales de normalización transitoria habrá una cantidad mayor de miembros de las Farc, y en los campamentos un número menor.
Por eso, ¿y qué diferencia hay entre esos 8 campamentos y las 23 veredas?
En las veredas funcionarán las zonas de normalización transitoria, donde se hará la verificación de lo acordado el jueves 23 de junio. Y los campamentos serán 8, estarán un poco más distantes de las zonas urbanas y allí también se aplicarán los mecanismos de verificación acordados.
A alguien del alto Gobierno le escuché decir que en las veredas va a estar lo que llaman la ‘guerrillerada’, pero que los campamentos son para los cabecillas de las Farc. ¿Eso tiene algún asidero?
No, no, no, sobre ese asunto no hay ninguna versión oficial. Lo que pasa es que en una vereda puede existir más de un campamento, por el número de hombres que llegarían allá. En los campamentos el número de personas será sustancialmente menor, lo que no justifica tener una zona veredal. Esa es la razón de forma. En los 8 campamentos distintos a las zonas veredales va a estar concentrado un número menor de hombres que en las veredas.
¿Qué significa esta extensión comparada con la del territorio nacional?
Son apenas 23 veredas de más de 33.000 que tiene el país. Es importante que los colombianos lo sepan. Sumadas, esas veredas no van a pasar de 500 kilómetros cuadrados, que comparados con los 42.000 kilómetros cuadrados que tuvo El Caguán en su época es una porción del territorio muy pequeña. Además de 33.000 veredas tenemos 5.676 corregimientos, 1.772 caseríos y 1.164 inspecciones de Policía. Por lo tanto, 23 veredas más 8 puntos campamentarios es una porción del territorio muy reducida frente a la dimensión de nuestra geografía. No alcanza a llegar ni al 1 por ciento de la totalidad de veredas que tiene el país.
Se discute si el Gobierno les puede imponer la obligación a los municipios que no lo quieran, de ceder ciertas veredas…
Hay tres artículos constitucionales: el 169, numeral 4.º, que le otorga al Presidente facultades en materia de orden público sobre las otras autoridades existentes en el territorio nacional, incluidas las territoriales; el artículo 296 de la Constitución, que señala que las decisiones del Presidente en materia de orden público priman sobre las de los gobernadores y el artículo 315, numeral 2.º, que indica que esas decisiones e instrucciones del Presidente priman sobre las de los alcaldes como autoridad de Policía. Además, el parágrafo 3 del artículo octavo de la Ley 418, recientemente aprobado, señala la autorización para que el Presidente pueda decidir sobre zonas de ubicación temporal para efectos de terminación del conflicto. De tal manera que existe un asidero constitucional y legal que le da facultades al Presidente en esa materia.
¿No suena un poco contradictorio que en Colombia para construir un puente haya que consultar con las comunidades, para pasar una carretera haya que consultar con las comunidades, para perforar un pozo de petróleo haya que consultar con las autoridades, pero para instalar un campamento de las Farc no haya que consultar con nadie?
Ha sido una tradición constitucional colombiana que en materia de orden público priman las decisiones del Presidente de la República, y por eso él está expresamente facultado por la Constitución y la ley para esos efectos. De tal manera que no es comparable una decisión de la construcción de una carretera o de un acueducto frente a una decisión que tenga que ver con el orden público, y con las facultades que tiene el Presidente para celebrar acuerdos de paz con las organizaciones guerrilleras.
Si alguien, alguna persona de las zonas rurales escogidas, tiene, por ejemplo, una finca y piensa venderla, pues desde luego cambian las condiciones si le instalan a uno las Farc al lado. ¿Han contemplado la posibilidad de resarcir o indemnizar a la población que se sienta perjudicada por sus nuevos vecinos?
Estas zonas veredales que van a ser designadas para efectos de la transición de las Farc a la vida civil van a seguir funcionando normalmente, es decir, la vereda no va a tener ningún tipo de restricción para quienes habitan en ella en cuanto a la circulación, o a la enajenación de sus propiedades. Esto no tiene por qué trastornar la vida normal de los ciudadanos, y eso está perfectamente previsto en las reglas que fueron acordadas y conocidas por el país. Además, son zonas transitorias, de máximo seis meses, una vez se firme el acuerdo final.
¿Y qué van a hacer con alcaldes y gobernadores renuentes?
En los últimos días, el ministro Rafael Pardo, el consejero para las Regiones, Carlos Correa, y yo nos hemos distribuido para hablar con cada uno de los alcaldes de los municipios en los que estarán ubicadas las zonas veredales de normalización para aclararles cualquier duda sobre la forma en que funcionarán, y sobre todo reiterarles que ellos seguirán siendo la autoridad civil en estas.
En un foro sobre la participación política de las Farc, usted dijo, según ‘El Espectador’, que las curules de las Farc no podían ser muchas porque sería injusto con los demás partidos que se ganan sus votos con el sudor de su frente. ¿Qué es para usted un número apropiado y un número exagerado?
En ese foro lo que dije fue que en el marco de las reformas que se están preparando en materia de las reglas de juego electoral, lo que se está previendo es que quienes han ejercido la oposición bajo las reglas institucionales, como el Polo Democrático, como el Partido Alianza Verde, pues que esas reformas no pueden hacerles a ellos más difícil su llegada al Congreso. Porque sería muy injusto que quienes han ejercido la oposición por las vías legales se queden por fuera de las instituciones por causa de unas nuevas reglas de juego. Pero no me referí de ninguna manera a una eventual presencia de las Farc en el Congreso, yo no hice ninguna referencia a eso.
Le leo textualmente, para que yo no quede mal, lo que saca entre comillas ‘El Espectador’. Citándolo a usted, dice: “No sería justo que senadores se quedaran por fuera del Congreso habiendo defendido sus ideas en democracia, mientras que quienes estuvieron en armas sí logran esos espacios”. ¿Esa cita es incorrecta?
Pues, digamos, no están textuales mis palabras en esa cita, pero, como le digo, mi referencia es a que las reglas de juego que se están diseñando tienen que garantizar la transición de las Farc, de ser una organización armada a una política. Pero esas mismas reglas también deben prever que quienes han hecho la oposición política en el marco de la vida institucional la puedan seguir haciendo.
Lo más probable es que en la Corte Constitucional se apruebe el plebiscito que pide garantías para la oposición. ¿Qué tipo de garantías serían, si ya el Gobierno empezó su campaña por el sí?
La campaña por el plebiscito se inicia el día en que se expida el decreto que convoca ese plebiscito. Antes de ello no se puede hablar de campaña. El Gobierno lo que está haciendo en este momento es pedagogía por la paz, explicándoles a los ciudadanos cuál es el alcance de los acuerdos, disipando las dudas que puedan tener sobre los acuerdos. Pero la campaña como tal empieza el día en que se expida el decreto que convoca al plebiscito, y el día en que el Consejo Nacional Electoral expida una resolución que señala cuáles van a ser los montos o los límites de la financiación de las campañas y el acceso a los medios de comunicación para quienes vayan a promover el voto afirmativo en el plebiscito, para quienes quieran promover el voto negativo en el plebiscito y para quienes también quieran promover el abstencionismo en este. De tal manera que todavía no podemos hablar de campaña.
El señor Lozada, en nombre de las Farc, dio una declaración, para muchos muy alentadora, de que este proceso ya es irreversible y que así los colombianos digan que no al plebiscito, ellos no van a volver a la guerra. ¿No es un poco contradictorio con las palabras que pocos días antes había pronunciado el Presidente en el sentido de que si perdían el plebiscito, las Farc se iban a volver a tomar las ciudades?
Lo que el Presidente dijo en esa declaración es algo que ha ocurrido en al pasado, es decir que cuando se han frustrado procesos de paz se ha recrudecido la guerra. Pero nos parece que este proceso ha tomado un curso tan importante que las propias Farc están señalando que así las decisiones del pueblo colombiano no les sean favorables, ellos no están pensando en volver a la guerra. Nos parece que es una afirmación que nos debe alegrar a los colombianos porque lo que evidencia es una decisión indeclinable de las Farc de continuar en este proceso, de terminar el conflicto y de reincorporarse a la vida civil.
Si los colombianos dicen no al plebiscito, ¿eso no obligaría de todas maneras al Gobierno a reencauzar el proceso?
Nosotros estamos absolutamente seguros de que, en las urnas, la mayoría de los colombianos le va a decir sí a la paz.
Porque, si usted se fija, en todas las encuestas la mayoría de los colombianos quieren la paz. Quizás algunos colombianos en las encuestas se han mostrado escépticos frente al proceso de paz, pero en la medida en que este ha venido avanzando, en que se han venido haciendo públicas decisiones tan importantes como la del fin del conflicto, la del proceso de dejación de armas, del sistema de monitoreo, pues a los escépticos se les van acabando las dudas, y seguramente saldrán a las urnas a acompañar el plebiscito.
Finalmente, Ministro, ya comenzaron a llegar los verificadores. ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué perfil tienen? ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué escuela, qué clases, qué indicaciones se les va a dar sobre este país tan complejo, para que entiendan qué es lo que vienen a cuidar?
No hay institución en el mundo que tenga la experiencia que tienen las Naciones Unidas en materia de verificación de este tipo de acuerdos. De tal manera que los colombianos pueden estar tranquilos porque se ha acudido al sistema y al mecanismo de verificación mejor calificado en el mundo.
Después de haber respondido preguntas difíciles en esta entrevista, el ministro Cristo se puede ir tranquilo a hacer su campaña porque queda en buenas manos su puesto…
No, María Isabel, al ministro Cristo lo necesitamos, es una persona muy importante en el Gobierno, decisivo en la agenda legislativa, decisivo en el diálogo social; yo lo único que hago es acompañarlo en esas tareas y apoyarlo.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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