La muerte fue, paradójicamente, lo que les devolvió la vida. El fallecimiento de Gineth Herrera, el 4 de abril del 2015, tras ser arrollada por una volqueta perteneciente a una empresa que extraía materiales de construcción, fue el detonante para que los habitantes del barrio Potosí, de Cuidad Bolívar, decidieran que ese sería el último de los padecimientos que durante más de 20 años tuvieron que soportar por la explotación minera en la zona.
Al otro día, la comunidad se asentó en cambuches a la entrada de los frentes extractivos de Canteras Unidas La Esmeralda, la organización que tantos problemas les había traído, para impedir la entrada y salida de volquetas que transportaban arena y arcilla, los dos principales materiales que se explotaban en este territorio. (Lea también: Los estragos ambientales que deja la minería en Bogotá)
Los manifestantes, como medidas públicas, también organizaron varios recorridos dentro del predio, vinculando a varias organizaciones sociales de la zona, acompañantes internacionales y autoridades de la Alcaldía de Bogotá, como la misma Secretaría de Ambiente, que pudo constatar las ilegalidades que los vecinos denunciaron.
A partir de esta situación, se iniciaron una serie de reclamos y acciones jurídicas ante la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Ambiente que dieron como primer resultado, luego de treinta días de bloqueo, el sellamiento de esta cantera.
“Ellos (Canteras Unidas La Esmeralda) se escudaban en que tienen los títulos mineros y el permiso ambiental, pero nosotros podemos señalar que no cumplieron con los planes de manejo ambiental que suscribieron”, sostiene Andrey Téllez, uno de los líderes de ‘No le saque la piedra a la montaña’, un movimiento creado con el fin de defender los intereses de la comunidad. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
La explotación minera de Canteras Unidas La Esmeralda empezó cuando el entonces Ingeominas le otorgó un título minero, el 17 de agosto de 1995, por 30 años, para explotar a cielo abierto materiales de construcción, en un área de 169 hectáreas. Siete meses después, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le dio la licencia ambiental, el 15 de marzo de 1996.
Según el permiso que se otorgó, esta cantera tenía que cumplir cuatro condiciones para su funcionamiento: la siembra de una cerca viva, la construcción de unos tanques de manejo de agua de escorrentía y el almacenamiento y la resiembra de la capa de tierra orgánica que habían descapotado.
Pero en el expediente que abrió la Secretaría de Ambiente a esta cantera, se deja en evidencia que durante las visitas hechas al territorio no se cumplieron las condiciones previstas.
Aunque hace más de un año se ordenó el cese de la explotación minera en la zona, la comunidad asegura que los representantes de esta cantera no han reparado los daños que se causaron. “No aparecieron cuando sacaban plata de aquí, mucho menos lo van a hacer ahora”, comenta María del Carmen Vargas, habitante de Potosí. (Además: Fallos de la Corte aún no se cumplen en favor del medioambiente)
Según explica Téllez, la antigua explotación del área afectó un ecosistema único de Bogotá. “La zona tiene especies únicas de flora y fauna. Es además el nacimiento de muchas de las quebradas y lagunas que tenemos en el territorio. Es el colchón de amortiguamiento del páramo de Sumapaz”, precisa.
Para tomar conciencia sobre la importancia de este territorio se creó en esta localidad la Escuela Ambiental Potosí, en la que cientos de niños identifican las problemáticas que se viven en la zona.
Muchos de estos niños no habían nacido cuando por ese paisaje serpenteaba la quebrada San Juan del Ahorcado y el agua se estancaba en dos lagunas allí presentes.
“La mina cambió el curso (del río) para que pudieran pasar las volquetas por el sector; rellenaron y aplanaron el terreno, trancando el cauce del agua”, recuerda Téllez.
Una prueba de que, según la comunidad del barrio Potosí, no se ha hecho la recuperación ambiental es que las afecciones como consecuencia de la minería siguen latentes.
“En los últimos años se han incrementado las enfermedades pulmonares en la comunidad. Ya hay dos personas nuevas a las que les tuvieron que poner oxígeno”, expresa María del Carmen Vargas.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Eduardo Pachón, el representante legal de esta cantera, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Ambiente, en un documento enviado a este diario, asegura que a la fecha no hay en esta zona actividad en esta cantera.
“Seguiremos dando la pelea porque creemos que nuestro territorio debe estar ordenado de otra forma”, afirma Téllez.
Fue esa pelea la que les permitió volver a vivir. De no haberse dado, “solo nos quedaba dejar nuestras casitas e irnos”, concluye María del Carmen Fonseca, una de las habitantes más antiguas de Potosí.
JAVIER FORERO ORTIZ
REDACCIÓN EL TIEMPO