Dos días después del anuncio del cese del fuego de las Farc, asistí a una ceremonia en la iglesia del Gimnasio Moderno y, como había gente relacionada con el mundo político, vi una fila de camionetas blindadas, con esos vidrios oscuros que no permiten saber quiénes son sus ocupantes, estacionadas en plena vía arteria. La persona que me hizo el favor de llevarme detuvo su carro para que yo me apeara, pero justo en ese momento se nos cerró una de las camionetas y, sin notar que había estado a punto de estrellarnos, el conductor se coló para que se bajara una persona. O valdría decir, ‘un personaje’.
Así suelen llamarlos sus escoltas: ‘personajes’, o ‘protegidos’, y el protegido que se bajó de la camioneta era, paradójicamente, el Ministro del Posconflicto. Es probable que él y su acompañante no se hayan percatado de la maniobra de su conductor (quizás se enteren al leer esta columna), pues están habituados a que sus ‘protectores’ pasen por delante y por encima de los llamados ciudadanos de a pie y, en vez de exigirles respeto, ven esas transgresiones –si es que las ven– como gajes de su oficio. Nosotros también parecemos haber naturalizado esas prácticas, y tal vez por eso o por el miedo que inspira ver hombres armados en las vías no reaccionamos con suficiente contundencia.
Aquel sábado, sin embargo, mientras las noticias internacionales señalaban el fin de la guerra en Colombia y el país se debatía entre la euforia, el optimismo más o menos cauteloso y las dudas sobre el proceso de paz, la fila de camionetas y escoltas se leía como un símbolo de esa cultura de la guerra, tan instalada en nuestra psique. Y pensé que esas prácticas que asocian poder, prestigio y escoltas son inaceptables en un gobierno que pregona el tránsito de la guerra hacia la paz.
Si es cierto que, muchas veces, en Colombia ser servidor público implicó evidentes riesgos que requerían protección del Estado, hasta el punto de hacer inviables experiencias cotidianas como ir a la iglesia, llevar a los hijos al parque o hacer mercado, hoy no tiene sentido destinar caravanas blindadas, pagadas por nosotros, que estacionan en dobles filas frente a las P de prohibido, que congestionan las vías arterias y que llegan al extremo de parar el tránsito de las principales avenidas para que sus ‘personajes’ puedan evadir el tráfico que los demás padecemos.
Hoy, cuando queremos transitar, desde una cultura defensiva de escoltas con armas y transgresiones en nombre de ‘la ley’, hacia otra basada en la confianza mutua y en la igualdad de derechos y deberes ciudadanos, quise traer este problema, que va más allá de la anécdota. El propósito de restablecer confianza, que es una piedra angular del posconflicto, no solo supone que las Farc participen en política –y trabajen en las casas, las empresas, los colegios o las tiendas de cualquier esquina–, sino también que ministros, parlamentarios, empresarios y ciudadanos de cualquier índole afrontemos los mismos riesgos, tengamos los mismos derechos y cumplamos las mismas reglas que nos hacen formar parte de la polis.
Partir de la base de que los ciudadanos no vamos a hacerles daño a nuestros servidores públicos y de que incluso a ellos les puede hacer mucho bien caminar unos metros por ciudades que son de todos, como hacen los funcionarios públicos en otros países, es un paso más elocuente que todos los discursos y todos los acuerdos firmados. Más que el ‘balígrafo’ o cualquier símbolo publicitario, necesitamos dejar atrás la cultura y los oficios de la guerra para andar todos del mismo lado y volver a confiar los unos en los otros. He aquí una tarea urgente: ¿qué hacer para emplear a tantos escoltas en los trabajos de reconstrucción del “nuevo país”?
Yolanda Reyes
