La evidencia científica demuestra que en Colombia cada año mueren 26.500 personas por culpa del cigarrillo, y que la mala dieta ocasiona –en el mismo periodo– el 73 por ciento de las muertes por infartos y más de la mitad de los fallecimientos por diabetes y enfermedades cerebrovasculares.
Lo imperdonable es que todos estos decesos, además de cientos de miles de años de vida perdidos debido a enfermedades y discapacidades generadas por las mismas causas, se podrían evitar con la aplicación de medidas que están inventadas y han sido sugeridas desde hace mucho tiempo.
Aunque es claro que los planes de prevención de estos desenlaces deben estar enmarcados en políticas integrales de salud pública, y que en esto el país ha arrastrado una censurable ineficiencia, ya es hora de tomar en serio que un pilar importante de dichas medidas es el aumento de impuestos y de precios de los productos que afecten la salud humana, con el objetivo de desestimular su consumo.
En tal sentido, la semana pasada volvieron a ponerse sobre la mesa los impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas, esta vez por el Ministro de Salud, que los incluirá nuevamente en el próximo proyecto legislativo de reforma tributaria. Como era previsible, los dueños y representantes de esas industrias, al igual que los comercializadores de esos productos, fueron los primeros en manifestar su oposición.
Si bien los rechazos reiterados de estos sectores son respetables, sus argumentos (siempre a la defensiva) son frágiles al tenor de la salud pública y, por lo general, no permiten distinguir lo accesorio de lo principal.
En el caso del tabaco, por ejemplo, si se parte de que su consumo y el de sus derivados siempre es lesivo, de que para estos Colombia ostenta los tributos y los precios más bajos de la región (factores probados que inducen a menores y jóvenes a fumar), y de que el sistema de salud debe desembolsar cada año más de 4,2 billones de pesos para tratar los males que deja, la situación no da lugar a discusión y exige medidas inmediatas.
En ese orden de ideas, el impuesto gradual, hasta alcanzar el 70,4 del total, y un ajuste del 57 por ciento en el precio de los cigarrillos que propone Minsalud están más que justificados, y su aprobación por el Congreso no debería dilatarse y así eliminar, de una buena vez, la sospecha de que el cabildeo de la industria casi siempre termina imponiéndose.
Sobre las bebidas azucaradas, su consumo excesivo es un factor determinante de la epidemia de obesidad (con todas sus consecuencias). Sin embargo –con una enorme distancia frente al daño que causa el cigarrillo–, como sus efectos no son tan dramáticos y visibles, desde diferentes esquinas se reclama mayor evidencia que sirva de soporte a cualquier decisión. Es entendible, pero esto no exime al país de afrontar con rigor este debate, que crece en el mundo.
Las que no pueden quedarse esperando una reforma tributaria para plantear políticas integrales intersectoriales para promover hábitos saludables de consumo y prevenir la vergonzosa cifra de muertes evitables son las autoridades de salud, que parecen olvidar que lo económico es apenas un aspecto. ¿Y el resto?
EDITORIAL
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