Por años, los actores sin preparación han sido protagonistas de muchas películas colombianas: Lady Tabares pasó de vender rosas en las calles de Medellín a venderlas en la gran pantalla de la mano de Víctor Gaviria (La vendedora de rosas, 1998); y dos hombres –Nilbio Torres y Antonio Bolívar– con cero formación actoral, oriundos de comunidades indígenas del sur del país, se convirtieron en Karamakate, el personaje central de la nominada al Óscar El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra.
El tratamiento de la profesionalización de los actores como requisito para participar en producciones audiovisuales es uno de los temas álgidos que ha propuesto la ley de actores que está haciendo curso en el Senado para su aprobación, desde abril pasado.
Ese apartado, sumado a la creación de un registro único y de un comité que tome decisiones de forma autónoma, y a la participación del 90 por ciento de actores profesionales en todas las producciones audiovisuales que reciban estímulos públicos o privados, es uno de los más polémicos del articulado.
“Nosotros estamos haciendo unos planteamientos para la contratación de actores. Buscamos poder establecer un cuadro de tarifas para todos los medios en los que se requieren actores, conseguir que se respeten las normas laborales que se aplican a otros trabajos en cuanto a duración de jornadas (...). Queremos que estas normas rijan, tanto para el actor como el no actor, es decir, todas aquellas personas que por razones estéticas o de cualquier otro tipo de necesidad de una producción se vinculen a una producción como actor”, respondieron a EL TIEMPO Diana Ángel, Ramsés Ramos y Julio Correal, voceros de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), que está detrás del proyecto.
La idea de la Ley 163 del 2016 es proteger los derechos de los actores en Colombia y ajustar sus rutinas laborales a unos horarios y pagos justos. Sin embargo, los artículos 4, 9 y 12 de dicha propuesta son los que han causado molestia, sobre todo en el gremio cinematográfico local, pues consideran que se vulnera la libertad y la creatividad.
“Nosotros llevamos 20 años creando un sistema de estímulos para el cine nacional que ha tenido mucho impacto en el sector, tanto en la producción local como en la inversión internacional en servicios logísticos y cinematográficos en el país. Les hemos dicho a los actores que por supuesto que tienen derecho a lograr unas condiciones dignas para su trabajo, pero que ellos no pueden dañar a los demás imponiendo sus cosas”, comenta Claudia Triana, directora de Proimágenes (el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica que, entre otras labores, administra los dineros que adjudica por convocatoria el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).
Por ejemplo, el artículo 4 de la ley se refiere a la consideración del actor profesional, quien debe cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: titulación, experiencia de diez años o combinación de formación técnica con trabajo durante cinco años. Bajo esas condiciones, ni La vendedora de rosas ni El abrazo de la serpiente se hubieran podido materializar, solo por mencionar un par de casos.
“No me parece bien que hayan presentado una ley que solamente los favorece a ellos, sin pensar en las consecuencias que pueda tener en otros sectores. Además, aplazaron para muy tarde las consultas, que nos reunamos para tratar de llegar a consensos”, asegura el director y guionista Sergio Cabrera (La estrategia del caracol).
Para César Acevedo, artífice de la película La tierra y la sombra, ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes del 2015, la discusión afecta mucho la dinámica cinematográfica actual del país.
“En una industria cinematográfica que se encuentra en construcción, este tipo de papelones realmente nos ponen en vergüenza a todos. Me parece absurdo que estemos teniendo este debate, ya que no se pueden exigir condiciones dignas de trabajo cuando no existe respeto hacia los derechos y las libertades de los demás”, recalcó.
De igual forma, para largometrajes como ‘La tierra y la sombra’ actuaron personas no profesionales en ese campo. Archivo particular |
La imposición del 90 por ciento de participación de actores profesionales en las producciones también les ha caído como una pedrada a los cineastas.
“Creo que todos tenemos derecho a manifestar con qué estamos de acuerdo y con qué no, pero imponer quién es actor y quién no a partir de reglamentos e imponerle a un director con quién debe o puede trabajar es ponerle grilletes a la creatividad, es hacer del cine una esclavitud disfrazada”, aseguró el realizador vallecaucano Jhonny Hendrix Hinestroza, recordado por el filme Chocó (2012) y quien prepara el estreno en agosto de su más reciente producción, Saudó.
Al respecto, los miembros de la ACA respondieron a este diario que “el propósito no es violentar la libertad creativa de los directores de cine; pero, como esto obedece también a temas de lenguaje, de redacción o de diseño de los organismos propuestos que pueden prestarse a diversas interpretaciones, por este motivo con el sector de cine estamos reuniéndonos para oír sus preocupaciones y buscar que lleguemos a acuerdos que permitan hacerle ajustes a la ley en los que todos salgamos favorecidos”.
El diálogo: única salida
En palabras de la directora de Proimágenes, otro gran problema del proyecto es que están metiendo dentro de la misma legislación el cine (que tiene sus leyes y dinámicas propias), la televisión (que tiene su propia autoridad, la ANTV, que vela por el cumplimiento de las leyes en ese espacio) y el teatro (que responde a las reglamentaciones de los espectáculos públicos y que encaja en otro tipo de negocio).
“Hablan de un comité que ellos mismos van a armar y que va a aprobar si permiten que un actor esté o no en una producción, de acuerdo con sus parámetros. Un comité autónomo en el que están desconociendo a la autoridad cinematográfica, que es el Ministerio de Cultura, que desde hace años tiene unas cuotas artísticas y técnicas para determinar que una película es o no colombiana. Eso es inadmisible. Una cosa es que el sindicato sea interlocutor y promotor del talento local, pero como lo están planteando están afectando el sistema nacional”, agrega Triana.
Por su parte, Jorge Navas, director de La sangre y la lluvia (2009) y quien ahora está preparando la producción de su nuevo largometraje, Buenaventura Mon Amour, este tipo de coyunturas sirven para explorar discusiones necesarias y hasta interesantes para el sector.
“Creo que toda la controversia que se ha desatado alrededor de los postulados de la ley del actor, diseñada por los mismos actores, genera un importante diálogo y una profunda reflexión acerca de lo que es un actor verdaderamente, acerca de la naturaleza profunda del lenguaje cinematográfico y acerca de la pobreza e inmadurez conceptuales que hasta el momento han prevalecido sobre temas tan importantes como estos dos en el contexto colombiano. Un diálogo de donde debería salir todo el gremio audiovisual fortalecido, reflexivo y un poco más maduro”.
Los actores han señalado que quieren adquirir derechos que les han sido negados. “El camino más fácil para llegar a un acuerdo son las mesas de diálogo, como las que ya tenemos con el sector cine y el comité de concertación. Antes de radicar el proyecto de ley, buscamos el diálogo con los canales (de TV), con la mediación del Ministerio de Trabajo, pero esto no avanzó y se pararon de la mesa en el momento en que radicamos el proyecto de ley”, comentaron los voceros. Incluso, la ACA ha aceptado que “es necesario volver a incluir la diferencia entre el actor profesional y el actor aficionado, que teníamos establecida y que por cambios en la redacción se eliminó”.
El proyecto ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado, pero ante la polémica que suscitó tendrá ajustes en todo el articulado. Así lo aseguró el ponente principal de la ley, el senador Jorge Iván Ospina.
“Fue una decisión unánime de la Comisión Séptima del Senado que era indispensable la creación de un comité interinstitucional para buscar un consenso, debido a la polarización que la ley está generando; eso significará que tendremos reflexiones alrededor de si cobija o no al cine (que ya está regido por otras leyes, que tiene compromisos internacionales y que ha funcionado muy bien, tanto en la producción como en el crecimiento de posibilidades para Colombia como locación). Muy probablemente quedará por fuera de la ley de actores; y si no es así, quedará ajustado al consenso que se logre con el gremio cinematográfico”.
“También habrá ajustes sobre el porcentaje de participación de actores en las producciones colombianas (pasaría del 90 al 70 por ciento), se abriría un capítulo especial para las coproducciones, y lo que significa la profesionalización del actor y los mecanismos para acreditarlos” agregó el senador, quien adelantó que la ponencia para el segundo debate se radicará el próximo 23 de julio.
“Los actores, con una motivación bien intencionada, han articulado el proyecto de tal forma que afecta de fondo los estímulos que ha creado el Gobierno en los últimos 20 años y que crea unas instancias casi de censura, en un país en donde no hay esos filtros en los proyectos creativos. ¿Por qué alguien distinto al creador le debe decir si un actor corresponde o no con lo que cuenta su historia?”, concluye la directora de Proimágenes, Claudia Triana.
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