La renuncia de Claudia Restrepo a la gerencia del metro suscitó un debate en Medellín. ¿La junta directiva está politizada?, ¿cuál es el futuro de la empresa? y ¿quién será la persona calificada que nombrarán para dirigirla? Estas son algunas de las preocupaciones que varios sectores de la ciudad han manifestado.
Para Restrepo, su salida fue el deseo de hacerse a un lado para que se elija a un gerente que “cuente con la suficiente credibilidad y confianza de todos los miembros de la junta”, esa que ella, como advierte, dejó de sentir durante los últimos meses de su gestión.
La exfuncionaria no cree en una politización del metro. “No puedo decir que eso sea cierto, porque el grueso del personal es técnico y no político, y hay empleados que llevan hasta 20 años en la empresa”, señala.
Sin embargo, considera que hay desequilibrios en la junta, en la cual el Gobierno Nacional tiene cinco representantes, y la Alcaldía y la Gobernación, dos cada una. Y aunque los cinco representantes del Gobierno y sus suplentes son los mismos, este año se notaron cambios en su estrategia y política de gobierno. “Se tornó más difícil el relacionamiento con la junta y eso rompió el vínculo. No era la totalidad de la junta, pero sí un grupo relevante”, agrega.
Para Alberto León Mejía, quien formó parte de la junta por 16 años como delegado del Gobierno Nacional, pese a que esta siempre ha buscado estar al margen de pugnas políticas, no se pueden evitar por completo, ya que cuenta con participación de representantes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Presidencia de la República.
Por su lado, la concejala Luz María Múnera sostiene que la misma Restrepo tomó decisiones basadas en intereses políticos durante su gestión. “Ella nombró en altos cargos directivos a 12 personas que participaron en la pasada administración de Aníbal Gaviria Correa”, indica.
La exgerente no está de acuerdo con esta crítica que también les han hecho otros concejales y explicó que el 98 por ciento de los nombramientos fueron por procesos de selección interna o por convocatorias mediante página web. “De 302 nombramientos, solo 12 se realizaron directamente, es decir, se buscó a una persona en particular, y de esas solo siete u ocho trabajaron en los gobiernos de Aníbal Gaviria o Alonso Salazar”, destaca.
Por otro lado, la diputada Ana Cristina Moreno, que también formó parte de la junta directiva del metro, no cree que haya división política ni que los intereses particulares se estén imponiendo sobre el bienestar público. Aun así cuestiona el hecho de que la presidencia tenga mayoría de representantes en la junta, cuando ni siquiera es socio.
No es un secreto que el Gobierno Nacional siempre ha tenido injerencia en la elección del gerente del Metro. Pero en el caso de Restrepo, esto no fue muy notorio. Ella llegó en marzo del 2015, tras declinar su aspiración a la candidatura a la Alcaldía de Medellín. El entonces mandatario Aníbal Gaviria anunció semanas antes que la junta directiva la designó por unanimidad para reemplazar a Ramiro Márquez, quien llevaba 14 años en la empresa.
Una razón más para tratar de explicar qué pasó con la abrupta salida de Restrepo la da Múnera, para quien el actual alcalde Federico Gutiérrez no se ha dedicado con mucha fuerza al tema de la paz, lo que tendría “costos políticos” para Medellín en este sentido. Según la funcionaria, la elección del gerente de la entidad sí es un fortín político en el que gana la presidencia.
Por ello, Restrepo insistió en que hay desequilibrios en la junta y por tanto hay necesidad de “replantear el modelo del gobierno y clarificar quiénes deben definir las riendas de la empresa. El Gobierno Nacional debe mantener una posición de balance en las decisiones, y el municipal, el ejercicio de su rol, porque ha sido el mayor inversor en temas adicionales a la línea A y B del metro, tales como los cables y el tranvía”.
Según la experiencia de Mejía, las decisiones siempre se tomaron por unanimidad, pero considera que es necesario revisar el equilibrio 50–50 de municipio y departamento.
“Es importante que se revalúe hasta dónde esa participación es totalmente igualitaria, de manera que ahí tienen una tarea los actores accionistas, y si eso se revisa con juicio, debe llevar a algún tipo de modificación en la estructura que evite esos conflictos de tipo político”, concluye.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO