El proyecto que permite el acceso a Colombia de los buques gigantes que desde ahora podrán pasar por el canal de Panamá estuvo esta semana en riesgo de paralizarse, a solo dos meses de entrar en operación.
El alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, ordenó la suspensión de las obras porque consideraba que violaban el Plan de Ordenamiento Territorial y, además, se debían impuestos del no pago de las expensas por unos 3.000 millones de pesos.
Pese a que la crisis se superó dos días después con la contraorden del mismo Alcalde, que levantó el sellamiento, el caso pone de presente una vez más las incertidumbres jurídicas alrededor de las obras de gran envergadura, aun cuando han cumplido con todas las exigencias que prevé la ley.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), Luis Fernando Andrade, indicó que esta es una situación desconcertante, porque en Colombia la ley es muy clara en cuanto a que es al Gobierno al que le compete determinar qué tipo de construcciones se pueden hacer para los puertos y aeropuertos, y que esa decisión no es del municipio.
La determinación no solo preocupó al presidente de la Ani, sino a diferentes sectores por cuanto implica la construcción de más de 380 hectáreas, con una inversión mayor a los 500 millones de dólares, y que en su desarrollo proyecta mover más de un millón de toneladas y generar más de 600 empleos directos en la región.
Y es que el rechazo y la presión no se hicieron esperar tras conocer la disposición del mandatario local, máxime cuando ya se habían adelantado conversaciones con él y las demás partes involucradas en el proyecto, como lo informó el mismo Andrade.
“Hace unos meses, el Alcalde amenazó con que pararía las obras del puerto, frente a lo cual le explicamos que no había lugar para eso y que sería una acción ilegal; entonces, se acordó que, para garantizar la seguridad jurídica, se consultaría a un exmagistrado especialista en el tema, quien en su concepto reiteró lo que siempre se ha dicho, que eso es algo de competencia nacional”, sostuvo el funcionario.
Al tiempo, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, afirmó que se trataba de “una alcaldada”, al referirse a que el desarrollo no se podía parar de esa manera. “Me preocupa el mensaje que se manda a la comunidad internacional”.
A esas voces de protesta se unió la de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien calificó como “un golpe traicionero” las decisiones del alcalde Arboleda.
El presidente de la CCI dijo que existía una ilegalidad rampante en la revocatoria de las citadas circulares porque la ejecución del puerto no genera afectaciones sociales ni atenta contra el interés público, como argumenta Arboleda.
Y porque la Ley de Puertos y exigencias de las autoridades nacionales vinculadas a la infraestructura han sido acatadas al pie de la letra por la empresa a cargo del proyecto.
Por su parte, Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, manifestó que “es inaudito que faltando semanas para la inauguración del puerto de Aguadulce –la inversión asiática no petrolera más grande del país, con enormes beneficios para los bonaverenses–, la Alcaldía ordene parar su construcción, contraviniendo, aparentemente en forma ilegal, la licencia que ella misma emitió”.
Acuerdo visible
Esta situación, pese al levantamiento de los sellos, llevó el jueves a otra reunión con Eliécer Arboleda, la gobernadora Dilian Francisca Toro y Luis Fernando Andrade, donde se concluyó que el puerto está abierto, lo seguirá estando y que la construcción continuará.
“La próxima semana habrá una reunión de seguimiento con la Procuraduría, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, la Vicepresidencia y la Ani, en la que se espera aclarar y lograr que se pueda hacer un documento jurídico en donde no haya la más mínima duda de que el proyecto sigue su ejecución”, dijo Dilian Francisca Toro.
El otro acuerdo al que se llegó está relacionado con que el puerto de Aguadulce se comprometió a pagar impuestos de unos predios que no están actualizados catastralmente por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), y que luego conciliarán con esa entidad para quedar a paz y salvo.
Finalmente, y de acuerdo con toda la legalidad catastral, se definió que el municipio podrá entrar a los predios de Aguadulce cuando así lo requiera, con previo anuncio, por el tema de seguridad industrial que se debe tener dentro del puerto.
La nueva Sociedad Portuaria e Industrial de Aguadulce, con una concesión a 30 años, se empezó a construir en el año 2008 y será un terminal especializado en contenedores que para su operación contará con 24 grúas pórticos.
Una vez entre en operación Aguadulce, se espera que movilice alrededor de 300.000 contenedores por año hasta llegar a los 600.000.
ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
ECONOMÍA Y NEGOCIOS