Con tan solo 28 años, Mayer Mizrachi ya tiene en su prontuario una orden de captura internacional, un proceso de extradición, seis meses en la cárcel de máxima seguridad de La Picota y una solicitud de asilo político en Colombia.
No se trata de un delincuente común sino de un empresario panameño-jamaiquino emparentado con el ex vicepresidente de Panamá Ricardo Martinelli –investigado por corrupción– y protagonista de un escándalo binacional por su salida irregular de la cárcel La Picota.
Contra Mizrachi pesa un proceso por fraude contra la administración pública, al que sigue oficialmente vinculado a pesar de haber quedado en libertad el 22 de junio pasado. (Lea la versión de Mayer Mizrachi sobre su caso)
Sin embargo, el procedimiento, que parecía rutinario, tiene molesto al Gobierno panameño, preocupada a la Cancillería de Colombia y empapelado al director encargado del penal, mayor Fabio Augusto Becerra.
El funcionario fue retirado de su cargo y denunciado ante la Fiscalía por Migración Colombia por impedir que Mizrachi fuera expulsado al istmo, para asegurar su comparecencia a la justicia. (Lea: Si Panamá no pide extraditar a Mayer Mizrachi, será expulsado del país)
Tal como lo reveló EL TIEMPO, aunque Becerra recibió la instrucción precisa del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Ramírez, de coordinar su salida con Migración, el panameño evadió el trámite y fue sacado del penal en un carro oficial.
El contrato y su defensa
De hecho, en Panamá corrió el rumor de que un jugoso soborno le abrió las puertas. Pero el panameño no solo niega cualquier pago, sino que ahora está pidiendo asilo político en Colombia en calidad de perseguido.
Mizrachi atribuye sus líos jurídicos a su nexo con Martinelli: su padre, Aarón Mizrachi, mantiene una relación con la hermana del expresidente, lo que lo convierte a él en sobrino político del exmandatario.
Sin embargo, fuentes oficiales en Panamá le aseguran a EL TIEMPO que los líos de Mizrachi están relacionados con irregularidades en un millonario contrato que su empresa, Innovative Venture S.A., firmó durante la administración de Martinelli con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). (Lea: Polémico panameño tendrá permiso de cinco días para tramitar refugio)
El objeto era instalar una plataforma tecnológica inteligente para encriptar mensajes, conocida como Criptext. Y el costo, en papeles, fue de 211.850 dólares.
El lío es que la plataforma nunca entró en funcionamiento y lo que Mizrachi califica como un lío administrativo se le convirtió en una investigación por peculado y en una orden de captura. Y es aquí donde Colombia, el Inpec y La Picota entran en la historia.
El 29 de diciembre de 2015, Mizrachi, cuya oficina queda en Nueva York, decidió tomar un vuelo hasta Miami y luego a Cartagena para pasar algunos días con parientes.
Cuando llegó al país, Migración Colombia y la Dijín hicieron efectiva la orden de captura, lo mandaron a La Picota y se inició el proceso de extradición. (Lea: Poderoso empresario panameño se 'esfumó' de la cárcel La Picota)
“Firmo esta orden de captura contra mi voluntad y plenamente consciente de que mi retención por más de 36 horas por parte de las autoridades colombianas, sin que exista orden judicial ni en Colombia ni en Jamaica ni en ningún otro país extranjero (sic), es una violación a mis derechos”, escribió el empresario en una hoja anexa.
Y calificó como espúrea la circular roja de la Interpol en su contra.
De inmediato, la familia de Mizrachi contrató a cinco abogados para que se hicieran cargo de su caso, que catalogan una clara persecución política por su cercanía con el expresidente Martinelli.
“Su mamá, Rebeca Matalón Castel, es miembro de una influyente familia judía y dueña de Caribbean Patty S.A., compañía dedicada al sector de alimentos. Ella coordinó la defensa, se vino a vivir a Bogotá y lo visitaba en La Picota. El propio Mizrachi nos lo ha contado”, dijo un allegado. (Lea: En carro del Inpec sacaron de cárcel La Picota a empresario panameño)
El reputado penalista Iván Cancino asumió el caso en Colombia junto con Álex Vernot. A este último, algunos lo recuerdan por su cercanía con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y porque aspiró, sin suerte, a sucederlo en el cargo.
Pero allegados aclaran que Vernot apareció por su proximidad con los banqueros Gilinski y porque una de las herederas de ese grupo es novia de Mizrachi. De hecho, allegados confirmaron que Cancino fue contactado por Jaime Gilinski.
Escándalo en La Picota
Con esa defensa, Mizrachi inició la batalla jurídica por su libertad y por evitar ser extraditado a su país. Su caso ha cobrado tanta relevancia que la influyente revista Forbes se desplazó al país para hacerle un reportaje desde los corredores de la cárcel.
El panameño aprovechó la publicación para denunciar que, desde febrero, se había pagado la fianza para que lo dejaran en libertad: 100.000 dólares, pero seguía en La Picota.
Además de advertir que tiene una enfermedad vascular que requiere medicamentos especiales, insistió en que hay irregularidades en su proceso y en que le han violado los derechos. Por eso, su defensa llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y aunque ahora dice que la labor de su defensa le abrió las puertas de La Picota, el trámite quedó bajo la lupa de la Fiscalía, de la Procuraduría y del Inpec. (Lea también: Asilo a panameño se frustraría por anomalía en su salida de La Picota)
Según el director de Migración Colombia, Christian Krüger, sus agentes estuvieron 13 horas esperando a Mizrachi. Mientras tanto, él se tomaba fotos en la oficina del director de La Picota, recibió a sus asesores y, al final, terminó por evadir la expulsión.
“Eso no es normal y no tiene por qué pasar. No pasa nunca con ningún recluso”, dice Krüger, a quien lo respalda la Cancillería.
Ahora, el panameño espera en un hotel a que se le otorgue el asilo. Mientras tanto, la Fiscalía se alista a llamar al mayor Becerra para que explique por qué evitó que Mizrachi fuera sacado hacia el istmo.
‘Están buscando un delito donde no lo hay’: Cancino
Iván Cancino, abogado de Mayer Mizrachi, le dijo a EL TIEMPO que la justicia de Panamá ordenó la libertad de su cliente no solo por el pago de una fianza, sino porque entendió que no debía ni necesitaba llevarlo a la fuerza a comparecer. “Están buscando un delito donde no lo hay”, explicó. Y agregó que pidieron el asilo político porque en ese país el caso es tratado por los medios como un escándalo con trascendencia nacional y política. “Sin duda, su nexo con el expresidente Ricardo Martinelli tiene que ver”, explicó Cancino.
Y agregó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó a la empresa de Mizrachi como ejemplo emprendedor en la región y que ha salido destacado en otras publicaciones, lo cual demuestra que no hubo ningún favorecimiento. En cuanto a la salida de su cliente de La Picota, Cancino aclaró que fue ordenada por la Fiscalía y que en el oficio no dicen que debían ponerlo a disposición de Migración Colombia para su expulsión. Y confirmó que los exmagistrados Augusto Ibáñez y José Gregorio Hernández emitieron conceptos favorables sobre el caso de su cliente.
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