A plata de hoy, el plebiscito sobre el acuerdo de La Habana entre el Gobierno y las Farc debería salirle bien al presidente Juan Manuel Santos. En una votación de estas –en que no se movilizarán los Musas ni los Yahires– es dable suponer que habrá entre diez y doce millones de votantes. Y hoy, según las encuestas, alrededor del 60 por ciento votaría por el sí: entre seis y más de siete millones de votos, lo que superaría de manera amplia el umbral de 4,4 millones de sufragios afirmativos (13 por ciento del censo electoral) establecido por la norma aprobada por el Congreso.
El primer riesgo que enfrenta el Gobierno en esta apuesta es que aún faltan unos cuatro meses para la votación: dos más de negociaciones en La Habana para resolver los pendientes y firmar el acuerdo definitivo, y otros dos para que el Presidente dicte el decreto de convocatoria y tenga lugar la campaña. Y la opinión pública es cambiante, como la donna mobile de la famosa aria.
Basta darle un vistazo a lo que acaba de ocurrir en Gran Bretaña con el referendo sobre su salida de la Unión Europea. A fines de febrero, cuando el primer ministro David Cameron lo convocó, la opción por la permanencia ganaba en los sondeos por entre diez y doce puntos a la opción del brexit (la salida). En menos de cuatro meses, la tortilla se volteó y ahora Gran Bretaña, Europa y el mundo entero viven la incertidumbre económica y política generada por la ruptura entre Londres y el Viejo Continente.
El segundo riesgo que enfrenta el Presidente es que gane la indiferencia. Millones de colombianos asumen –con bastante razón– que la guerra acabó hace rato, y tienen su cabeza puesta en otros problemas del país, como la corrupción. Santos ha sugerido que si gana el no, la guerra podría volver, pero las Farc han salido a desmentirlo al asegurar que nada de lo que ocurra en el plebiscito las hará reactivar su aparato militar.
Al Gobierno le conviene –gran paradoja– que la oposición uribista desate una campaña intensa por el no. Si la campaña para el plebiscito copa la atención de la gente y la opinión pública se polariza –y para eso es fundamental que el expresidente Álvaro Uribe y su gente se metan de lleno–, Santos la tendrá más fácil a la hora de movilizar a los votantes por el sí, sobre todo a quienes no gustan de Uribe. Pero si, por ejemplo, el uribismo desconoce el referendo alegando que es una pregunta general que no habla en específico de las concesiones a las Farc y que el umbral de aprobación es muy bajo, los del sí se quedarían haciendo campaña solitos y eso resultaría poco emocionante, muy poco movilizador, y alcanzar los 4,4 millones de votos por el sí podría no ser tan fácil.
Un tercer riesgo es que una franja significativa de electores asuma que al votar por el sí no solo están validando los acuerdos de La Habana, sino el conjunto de la gestión de Santos. La favorabilidad del Presidente lleva la mayor parte de su segundo período en terreno negativo, así que no es descartable que muchos colombianos que piensen así decidan abstenerse para no darle un espaldarazo al primer mandatario. Todavía falta trecho para el plebiscito, pero es bueno comenzar a plantear estos interrogantes.
El caso Camargo. Una jueza debe decidir esta semana si manda a la cárcel o a detención domiciliaria al exdirector del IDU Andrés Camargo. Su condena por el caso de la construcción de la red vial de TransMilenio está llena de injusticias, en especial porque quedó en evidencia que Camargo no se benefició económicamente ni nada por el estilo. Que él vaya a prisión cuando los responsables de uno de los mayores descalabros financieros del país están a punto de salir libres –para no hablar de los comandantes de las Farc, que no pagarán cárcel– es una iniquidad sin nombre.
Mauricio Vargas
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