“Dígame Jhon Jairo Vásquez Velásquez, señorita. ‘Popeye’ solo me dicen mis amigos”, le dijo con arrogancia este personaje una vez a cierta periodista. Se ganó su apodo cuando fue grumete en la escuela de la Armada Nacional por su gran parecido con este personaje de las tiras cómicas. Dicen que ya de profesión sicario, se hizo una cirugía para corregir el parecido. Ahora quiere ir al Congreso.
Explicable. Vivimos un momento del país en el que la Constitución, que mañana cumple 25 añitos, está vuelta un chicle para adaptarla a los acuerdos con las Farc, y sus reformas se dictan textualmente desde La Habana.
Por lo demás, ‘Popeye’ es más popular hoy que muchos congresistas y hasta sacaría más votos que un candidato al Congreso por las Farc. Tiene su propio canal de YouTube, que se llama ‘Popeye arrepentido’; cuenta con más de 134.000 suscriptores. Ha subido 87 videos y el último, con más de 250 visualizaciones, dice: “Diosdado, animal de monte, toda la información que estoy dando y la que tengo guardada la estoy recibiendo del círculo más cercano a usted”.
Desde luego, bajo la Constitución de hoy, ‘Popeye’, por fortuna, no podría llegar al Congreso. Se lo impedirían en principio dos artículos constitucionales: el 179, que prohíbe elegir al Congreso a las personas que hayan sido condenadas, salvo dos excepciones: los delitos culposos y los políticos: rebelión, sedición y asonada.
Pero además, el artículo 122 establece que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular... quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo... por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico”.
Caramba: si ‘Popeye’ no puede ser congresista, hoy por hoy las Farc o sus jefes o sus subalternos a ningún nivel tampoco, porque se tiene inhabilidad vitalicia, según el artículo 122 de la Constitución.
Este artículo, introducido bajo el gobierno de Álvaro Uribe pensando no solo en la guerrilla, sino en los grupos criminales, aparentemente entra en conflicto con el 179, que hace la excepción de los condenados por delitos políticos.
Pero ‘Popeye’, si quisiera, podría aventurarse a alegar que el movimiento de los extraditables fue el brazo político del narcotráfico bajo la bandera de la no extradición de nacionales. Tanto es así que en el libro de Gabo Historia de un secuestro, su autor cuenta que Pablo Escobar solo se entregó el día que le llevaron, durante la Constituyente del 91, por escrito, el nuevo artículo 35, que prohibía la extradición de nacionales. ¿Qué más acto político que lograr reformar la Constitución? Hasta tuvieron su propio constituyente, un tal Augusto Ramírez (no confundir con Ocampo, por Dios) camuflado en las listas del M-19.
Todas las guerras civiles del siglo 19 en 1Colombia fueron para cambiar la Constitución. Por ejemplo, la del 85, para tumbar la Constitución de Rionegro, supuestamente inmodificable. Cuando Núñez triunfó en la batalla de la Humareda pronunció sus inmortales palabras: “La Constitución del 63 ha dejado de existir”. Igual a Pablo Escobar entrando a La Catedral: “La extradición en Colombia ha dejado de existir”.
¿Cómo les despejarán el camino a los de las Farc que han narcotraficado y cometido delitos graves, para que, a pesar de que esos dos artículos hoy se lo impiden, puedan llegar al Congreso con curules regaladas hasta por dos períodos?
Sencillo. La Corte ha dicho que si se narcotrafica para tumbar al Gobierno, se vuelve conexo con el delito político y listo el pollo. ¿Y la inhabilidad vitalicia del que ha sido condenado por la pertenencia a un grupo armado? Pues para eso está el procedimiento fast track que acaba de aprobar el Congreso para modificar ¡flash! los artículos de la Constitución que se les atraviesen a los acuerdos de La Habana, ahora en 3 debates solamente, y ya no en 8.
El Gobierno y el Congreso sí tendrán que mirar, si se van a meter con el artículo 122 de la Constitución, cómo les levantan la inhabilidad a las Farc y no a las bandas criminales, porque va y se les cuela en una de esas ‘Popeye’ al Congreso. Perdón. Don ‘Popeye’.
Es que la impunidad produce consecuencias insospechables.
Entre tanto... The Economist sugiere al Presidente convencer a los colombianos de que esta paz es justa.
María Isabel Rueda
