Por casi tres años el departamento de Córdoba, en cabeza del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron, y 5.264 millones de pesos por tratamientos de equinoterapia y neurodesarrollo para niños que nunca los necesitaron.
Ese dinero, según una investigación que la Contraloría lidera desde hace más de año y medio, terminó en manos de cinco instituciones médicas que serían de papel y que habrían sido creadas para defraudar al departamento.
Desde el 2013, y sin ninguna explicación científica, en Córdoba aparecieron 47 pacientes con hemofilia, enfermedad de alto costo que genera dificultades para que la sangre se coagule y por la que se podría morir por una hemorragia. De esos enfermos se tuvo conocimiento cuando una institución prestadora de salud (IPS) –Unidos por su Bienestar, creada ese mismo año– le pasó facturas por más de 17.000 millones de pesos a la Gobernación de Córdoba por los medicamentos especializados que supuestamente les dio.
Un año después los pacientes en Córdoba con hemofilia ya eran 81, casi el doble, y por ellos Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana, otra IPS, cobraron 18.000 millones de pesos.
Las IPS recetaban Von Willebrand con factor VIII, enzima con la que el medicamento no está incluido en el POS. A pesar de que la entrega del medicamento debía ser aprobada por el Comité Técnico Científico de la EPS en la que estaban afiliados los supuestos pacientes, o vía tutela, nunca se cumplió con ese requisito y las facturas llegaron directamente a la Gobernación de Córdoba, que les pagó las medicinas sin verificar si realmente se prestó el servicio.
El contralor General Edgardo Maya aseguró que en estos casos, “lo más grave es que las secretarías de Salud departamentales están avalando estos pagos, aumentando el déficit en las cuentas maestras de salud y privando a las personas que en realidad están enfermas de acceder a los servicios que requieren”.
La Contraloría tiene pruebas de que detrás de la aparición y desaparición de pacientes con hemofilia en Córdoba hay una red criminal que descubrió en esta enfermedad huérfana una vena rota para defraudar los recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El año pasado las alarmas también se prendieron en Bolívar por recobros de más de 25.000 millones de pesos que hicieron cinco IPS por pacientes hemofílicos, pese a que, según la Contraloría, tampoco existió certeza de que se haya prestado el servicio.
En Córdoba la aparición –de un día para otro– de los supuestos hemofílicos adultos, generó sospechas de la Contraloría, pues esta es una enfermedad que en el 50 por ciento de los casos se detectan antes de los 20 años.
Al investigar los casos la Contraloría encontró que los exámenes del laboratorio Bernardo Espinosa con los que las IPS de Córdoba cobraron los medicamentos eran falsos.
“Fueron realizados en una plantilla igual a la que utilizamos en nuestro laboratorio, con la firma digital de la profesional, pero los nombres no figuran en nuestra base de datos”, indicó el laboratorio.
Y el médico hematólogo, identificado como Luis Alfredo Meza Montes, quien supuestamente firmaba todas las solicitudes del tratamiento para los hemofílicos aseguró que la firma que estaba en los documentos no era suya. Las EPS en la que estaban afiliados los pacientes también afirmaron en la auditoría que los usuarios que aparecen en los documentos nunca han sido diagnosticados con esta enfermedad.
La Contraloría también ha entrevistado a varios de los supuestos pacientes beneficiados, quienes aseguran que nunca recibieron las medicinas. Solo dos reconocieron que en algún momento les hicieron exámenes, pero nunca les entregaron los resultados y, mucho menos, el costoso medicamento.
En el caso de las terapias de neurodesarrollo, la Contraloría asegura que la Gobernación pagó por ese tipo de procedimientos para niños que nunca los recibieron. “La auditoría no evidenció gestión por parte de la Administración departamental de Córdoba para recuperar los valores pagados”, dice el informe.
Exgobernador, en la mira
Con las pruebas de los documentos falsos y las facturas que la Gobernación de Córdoba pagó, la Contraloría le trasladó los hallazgos de las irregularidades a la administración departamental en Córdoba.
Después de que se hizo esa denuncia aparecieron declaraciones juramentadas de supuestos pacientes que habían recibido las medicinas ante notarias de Córdoba. A la Contraloría le llama la atención que 8 declaraciones se hicieron en un mismo día (17 de mayo) y se tramitaron en la notaría de Luz Helena Muskus García, madre del exgobernador Lyon Muskus.
A pesar de que esta irregularidad se viene presentando desde hace más de tres años, solo hasta hace tres semanas, ante la auditoría de la Contraloría, el exgobernador Lyons interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General contra los representantes legales de las IPS y los funcionarios que trabajaron en la Secretaría de Salud del departamento entre el 2013 y 2015.
EL TIEMPO intentó comunicarse con el exgobernador Lyons Muskus vía correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.
¿IPS de papel?
La Contraloría investigó a Unidos por su Bienestar, la IPS que nació en el 2012, con un capital de 900 millones, y un año después ganó casi 40.000 millones tratando a pacientes falsos de hemofilia. En el 2016 la IPS cambió su nombre por el de IPS Comunidad Sana y en los últimos dos años ha sido embargada dos veces. Su representante legal es Éder Antonio Pérez Ardila, quien en redes sociales figura como profesional de enfermería.
Una vez la Contraloría detectó los exámenes falsos de hemofilia, al organismo de control llegó una certificación de la Clínica Santa Lucía del Sinú afirmando que eran verídicos. Al consultar en la Cámara de Comercio de Montería se encontró que el mismo representante legal de esta clínica, que nació en el 2013 con un capital de 90 millones de pesos, era también Éder Antonio Pérez Ardila.
¿Qué es la hemofilia?
La hemofilia es un trastorno hemorrágico que impide que la sangre coagule correctamente. Se trata de una enfermedad hereditaria, por lo que su diagnóstico se produce durante los primeros 20 años de vida.
Son raros los casos en los que se adquiere esta afección en la edad adulta. Esto puede suceder si el propio organismo genera anticuerpos que atacan a las proteínas que facilitan la coagulación.
En el país, 1.823 personas sufren esta enfermedad huérfana, una tasa de 3,8 por cada 100.000 habitantes.
MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA