Está lista la estrategia para el posconflicto. La paz es irreversible y solo espera la definición de cómo se integra el tribunal especial de justicia y paz, que definirá las penas que se impondrán a los responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto. También está pendiente la definición de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de refrendación del acuerdo final de La Habana.
Además, faltan la estructura de la participación política de los dirigentes de las Farc en el Congreso y el establecimiento de los beneficios jurídicos, como amnistía e indulto, para los guerrilleros rasos, que son unos 7.000 hombres.
Lo que más preocupa a la opinión pública es qué va a pasar con estos hombres y mujeres cuando se desarmen y se desmovilicen.
Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, revela en el siguiente reportaje que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobará en los próximos días la estrategia del posconflicto, que incluye desde la construcción inmediata de pequeñas vías terciarias para 70 municipios hasta la firma de ‘contratos de paz’ en todos los departamentos; desde la aprobación de un plan de recuperación de 350 municipios afectados durante 50 años de guerra hasta la adopción del plan ‘Impuestos por obras’, que significa que se pueden pagar impuestos con obras en las zonas que fueron de guerra.
Pardo es un hombre que ha estado en contacto permanente con el conflicto del país desde hace más de 25 años, cuando ocupó la cartera de Defensa bajo el gobierno del presidente César Gaviria.
¿Hay ya un programa establecido para las zonas donde van a dejar de estar las Farc, para que esas zonas no sean ocupadas por otros grupos ilegales?
Sí. Un dispositivo muy amplio de Fuerza Pública va a copar los municipios donde dejarán de estar las Farc, y lo que llamamos una “estrategia de respuesta rápida”, que es un programa de acciones inmediatas del Gobierno: justicia alternativa, fortalecimiento de juntas comunales en contratación de mantenimiento de vías, focalización de reparación individual a víctimas de las Farc, apoyo a producción agropecuaria. Son más de 1.200 proyectos. En 350 municipios, por ejemplo, se inicia ya un programa de microcrédito tanto del Banco Agrario como de una alianza de bancos privados.
¿En qué consiste el plan del Banco Agrario que usted menciona?
Es un programa de créditos pequeños a personas que no tienen historia crediticia. El Banco Agrario tiene la meta de cubrir a 300.000 personas a partir del segundo semestre de este año, y 200.000 de una alianza de bancos privados que tiene un fondo que puso Usaid, que es la agencia de desarrollo de Estados Unidos. Es decir, habrá microcréditos para 500.000 personas.
¿Cuántos municipios serán atendidos con ese plan?
350 municipios que han sido afectados por el conflicto durante seis décadas. La ventaja del microcrédito es que requiere una supervisión muy cercana, pero no exige garantías hipotecarias o historia crediticia.
¿No estamos hablando de exguerrilleros sino de habitantes de 350 municipios?
De campesinos. La paz con la guerrilla tiene que significar una paz territorial, y esto significa mejores condiciones para los campesinos de las zonas que han sufrido el conflicto. Es que la mayor parte de los acuerdos con las Farc se basan en que los campesinos tengan mejores condiciones de vida.
¿Pero es un auxilio que se va a dar a los campesinos?
No es un auxilio, es un crédito y tienen que pagarlo.
¿Pero no hay facilidad alguna?
Hay apoyo, supervisión, acompañamiento. Pero la presencia del Estado no será solo con este sistema de crédito. Hay un abanico grande de 1.200 proyectos en esta estrategia de respuesta rápida.
¿Qué necesitan quienes viven en regiones rurales que han tenido el conflicto?
Necesitan posibilidades de tener ingresos, y para tenerlos necesitan producir, y para producir necesitan crédito. Ahí está el tema de crédito; también requieren empleo y mejores vías a nivel inmediato: en el segundo semestre del año hay un programa vial en 70 municipios; se trata del mantenimiento de pequeñas vías terciarias que se hacen en contratación con juntas de acción comunal, 50 kilómetros por municipio en 70 municipios.
¿Qué inversión está prevista para la construcción de estas vías?
Eso vale 90.000 millones de pesos el primer año.
¿Qué tan vital para el campesino es este programa de vías terciarias?
Si usted observa el mapa del conflicto y el mapa de las vías terciarias, encuentra que en donde ha habido conflicto no hay vías terciarias o están en muy mal estado; y donde no ha habido conflicto, hay una buena red de vías terciarias.
Es decir, ¿hay una relación directa entre el conflicto y la red de vías de la región?
Sí. O sea, se trata de recuperar 30 años perdidos. Mire: es lo que hicieron Alemania oriental y Alemania occidental. La occidental se echó al hombro para poner al día a Alemania oriental. Lo que pasa es que aquí tenemos ‘Alemanias orientales’ en todas partes.
¿Cuántas personas viven en estos 350 municipios escogidos para el desarrollo?
7 millones de personas. Es el 12 por ciento de la población. Allá se ha reproducido la violencia a través de muchos grupos, que simplemente cambian de nombre. Allá es donde están los cultivos ilícitos, la minería ilegal, las bandas armadas, o sea, hay que integrarlos a la producción y que el sector privado también vaya a esas zonas.
Vamos a hacer dentro de 10 días un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) en el cual se va a aprobar la estrategia de posconflicto a 10 y 15 años. Ese es un paso fundamental para asegurar la continuidad del proceso de paz.
¿Las decisiones del Conpes que usted anuncia son vinculantes?
Sí, y después de hacer el Conpes, en cada departamento-municipio y con la comunidad se hará un contrato plan para este propósito, que se denomina ‘contrato-paz’, que es una forma institucional, en el cual la Nación se compromete a hacer unas cosas, el departamento otras, el municipio otras, con una amplia participación de la comunidad. Eso se incluye en un contrato de acción del Estado.
¿Si el próximo gobierno no es partidario del proceso, eso no se puede desmontar?
El posconflicto se ejecuta con ‘contratos paz’, y en ellos estarán todas las acciones de gobierno para un periodo de diez años, para que exista claridad en las distintas zonas del país de qué se va a hacer. Cambiar esto no se puede a través de una decisión unilateral desde Bogotá.
¿Cuánto tiempo calcula que durarán las tareas del posconflicto?
Unos 10 años para cumplir los acuerdos, y hay otros temas más allá de los acuerdos que tardan de 15 a 20 años.
¿Es decir que el próximo gobierno tiene que estar comprometido con la paz, con lo que se debe hacer en el posconflicto?
Lo que tenemos hoy es una especie de licencia de construcción del edificio de la paz. Ahora hay que construir el edificio; hay que hacer los cimientos. Eso es lo que se va a hacer: ir a departamentos, municipios y con amplia participación de la comunidad, acordar un nuevo pacto social, específico, concreto y plasmado en un contrato con los hechos que van a ocurrir y los proyectos que se van a realizar.
¿Y todo eso cómo se hará?
El presidente tiene facultades extraordinarias después del plebiscito para implementar los acuerdos y dictar decretos con fuerza de ley.
¿El próximo gobierno, sea cual fuere, no puede desconocer los acuerdos de paz?
Por supuesto que no, como tampoco puede cerrar el Congreso, ni cerrar la Corte.
¿Cómo se aplicará esta estrategia para el posconflicto que dictará el Conpes?
Hay que hacer un contrato en cada departamento para buscar una mayor integración, una mayor igualdad entre regiones y promover un sector privado que esté presente en una geografía mucho más amplia y lograr unos servicios del Estado que cubran la mayor parte del país.
¿Qué significa igualdad e integración en esta estrategia?
Que las oportunidades sean parecidas; que una persona que nació en Guapi tenga oportunidades similares de trabajo, de estudio, de salud a una persona que nació en Cali. En más de 750 municipios del país, el único empleador formal que hay es el Estado; no hay empresas privadas, no hay sector privado, hay por supuesto mucho trabajo informal, y por eso requerimos la presencia del sector privado.
¿Cómo hará usted para incorporar al sector privado?
A través de un paquete de incentivos tributarios que va a ser adoptado a través de las facultades extras del Presidente. Aclaro que no es la reforma tributaria.
¿Qué tipo de incentivos tributarios?
Beneficios para que empresas no presentes en esas zonas se localicen en sitios en los cuales se requiere que haya empresa privada, productiva, agroindustrial. Estamos planteando reducción de impuestos por un determinado tiempo para las empresas que se creen.
¿En los 350 municipios que me mencionó al comienzo?
No, mucho más restringidos. Ni son estímulos para Bogotá ni la Sabana de Bogotá; tampoco en la mitad del país; será para lugares muy puntuales.
Es fundamental que la empresa privada se vincule y que amplíe su acción. Vendrá un paquete en el cual están estímulos tributarios, estímulos al empleo. Además, se podrán pagar impuestos por obras en determinadas zonas; impuestos por obras es un modelo que se aplicó en Perú que lo queremos traer aquí.
¿Cómo funciona?
El Gobierno saca un listado de qué obras le interesan, y empresas privadas responden y proponen. Por ejemplo: si les interesa construir este puente, lo financia la empresa privada y descuenta el valor del puente de los impuestos, o sea, paga impuestos haciendo obras. En Perú ha sido muy exitoso.
¿Cómo se hizo allá?
Se llama ‘impuestos por obras’; tiene en este momento un acumulado de 700 millones de dólares en obras. Se podrá realizar una infraestructura muy importante en regiones en las cuales puede ser más eficiente y más rápido que construya el sector privado. Empresas del sector privado quieren vincularse a regiones y tener, digamos, una presencia en ciertas regiones, y para ellos es mejor eso que pagar impuestos que no se retribuyen en obras en determinadas zonas. En Perú, las más importantes en impuestos por obras son bancos y empresa cervecera.
¿El plan de ‘impuestos por obras’ viene dentro del bloque de medidas del Conpes?
En el Conpes estará enunciado y será reglamentado con las facultades que tendrá el Presidente después del plebiscito.
La empresa privada, en el tema de paz, no debe pensar que son más impuestos para ellos, sino más alternativas de inversión en distintas regiones; cosa distinta es que el presupuesto tiene que buscar mecanismos de estabilización, y eso lo hará con la reforma tributaria.
¿Entonces, ni la paz, ni su implementación ni el posconflicto son posibles si no participa muy activamente la empresa privada?
Esa es la respuesta. La paz no es sostenible solo con lo que haga el Gobierno, lo tiene que hacer la empresa privada también.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
