Más concentrados en las expectativas por el proceso de paz y hasta en el fútbol, la mayoría de los colombianos no se han detenido a reflexionar sobre el enorme impacto de recientes decisiones, y no decisiones, de las altas cortes.
Uno de los efectos más trascendentales –y hay que decirlo, más lamentables– es el virtual entierro de una reforma, la de la alta arquitectura de la justicia, que se logró después de años de intentos fallidos y no pocos escándalos protagonizados por altos dignatarios de la justicia.
La Corte Constitucional, en un polémico fallo –ya comentado en estas páginas–, revivió la muy criticada Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que había sido eliminada el año pasado por la reforma de equilibrio de poderes, debido a su demostrada ineficiencia para hacer más ágil y cumplida la justicia colombiana. La tesis, harto discutible, que se impuso por abrumadora mayoría fue que el Congreso sustituyó la esencia de la Carta del 91 al crear la Sala de Gobierno de la Rama Judicial, lo que supuestamente afectaba la independencia y autonomía de ese poder.
Ahora está en capilla el Tribunal de Aforados, el órgano que la misma reforma creó para sustituir una de las instituciones más desacreditadas de todo el aparato estatal colombiano: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. La discusión arrancó con la propuesta de declarar inexequible el trascendental relevo –que en la práctica representaba que por primera vez los altos magistrados y el Fiscal General de la Nación tendrían un control efectivo– por presuntos vicios de trámite en su aprobación legislativa.
Pero, como lo reveló este diario, en la Corte impera la posición de hundir el nuevo tribunal también por temas de fondo: es decir, porque supuestamente el Congreso se extralimitó en sus funciones y reemplazó al Constituyente del 91 al cambiar la esencia del control sobre las actuaciones de los altos magistrados.
De imponerse –como parece– esa tesis, todo volverá a lo de antes. O sea, a la impunidad campante que garantiza la Comisión de Acusación, que en más de cuatro décadas solo ha acusado a uno de sus aforados: el cuestionado magistrado Jorge Pretelt. Y, ya es un hecho, a un órgano de gobierno judicial, la Judicatura, permeado por las luchas por el control del presupuesto y la burocracia de la Rama.
Por supuesto, nadie discute que la función de la Corte es garantizar que los mandatos esenciales de la Constitución, entre ellos la separación y la independencia de poderes, se mantengan incólumes. Sin embargo, mucho va de esto a desconocer la facultad que tiene el Congreso de reformar la Carta, gracias al mandato que le confiere el pueblo. Paradójicamente, en su cerrada defensa de la Constitución la Corte les abre camino a propuestas peregrinas como la que plantea que el olimpo de la justicia solo puede ser tocado a través de una constituyente, con todos los riesgos que implica abrir esa puerta.
Para nadie es un secreto que a los altos magistrados no les gustó que la reforma de equilibrio de poderes hubiera afectado su privilegiado régimen. Esto, a pesar del evidente descrédito que les han traído a las cortes las actuaciones de algunos de sus magistrados, que se saben literalmente intocables.
Y si por la Corte Constitucional llueve, por la Suprema no escampa. Ese tribunal completa ya tres meses en el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación, y las alertas sobre la ampliación de la interinidad que hoy se vive en una de las instituciones más importantes de todo el Estado no son pocas. Mientras tanto, crecen las voces inconformes con nombramientos y contratos firmados en estos meses por el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo. Con tres candidatos de lujo para ser el nuevo fiscal de Colombia, los prolongados tiempos en esa elección son caldo de suspicacias.
El gris panorama lo completa un Consejo de Estado que lleva años en la discusión de los que podrían ser sus dos procesos más polémicos: la demanda contra la reelección del procurador Alejandro Ordóñez y la que congeló la destitución e inhabilidad del exalcalde Gustavo Petro por el escándalo de las basuras en Bogotá. Más allá de las razones de las dilaciones, el hecho es que estas no le sirven a la imagen de la justicia, pero sí a los encartados: el exalcalde terminó su mandato en diciembre pasado y el Procurador está a punto de hacer lo propio, sin que la justicia haya dicho la última palabra.
Los magistrados, algunos de los cuales sin duda son los mejores hombres y mujeres del país, no pueden olvidar que hay una nación que espera de ellos decisiones y actuaciones como las que hicieron de la justicia, hasta hace pocos años, la institución más respetada por los colombianos. Es decir, aquellas en las que el interés común se impone sobre el particular, sin importar quién termine siendo afectado.
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