En la transición que está viviendo Colombia, con el fin de pasar de la guerra a la paz, la educación constituye uno de los retos más grandes para esta nueva etapa.
Cómo llegar a los lugares más afectados por el conflicto, cómo lograr que excombatientes y personas afectadas por la guerra decidan ir a las aulas de clase y cómo fortalecer el sistema educativo son algunos de los interrogantes que surgen.
Por tal razón, y desde el 2015, el país le está apostando a una educación de calidad y más incluyente, mediante la implementación de estrategias específicas.
La jornada única es una de esas. Actualmente beneficia a más de 500.000 estudiantes de 76 entidades territoriales y se pretende que de esta manera los niños estudien ocho horas diarias, puedan reforzar sus conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés, e inviertan su tiempo libre en actividades académicas y culturales.
Es una manera para que estudiantes de colegios oficiales tengan las mismas posibilidades de recibir educación completa y de calidad, como quienes asisten a colegios privados.
No todas las instituciones educativas cuentan con los recursos y la infraestructura adecuada para brindar a su comunidad un horario escolar extendido, precisamente por eso se está ejecutando el proyecto ‘Aulas por la paz’ que consiste en la construcción y renovación de 30.000 aulas y dos megacolegios, en Barranquilla y Buenaventura, para que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para recibir sus clases.
A la fecha hay terminadas 948 aulas, se están ejecutando 389 y faltan 40 por concluir.
“Toda política que implementamos nosotros está enfocada para ofrecer las mismas oportunidades a todos. Por eso tenemos jornada única para que los niños puedan estudiar más tiempo, el programa de nativos extranjeros para mejorar el inglés, entregamos textos de alta calidad a las instituciones educativas y estamos invirtiendo en la formación de nuestros docentes para generar más oportunidades en todo el país”, aseguró la ministra de Educación, Gina Parody.
Ofrecer educación gratuita desde preescolar hasta secundaria ha sido importante a la hora de combatir los altos índices de deserción escolar debido a la falta de recursos económicos de las familias para costear el estudio de sus hijos.
Sin embargo, y aunque algunos expertos reconocen y dan valor a estos proyectos que se están aplicando, coinciden en que hace falta fortalecer el sistema educativo para enfrentar todos los retos que trae consigo el fin de la guerra en Colombia.
Ricardo Delgado, docente investigador de la facultad de Educación de la Universidad Javeriana, considera que estas estrategias del Ministerio van orientadas a brindar educación como parte del proceso de reparación de víctimas y reconoce que es algo importante, pero además dice que “uno de los retos más grandes que tiene el país y el Ministerio es la vinculación y el reconocimiento de los jóvenes desmovilizados de los grupos armados que se van a vincular al sistema educativo y eso va a implicar un arduo trabajo para definir rutas y protocolos de acogida, recibimiento y seguimiento a estos jóvenes”, concluyó.
Por su parte, Germán Ayala, politólogo y docente de la Universidad Autónoma de Occidente afirma que “Colombia necesita transformarse culturalmente y la única manera de hacerlo es mediante la educación, transformando el modelo educativo, creando uno más incluyente y formando ciudadanía y personas para vivir en paz”.
Otra de las grandes apuestas es el programa de créditos condonables ‘Ser Pilo Paga’, en el que han invertido 4,3 billones de pesos permitiendo que más de 20.000 jóvenes de escasos recursos accedan a la educación superior.
Este programa, que beneficia a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 con los mejores puntajes en las pruebas Saber Pro 11, cubre no solo la matrícula sino que les otorga un auxilio para su sostenimiento.
Quienes deciden quedarse en su lugar de origen para iniciar sus estudios de pregrado reciben semestralmente un auxilio equivalente a un salario mínimo vigente. Mientras que los que viven en municipios o veredas cercanas a la ciudad donde van a estudiar reciben 1,5 salarios mínimos vigentes, por semestre.
Y quienes tuvieron que desplazarse desde su lugar de residencia hacia otra ciudad lejos de su núcleo familiar reciben cuatro salarios mínimos vigentes, que se dividen en dos consignaciones cada tres meses.
Además de trabajar en infraestructura y gratuidad, varios proyectos se han enfocado en capacitar a los docentes. Para este año se planea entregar 4.667 becas para que profesores de diferentes regiones del país con alto rendimiento académico cursen su maestría en educación y desarrollen un proyecto pedagógico aplicado a su comunidad educativa que permita mejorar la metodología y alcanzar buenos resultados en términos de calidad.
Los docentes de inglés tienen la posibilidad de asistir a campamentos en inglés nacionales e internacionales, mejorar su nivel y aportar a sus estudiantes.
De igual manera, y con el objetivo de mejorar el nivel de inglés del país, han llegado en lo que va del año 600 nativos extranjeros a reforzar la enseñanza de este idioma en los colegios públicos.
ANA MARÍA OCORÓ LOZADA
Especial para EL TIEMPO